Los arrestos del ex presidente Juan María Bordaberry (photo) y el ex canciller Juan Carlos Blanco constituyen un importante paso en la lucha contra la impunidad en el Uruguay, manifestaron hoy la CIJ y IELSUR.
La CIJ y el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay expresaron su satisfacción por la decisión judicial que ordenó los procesamientos con prisión por los crímenes cometidos el 20 de mayo de 1976 en Buenos Aires.
“Tras décadas de lucha contra la impunidad en Uruguay, estos arrestos significan una victoria del derecho internacional de los derechos humanos”, manifestaron representantes de ambas organizaciones. “Finalmente, la Ley de Caducidad, en la que se ampararon civiles y militares acusados de haber cometido graves violaciones de derechos humanos, ha mostrado no ser un obstáculo infranqueable para la plena vigencia del derecho a la justicia y a la verdad”.
Los arrestos fueron ordenados por el juez penal de 11° turno por los asesinatos de Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw y la desaparición de Manuel Liberoff. La causa por los asesinatos de Michelini y Gutiérrez Ruiz había sido incluida en la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado en 1989 por el entonces presidente Julio María Sanguinetti. El expediente fue desarchivado en 2002 por un pedido de la Fiscalía, que alegó que Bordaberry y Blanco no estaban comprendidos en la Ley por ser civiles. Tras una resolución desfavorable al procesamiento por considerar que los delitos habían prescrito, el Tribunal de Apelaciones en la Penal 2° turno resolvió ampliar el plazo de la prescripción debido a la gravedad de los hechos y la peligrosidad de los acusados y devolvió el caso al juez para que resuelva el procesamiento.
“Siempre hemos manifestado que la Ley de Caducidad es violatoria del derecho internacional de los derecho humanos, toda vez que impide juzgar y castigar a los responsables de los graves crímenes cometidos en el Uruguay”, subrayaron ambas organizaciones. “Esperamos que estos arrestos se transformen en el primer paso hacia la derogación de la Ley de Caducidad con el fin de que se investiguen y enjuicien a todos los responsables por las violaciones de derechos humanos cometidas en el Uruguay conforme con las obligaciones internacionales del país en materia de derechos humanos y combate contra la impunidad.”
Uruguay-arrests impunity-press release-2006 (text, PDF)