Nov 22, 2017 | News
On 22 November, the ICJ, in collaboration with the Legal Research and Development Center under Chiang Mai University’s Faculty of Law, held a roundtable discussion on “Human Rights Litigation concerning the Special Economic Zones in Myanmar and Thailand”.
The objective of the discussion, held on campus at Chiang Mai University, was to identify legal issues and to share experiences regarding strategic litigation and advocacy strategies concerning human rights violations associated with the development of Special Economic Zones (SEZs) in Thailand and Myanmar.
In recent years, both the Thai and Myanmar governments have been trying to attract foreign direct investment into their countries by demarcating specific areas where special regulations concerning, inter alia, public administration, the environment, land or labour rights might be applied.
Proponents of SEZs tend to link their development with jobs and economic growth, however, there is generally limited publicly available information about their economic or public purpose rationale.
The development of SEZs, which requires a lot of land, can undermine the protection of human rights and the rule of law by creating governance structures and permitting processes less stringent than that required under national and international law.
Participants at the discussion included postgraduate students and lecturers from Chiang Mai University’s Faculty of Law, lawyers and representatives from Thai civil society organisations.
The ICJ shared with participants its report analysing the legal framework of SEZs in Myanmar and human rights concerns arising from a case study of Kyauk Phyu SEZ, ‘Special Economic Zones in Myanmar and the State Duty to Protect Human Rights’, during the discussion.
The speakers at the discussion were:
· Sean Bain, ICJ International Legal Advisor, Myanmar
· Sumitchai Hattasan, Director, Center for Protection and Revival of Local Community Rights
· Supaporn Malailoy, EEC Watch, Human Rights and Environmental Lawyer
Nov 21, 2017 | Artículos, Noticias
El Comisionado de la CIJ Belisario Dos Santos y el ex magistrado de la Corte Constitucional de Colombia Jaime Araujo visitaron el país, con el objeto de presentar las principales conclusiones del Informe de la CIJ sobre los desafíos que abogado-a-s enfrentan.
Los dos abogados, acompañados del Director de la CIJ para Centroamérica Ramón Cadena (foto de la primera misión), pudieron entrevistarse con el Presidente del Colegio de Abogados, con el Presidente del Tribunal de Honor de dicho colegio, con el Procurador de Derechos Humanos y con el diputado Leocadio Juracán, Sub Jefe de la Bancada Convergencia del Congreso de la República y miembro de la Comisión de Derechos Humanos.
La CIJ agradece la apertura de dichos representantes de los órganos máximos del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, así como la del Procurador de Derechos Humanos y la del diputado del Congreso de la República.
Dichas conversaciones enriquecieron aún más, los puntos críticos que se presentan a continuación.
La CIJ, en sus actividades relativas a su mandato, se encarga de velar porque el Derecho Interno se adecúe y respete las normas y principios del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
En otras palabras, en el caso de Guatemala, la CIJ lleva a cabo actividades para supervisar que el Estado cumpla con respetar los estándares internacionales en materia de derechos humanos.
La Carta de Naciones Unidas, constituye la base del estado de derecho en el plano internacional.
Además están todas la convenciones y tratados, declaraciones y principios que la Comunidad Internacional ha aprobado, desde que se conformó la Organización de las Naciones Unidas.
Guatemala-Segunda Misión Beli-News-web stories-2017-SPA (texto completo, en PDF)
Nov 20, 2017 | Advocacy
The ICJ, with 35 other human rights organizations, today called on members and observers of the UN Human Rights Council to convene a special session on the deteriorating human rights situation in Myanmar.
In open letter to member and observer States of the Human Rights Council, delegations are urged to support holding a special session of the Council against the backdrop of serious reports of human rights violations, including crimes against humanity, committed by Myanmar security forces in northern Rakhine state.
The letter also sets out key elements that should be included in the text of a resolution adopted by the Human Rights Council at such a session, considering action that should be taken by the Government of Myanmar, as well as by neighbouring and other States and by human rights mechanisms.
The ICJ on the same day released a briefing note, entitled Questions & Answers on Human Rights Law in Rakhine State, clarifying national and international law and standards applicable to the crisis.
Myanmar Joint Civil Society Letter 20 November 2017 (download open letter in PDF format)
For a copy of the ICJ’s Q&A briefing, go to ‘Myanmar: rule of law must drive responses to Rohingya crisis’
Nov 17, 2017 | News
Today, the International Bar Association’s Human Rights Institute (IBAHRI) and the ICJ held a side event in the framework of the OSCE’s Supplementary Human Dimension Meeting (SHDM) on Access to Justice in Vienna.
The event aimed to give an overview of current challenges and key organizational and procedural barriers faced by lawyers in Kazakhstan, in the light of international standards on the independence and role of lawyers.
At the event, lawyers from Kazakhstan as well as international experts discussed what guarantees should be ensured in the planned reform of the legal profession to guarantee professional autonomy and to strengthen the independence of lawyers.
Any undue interference with the independence of the current Bar Association in Kazakhstan would be contrary to international law and standards and would have a significant negative effect not only for Kazakhstan’s justice system but also for the wider Central Asia region.
Nov 16, 2017 | Artículos, Noticias
Communicado de la CIJ, ante la visita de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Sr. Zeid Ra´ad Al Hussein a Guatemala.
La CIJ expresó:
1. El país se encuentra en una de las más graves crisis institucionales que se han presentado en la época post-conflicto armado interno. Desde el 27 de agosto, cuando el Presidente de la República declaró persona non grata al Comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG), quedó evidenciado que el Organismo Ejecutivo, al más alto nivel, iniciaba una serie de actos arbitrarios, para afectar el desenvolvimiento de este organismo de las Naciones Unidas.
2. Por su parte, el Congreso de la República, inició la implementación de una “Agenda Legislativa a favor de la Impunidad”, por medio de la aprobación de una ley de reformas al Código Penal, que luego, ante el rechazo generalizado de la población guatemalteca, tuvo que dar marcha atrás.
3. En las últimas semanas, el Congreso de la República, en forma abierta, ha evidenciado que la “Agenda Legislativa a favor de la Impunidad” tiene como pilares fundamentales: a) Facilitar la corrupción por medio de iniciativas tales como eliminar la constancia de “finiquito” o constancia de haber cumplido con todas las normas relativas a la transparencia, para quienes quieran optar al cargo público de diputado o diputada; b) Consagrar la Impunidad en casos de Justicia Transicional a favor de militares acusados de graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno, por medio del otorgamiento de una “amnistía general”, y reformas a la Ley de Reconciliación Nacional; c) Reprimir a quienes ejercen el derecho a la resistencia pacífica, así como afectar el normal funcionamiento de las Organizaciones No Gubernamentales, por medio de leyes, que permitirán establecer mayores controles al funcionamiento de las ONGs y desarrollar aún más, la persecución a dirigentes comunitarios, por medio de la Ley contra actos terroristas.
4. Mientras tanto, las y los jueces independientes y honestos del Poder Judicial, continúan sufriendo campañas de difamación, recusaciones infundadas para ser apartados de los casos de alto impacto que conocen; litigio de mala fe por parte de abogados y abogadas que defienden a funcionarios públicos en casos de corrupción que se ventilan en su contra; ataques por medio de medidas disciplinarias y hasta ataques fìsicos.
5. La CIJ ha podido constatar que el Sistema de Justicia tiene grandes retos que debe superar; sin embargo, para ello es necesario que se impulsen reformas que lo fortalezcan. Esas reformas se vuelven casi imposibles, cuando están en manos de funcionarios acusados de cometer delitos o actos de corrupción. Un claro ejemplo, lo constituye la figura jurídica del antejuicio, que según las reformas constitucionales debería desaparecer para el caso de muchos funcionarios públicos. Sin embargo, precisamente fue el Congreso de la República, quien rechazó esta reforma en forma tajante.
6. El próximo año 2018 se iniciará con la crucial elección de Fiscal General. Como lo expresara la CIJ en su comunicado del mes de febrero del presente año, la existencia de un pacto de impunidad, hacía prever acciones concretas en contra de la CICIG y su representante en el futuro inmediato.
7. LA CIJ considera que si en dicha elección el crimen organizado toma el control de esta institución, significará que las estructuras criminales habrán consolidado el Pacto de Impunidad que pretenden implementar, para lograr que los casos de alto impacto que hoy se ventilan ante los tribunales de justicia, se vean seriamente afectados, incluso con la liberación de las personas que se encuentran guardando prisión.
8. En lo que respecta a la obligación del Estado de Guatemala de respetar los derechos humanos de las personas, la CIJ considera que la visita del señor Al Hussein se lleva a cabo en un clima de inseguridad y ataques contra defensores y defensoras de derechos humanos, contra los Pueblos Indígenas y campesinos pobres de Guatemala, imperando acciones estatales de racismo, exclusión y discriminación.
Ante esta crisis institucional, que afecta a los tres organismos del Estado y a la sociedad guatemalteca en su conjunto, Ramón Cadena, Director de la Comisión Internacional de Juristas para Centroamérica expresó:
“La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), debe asumir en esta visita, la posición más contundente posible, para obtener de las autoridades del Estado de Guatemala, compromisos concretos, viables y verificables, para construir un verdadero Estado de Derecho, en el que se respeten los derechos humanos de todos los pueblos.”
Guatemala, 16 de noviembre de 2017
