Jul 12, 2017 | Incidencia
El abogado Carlos Ayala, miembro del comité ejecutivo de la CIJ analiza la constitucionalidad de esta asamblea y concluye que tanto la convocatoria como las Bases Comiciales de la ANC “configuran un fraude a la Constitución y una usurpación a la soberanía popular.
El 1 de mayo de 2017 el presidente Nicolás Maduro convocó una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) mediante el Decreto No. 2.830.
Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral, aprobó la convocatoria e informó que el 30 de julio se realizarán los comicios para elegir a los constituyentistas.
Carlos Ayala concluye también que la ANC y la convocatoria violan los principios de la universalidad y la igualdad del sufragio”.
A continuación el texto completo:
Venezuela-ANC paper-Advocacy-Analysis brief-2017-SPA (en PDF)
Apr 6, 2016 | Incidencia
La CIJ e otras organizaciones de derechos humanos llaman a la adopción de una ley general contra la tortura que cumpla con los estándares internacionales.
La CIJ se une a varias ONG internacionales para pedir al Presidente del Senado de Mexico que redoble sus esfuerzos para evitar que en la nueva Ley general para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar la Tortura se diluyan los principios y estándares previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales ratificados por México en materia de derechos humanos, haciendo valer su rol de garante de la observancia y respeto de la legalidad y el derecho internacional de los derechos humanos.
El proyecto de Ley está actualmente en discusión y en consulta publica.
Mexico-Ley contra la tortura-Advocacy-Open letters-2016-SPA (Carta abierta, en PDF)
Mar 23, 2016 | Incidencia
Declaración oral ante el Consejo de Derechos Humanos.
“La Comisión Internacional de Juristas quiere referirse al informe del Alto Comisionado sobre Colombia. Pese a los avances en las negociaciones de paz entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), creando nuevas instituciones y mecanismos, seguimos preocupados sobre las garantías a los derechos a la justicia y a la verdad de las víctimas y la posibilidad que se consagre la impunidad. Los acuerdos estipulan que las informaciones recabadas por la Comisión de la Verdad y la Unidad Especial de Búsqueda de Personas Desaparecidas, no podrán ser entregadas a la Jurisdicción Especial para la Paz, ni ésta podrá requerirlas. Ello es contrario a los estándares internacionales en la materia y en particular los Principios actualizados para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad.
Asimismo, el llamado procedimiento de “contraste” establecido para la Jurisdicción Especial para la Paz, para aquellos que tempranamente reconozcan sus crímenes y responsabilidad, no garantiza la realización de investigaciones exhaustivas ni tampoco una participación activa de las víctimas en los procedimientos, socavando sus derechos a un recurso efectivo, a la justicia y a la verdad. Igualmente, los lineamientos sobre la aplicación de la Jurisdicción Especial para la Paz a los agentes del Estado, dado a conocer por el Gobierno en diciembre de 2015, estaría socavando el principio de responsabilidad penal del superior jerárquico.
Mi organización ve con profunda preocupación que la cuestión de las garantías de no repetición, esencial para la justicia de transición, no haya sido considerada durante la negociación. Las reformas institucionales relativas a la separación de la Policía Nacional del Ministerio de Defensa, la desmilitarización de los cuerpos de seguridad del Estado, la depuración administrativa de la Fuerza Pública y la revisión de la doctrina militar – típicas medidas de garantías de no repetición –están ausentes en este proceso de negociación.
La Comisión Internacional de Juristas exhorta al Gobierno y a las FARC a garantizar plenamente en el Acuerdo Final, y en la legislación que lo implementará, los derechos a la justicia y a la verdad de las víctimas y a excluir toda modalidad de impunidad, de conformidad con el Derecho internacional.”
Declaración leída por: Sr Carlos López
Dec 10, 2015 | Incidencia
Esta información fue enviada para la sesión 71 del Comité, en enero 2016.
El informe de la CIJ busca brindar al Comité información complementaria sobre el cumplimiento por parte del Perú de sus obligaciones en virtud del artículo 3, párrafo 4, del Protocolo Facultativo sobre la Venta de Niños, la Prostitución infantil y el uso de niños en la pornografía, en relación a la responsabilidad legal de la persona jurídica o moral en el ordenamiento legal peruano.
El informe se centra únicamente en la falta de cumplimiento por el Estado parte de sus obligaciones en virtud del artículo 3, párrafo 4, del PFVN relativo a la responsabilidad penal, civil o administrativa de las personas jurídicas o morales en la legislación peruana.
El informe incluye posibles recomendaciones acerca de las medidas que el Perú debería tomar con el fin de cumplir plena y eficazmente sus obligaciones en virtud del PFVN.
Peru-CRC OPSC Submission-Advocacy-Legal submission-2015-SPA (full text in PDF)
Nov 25, 2015 | Incidencia
AI y la CIJ apoyan la propuesta de creación de una Comisión Bicameral de la Verdad, la Memoria, la Justicia, la Reparación y el Fortalecimiento de las Instituciones de la Democracia en el país.
Esta comisión tratará de identificaciar las complicidades económicas y financieras en relación con violaciones de los derechos humanos y crímenes de derecho internacional cometidas durante la última dictadura militar, entre 1976 y 1983.
El trabajo de esta Comisión puede ser una contribución muy importante a la obtención de la verdad, justicia y reparación para las víctimas de la dictadura y sus cómplices económicos.
Sin embargo, esta iniciativa no debe reemplazar ni dilatar la actividad de la justicia ordinaria.
Argentina-Declaracion conjunta AI ICJ Complicidad economica-Advocacy-2015-SPA (en PDF)
Aug 26, 2015 | Incidencia
Hoy, la CIJ y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) presentaron a un Amicus Curiae ante la Corte Constitucional de Colombia, sobre una reforma constitucional (Acto Legislativo 01 de 25 de junio 2015, “Por el cual se reforma el artículo 221 de la Constitución Política de Colombia”).
Esta reforma constitucional pretende ampliar de forma exhorbitante el ámbito de competencia de la jurisdicción penal militar y niega los principios de complementariedad entre el Derecho internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario y de la doble protección del ser humano bajo estas dos ramas del Derecho Internacional en las situaciones de conflicto armado.
La reforma constitucional fue demandada ante la Corte Constitucional por la Comisión Colombia de Juristas, varias Organizaciones No Gubernamentales de Derechos Humanos y asociaciones de víctimas de violaciones a los derechos humanos de Colombia.
Colombia-AmicusCuriaeCIJOMCT-Advocacy-Legal submission-2015-SPA (texto íntegro en PDF)
