Jan 20, 2012 | Comunicados de prensa, Noticias
En Mayo de 2010, España llamaba la atención del mundo cuando el Tribunal Supremo suspendía de sus funciones como consecuencia de la investigación abierta por prevaricación al Juez Baltasar Garzón.
Spain-trial judge Garzón-press release-2012-SPA (en PDF)
Jun 28, 2010 | Comunicados de prensa, Noticias
The ICJ expresses its concern for the independence of the judiciary in relation to the process of electing the new Fiscal General in Guatemala.
La CIJ ante el proceso de elección de Fiscal General expresa:
- La renuncia del Dr. Carlos Castresana como Comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG), acompañada de información acerca de la grave crisis por la que atraviesa el Sistema de Justicia conmocionó a la sociedad guatemalteca y proporcionó los elementos para que se anulara el proceso de elección de Fiscal General. Guatemala tiene una nueva oportunidad de llevar adelante un proceso de elección que permita contar con un Fiscal General independiente, que fortalezca el Estado de Derecho.
- La resolución de la Corte de Constitucionalidad del 10 de junio pasado que anula el proceso para designar la nómina de postulantes al cargo de Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público, constituye un instrumento importante para rescatar la independencia judicial en Guatemala y allanar el camino para salir de la crisis. Con dicha resolución la Corte de Constitucionalidad rescata el orden constitucional afectado por una elección seriamente viciada por la propia Comisión de Postulación.
- En anteriores ocasiones la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) ha expresado que los miembros de la Comisión de Postulación no actúan a título personal, sino que lo hacen en representación de tres sectores claves en la elección: el académico por medio de las facultades de derecho; el sector justicia por medio del Presidente de la Corte Suprema de Justicia y el sector profesional, por medio del Presidente del Colegio de Abogados y del Presidente del Tribunal de Honor.
- Si bien ya son diez miembros que han atendido el llamado de la Corte de Constitucionalidad a inhibirse al día de hoy, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia y el Presidente del Colegio de Abogados se resisten a hacerlo, aferrándose a participar en dicha comisión, a pesar de que la Corte ha expresado que su presencia en dicha comisión no ofrece confianza a la ciudadanía.
Por lo expuesto, la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) recomienda:
- A los rectores de las universidades privadas del país, a que velen porque se lleve a cabo el nombramiento de personas idóneas como decanos de las facultades de derecho, con el objeto de conducir el proceso de elección de Fiscal General.
- A los rectores de las universidades privadas del país, a que velen porque las funciones de los nuevos decanos se lleven a cabo con absoluta independencia, en representación de dichas casas de estudio y sin permitir influencias de sectores ajenos a las mismas. Para evitar cuestionamientos, los rectores deberán llevar a cabo los nombramientos de decanos con absoluto apego a la ley y de conformidad con sus estatutos y procedimientos internos, tal como fue ordenado por la Corte de Constitucionalidad.
- A la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos, a que nombre a la persona que ha de sustituir al actual decano, de conformidad con los estatutos que rigen a dicha casa de estudios.
- Al Presidente de la Corte Suprema de Justicia a que se inhiba de seguir representando a dicha Corte ante la Comisión del Postulación.
- Asimismo urge al Presidente del Colegio de Abogados a que se inhiba, para dar cumplimiento a la resolución del 10 de junio de la Corte de Constitucionalidad.
Por último, la Comisión Internacional de Juristas desea expresar su absoluto apoyo a la función que el Dr. Carlos Castresana desarrolló al frente de la CICIG en la lucha contra la impunidad. En ese sentido, la CIJ considera que sería importante que la Organización de Naciones Unidas, nombre a una persona que tenga un perfil similar al del Dr. Castresana y que busque la formas de mantener al Dr. Castresana vinculado a la CICIG, para aprovechar el conocimiento y la experiencia del Dr. Castresana en la lucha contra la impunidad en el país.
Ginebra, Suiza junio 2010
Para mayor información sírvase contactar a Ramón Cadena Rámila, Director de la Comisión Internacional de Juristas para Centro América, al 23353325- 23352918.
May 26, 2010 | Comunicados de prensa, Noticias
Despidos de jueces por la democracia por haber ejercido sus legítimos derechos de participación ciudadana frente a un Golpe de Estado son inaceptables, dice la CIJ.
La CIJ, frente al despido por parte de la Corte Suprema de Justicia de los jueces RAMÓN ENRIQUE BARRIOS, LUIS ALONZO CHEVEZ DE LA ROCHA, GUILLERMO LÓPEZ LONE, del defensor público OSMÁN FAJARDO MOREL y de la Magistrada THIRZA DEL CARMEN FLORES LANZA, todos miembros de la ASOCIACIÓN DE JUECES POR LA DEMOCRACIA, a la opinión pública nacional e internacional expresa:
- Su profunda preocupación porque dichos despidos se enmarcan en un contexto de intimidación y persecución en contra de aquellos funcionarios judiciales que han asumido una posición apegada a los valores constitucionales y han participado en actividades en contra del Golpe de Estado implementado el año pasado.
- En general, a partir de dicho rompimiento del orden constitucional, la falta de independencia de instituciones como la Corte Suprema de Justicia que son un pilar fundamental del Estado de Derecho, se ha traducido en falta de disponibilidad o incapacidad para proteger los derechos humanos y en el debilitamiento de las instituciones del sector justicia. El restablecimiento de la legitimidad de esas instituciones constituye un reto grave y despidos como los mencionados con anterioridad, únicamente demuestran que dicho restablecimiento está aún lejos de ser una realidad.
- La CIJ considera que someter a jueces y magistrados a procesos disciplinarios o destituciones por haber ejercido su legítimo derecho de participación ciudadana frente a un Golpe de Estado, constituye una injerencia indebida en la función jurisdiccional. Asimismo, considera que es inaceptable que precisamente personas encargadas de administrar justicia estén siendo despedidas por defender las instituciones democráticas.
- En este contexto, es importante destacar el principio 18 de los Principios básicos de Naciones Unidas relativos a la independencia de la judicatura que dice lo siguiente: “Los jueces sólo podrán ser suspendidos o separados de sus cargos por incapacidad o comportamiento que los inhabilite para seguir desempeñando sus funciones.”
- En consecuencia, la CIJ solicita a las autoridades hondureñas que hagan prevalecer el principio de independencia judicial y la obligación internacional de respetarla y se garantice que las personas mencionadas y otros operadores de justicia no sean objeto de sanciones disciplinarias y despidos en virtud de haberse opuesto al Golpe de Estado y que las cinco personas identificadas sean reinstaladas en sus puestos de trabajo a la mayor brevedad posible.
- Asimismo, la CIJ solicita al Estado hondureño para que a través de la Corte Suprema de Justicia cumpla fielmente con lo estipulado en la Constitución de la República y en los tratados internacionales en materia de independencia judicial. La CIJ recuerda que el Estado de Honduras tiene obligación de establecer un sistema de justicia compuesto por jueces, magistrados y en general operadores de justicia independientes e imparciales. En caso de no hacerlo, podría comprometer su responsabilidad internacional ante los sistemas de protección de derechos humanos.
May 21, 2010 | Comunicados de prensa, Noticias
La CIJ ante los últimos acontecimientos en torno al proceso de elección a Fiscal General que se lleva a cabo en la ciudad de Guatemala expresa:
- En Guatemala existe una grave situación de impunidad, tal y como ha sido expresado en múltiples ocasiones por la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG) y en otros informes de organizaciones de derechos humanos. Esta situación de impunidad es causada, entre otros aspectos, por los altos índices de violencia y la poca efectividad en la persecución penal.
- Los fiscales desempeñan una función crucial en la administración de justicia y en la lucha contra la impunidad. El respeto de los derechos humanos y la existencia de un Estado de Derecho presuponen una autoridad acusatoria fuerte a cargo de investigar y acusar los delitos con independencia e imparcialidad. Dentro de la institución acusatoria, cada fiscal debe estar facultado para cumplir sus obligaciones profesionales de una manera independiente, imparcial y objetiva. El Estado de Guatemala debe asegurar que los fiscales puedan desarrollar sus funciones sin interferencia y debe protegerlos mediante un sistema efectivo y transparente.
- Tras la instalación de la Comisión de Postulación para la selección de la nómina de 6 candidatos a Fiscal General y Jefe del Ministerio Público, la Comisión Internacional de Juristas, así como otras organizaciones de derechos humanos de la sociedad civil y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), señalaron en distintos momentos del referido proceso los vicios y anomalías que éste presentaba. Por ejemplo, la Comisión de Postulación no revisó la tabla de gradación tal y como le fue solicitado por la sociedad civil; la Comisión de Postulación en pleno no otorgó el punteo correspondiente, sino que lo hizo dividiéndose en ternas contraviniendo el artículo 22 de la Ley de Comisiones de Postulación; la Comisión de Postulación no deliberó sobre la reconocida honorabilidad de cada candidato.
- La Convergencia Ampliada de Derechos Humanos y otras organizaciones de derechos humanos denunciaron la existencia de un “pacto de impunidad”. Al día de hoy, el proceso sigue seriamente cuestionado y el Presidente de la República no ha podido elegir al nuevo Fiscal General.
- Ante esta situación, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala ordenó a la Comisión de Postulación que cumpliera con lo establecido en la Ley de Comisiones de Postulación y en la Constitución Política de la República de Guatemala. En este sentido, la CIJ valora la actitud de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala y condena los hechos de presión e intimidación que se han venido dando recientemente en contra de los magistrados de dicha corte.
- La Comisión de Postulación tuvo una segunda oportunidad de corregir los vicios en que incurrió la primera vez. Sin embargo, en una actitud de cumplir con los requisitos de forma y desatender el fondo, ratificó la nómina de 6 candidatos. La Comisión nuevamente incurrió en vicios de fondo en el procedimiento. Por ejemplo, cada miembro de la Comisión de Postulación se limitó a dar su opinión personal sobre la reconocida honorabilidad de cada candidato pero la Comisión no indagó, estudió, recopiló datos, ni se refirió a pruebas al analizar dicha característica, para garantizar una lista de personas elegibles probas, rectas e intachables tal y como lo manda la Ley de Comisiones de Postulación y la Constitución. Por otro lado, omitió excluir a los aspirantes que no llenaban todos los requisitos, antes de llevar a cabo la votación final; aún peor, algunos de los candidatos electos no tenían unanimidad de votos positivos a favor de su reconocida honorabilidad.
- La CIJ considera que el Estado de Guatemala tiene la obligación internacional de establecer un sistema de justicia compuesto por jueces, magistrados, fiscales y defensores públicos independientes e imparciales. En caso de no hacerlo, podría comprometer su responsabilidad internacional ante los sistemas de protección de derechos humanos. Igual obligación existe a nivel constitucional.
- La grave situación por la que atraviesa el Sistema de Justicia en Guatemala demanda de las autoridades un esfuerzo máximo que permita que sus instituciones sean independientes e imparciales. La CICIG se encuentra en el país precisamente para lograr tal objetivo. Por tal razón, la Comisión Internacional de Juristas apoya los importantes esfuerzos que viene realizando la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG) para el fortalecimiento de la administración de justicia en Guatemala y la lucha en contra de los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad.
- La CIJ valora la actitud del Presidente de la República de respetar las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad, en el sentido de no elegir al Fiscal General hasta que todas las acciones y recursos legales hayan sido resueltos. Por otro lado, la actitud del Presidente de la República ha permitido impulsar en lo que a él respecta, un proceso que garantice la continuidad de la auditoria social y la publicidad, como principios rectores del mismo. La CIJ espera que el Presidente de la República mantenga esta actitud hasta el final del proceso.
Para mayor información sírvase contactar a Ramón Cadena Rámila, Director de la Comisión Internacional de Juristas para Centro América, al 23353325- 23352918.
Guatemala-election Fiscal General2-press release-2010-spa
Mar 26, 2010 | Comunicados de prensa, Noticias
Entre los días 22 y 26 de marzo la CIJ llevó a cabo una misión de alto nivel en Guatemala con el fin de observar el proceso de elección de Fiscal General. Durante la visita, la delegación de la CIJ mantuvo reuniones con los distintos actores involucrados en el proceso y con organizaciones de la sociedad civil enfocadas hacia la administración de justicia, en las que intercambió impresiones con sus interlocutores y procuró dar difusión a los estándares internacionales contenidos en las Directrices de Naciones Unidas sobre la función de los fiscales aprobadas por consenso por la Asamblea General, específicamente lo relativo al numeral primero que establece que “las personas designadas como fiscales serán personas probas e idóneas, con formación y calificaciones adecuadas”.
Guatemala-election Fiscal General-press release-2010-spa
Feb 5, 2009 | Comunicados de prensa, Noticias
La CIJ expresa su más enérgica condena y repudio frente al atentado contra la Fiscal de la Nación, Dra. Gladis Echaíz.
La CIJ hace un llamado urgente a las autoridades peruanas para que se investiguen exhaustivamente los hechos y para que los responsables sean llevados ante la justicia.
“El ataque contra la Fiscal de la Nación constituye un hecho de suma gravedad y una amenaza al estado de derecho en el Perú“ manifestó la CIJ. “Instamos a las autoridades a llevar a cabo las investigaciones necesarias de manera independiente, imparcial y exhaustiva, así como a llevar ante un tribunal independiente e imparcial a los presuntos responsables de este ataque“.
De acuerdo con la información recibida por la CIJ, el vehículo de la Fiscal Echaíz recibió disparos de armas de fuego el pasado 31 de enero en horas de la noche. Afortunadamente, la Fiscal resultó ilesa. Tras el ataque, los individuos escaparon y no han sido identificados.
Además de las investigaciones pertinentes, la CIJ hace un llamado a las autoridades peruanas para que garanticen la integridad personal de la Fiscal de la Nación y a que adopten las medidas necesarias para que pueda desempeñar sus funciones profesionales libremente.
Eswatini: In the face of ongoing repression of the legal profession, lawyers raise concerns with UN Special Rapporteur on the Independence of Judges and Lawyers
Lebanon: the criminal justice system must not be used to intimidate and harass journalists
Tanzania: Joint statement condemning violent crackdown, malicious arrest, and treason charges against Tundu Lissu