Sep 1, 2008 | Comunicados de prensa, Noticias
Una misión de la CIJ inicia una visita destinada a difundir los estándares internacionales relativos a la independencia de la judicatura de cara al proceso de elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Durante toda la semana, la misión mantendrá reuniones con los distintos entes proponentes que conforman la Junta Nominadora, autoridades relevantes y organizaciones de la sociedad civil. De crucial importancia serán las reuniones a mantener con los miembros del Congreso, encargados de la elección final, y con magistrados de la Corte Suprema en funciones.
La visita se enmarca dentro de los esfuerzos que la CIJ lleva a cabo en distintos países para acompañar los procesos destinados a escoger jueces y magistrados con el fin de garantizar su capacidad, honestidad e independencia.
La misión está integrada por Jaime Araújo Rentería, Magistrado de la Corte Constitucional de Colombia; la Profesora Mónica Pinto, Vice-Presidenta del Instituto Interamericano de Derechos Humanos; Ramón Cadena, Director de la Oficina de la CIJ en Centroamérica; y José Zeitune, Consejero Jurídico para Latinoamérica de la CIJ.
La CIJ (icj2.wpengine.com) fue fundada en Berlín en 1952 y está compuesta por sesenta eminentes juristas que representan los diferentes sistemas jurídicos del mundo. La CIJ dedica sus esfuerzos a garantizar la primacía, la coherencia y la puesta en práctica del Derecho Internacional, así como de los principios que promueven los derechos humanos. El Secretariado internacional, con sede en Ginebra, se encarga de llevar a cabo los propósitos y objetivos de la CIJ y, para esta labor, cuenta con una red de secciones nacionales autónomas y de organizaciones afiliadas en todos los continentes.
El viernes 5 de septiembre, último día de la visita, se brindará una conferencia de prensa para exponer las conclusiones de la visita.
Jul 10, 2008 | Comunicados de prensa, Noticias
Una misión de expertos nacionales e internacionales visitó la ciudad de Oaxaca para recabar información sobre la administración de justicia en el estado, con especial atención a la independencia del Poder Judicial.
Con base en la información recibida con anterioridad a la visita y durante ella se concluye preliminarmente que existen condiciones estructurales y prácticas que ponen seriamente en riesgo que el poder judicial ejerza sus funciones de manera independiente.”
“En suma, DPLF, la CIJ y Fundar observan con preocupación que en Oaxaca persisten serias deficiencias en la organización y el funcionamiento del sistema judicial. Estas deficiencias obedecen tanto a normativa inadecuada como a ciertas prácticas que impiden la prestación del servicio de justicia. Las organizaciones que participaron en la misión exhortan al Estado oaxaqueño a reformar aquellas prácticas y regulaciones incompatibles con los estándares internacionales antes mencionados. Lamentablemente, de manera preliminar, la misión observa que muchos de ellos no están siendo respetados en Oaxaca.”
Mexico-Oaxaca mission-press release-2008 (en PDF)
May 7, 2008 | Comunicados de prensa, Noticias
En el marco de una visita a la región, la CIJ firmó un convenio de cooperación con el Consejo de Ministerios Públicos Centroamericano.
El convenio tiene como objeto estrechar lazos entre ambas instituciones con el fin de reforzar la protección y promoción de los derechos humanos.
El Convenio fue firmado por Juan Florido Solís (photo), Fiscal General de Guatemala y actual Presidente del Consejo de Ministerios Públicos Centroamericano, y Wilder Tayler, Secretario General Adjunto de la CIJ.
El Convenio es el resultado de un proceso de diálogo abierto con el Fiscal General de Guatemala en 2005, cuando la CIJ visitó el país en varias oportunidades con el fin de evaluar la situación de la administración de justicia. En el informe que siguió a las visitas, la CIJ identificó como una tarea pendiente la plena vigencia de las normas y principios del derecho internacional de los derechos humanos en las tareas del Ministerio Público, y comunicó al Sr. Fiscal General su disposición a contribuir a la superación de esta situación.
En el Convenio las partes se comprometen a realizar una serie de acciones conjuntas para mejorar la labor de los fiscales centroamericanos, en particular en lo que se refiere a la aplicación del derecho internacional y a la persecución de graves violaciones de derechos humanos. Así, se planean una serie de actividades de capacitación, que se coordinarán con las respectivas unidades de capacitación de los Ministerios Públicos, con especial énfasis en el rol de una fiscalía autónoma y el combate contra la impunidad. Los Ministerios Públicos, por su parte, se comprometen a facilitar la participación de los fiscales en dichas actividades y a invocar y fundamentar sus casos y políticas de persecución penal en el derecho internacional de los derechos humanos.
La firma del mencionado Convenio se enmarca dentro de una visita de una delegación de la CIJ a Guatemala, Nicaragua y Honduras. En los diferentes países la CIJ mantendrá reuniones con funcionarios públicos y organizaciones de la sociedad civil.
En 2007, la CIJ instaló una oficina en Guatemala, que cubre toda la región, con el fin de contribuir al fortalecimiento de la administración de justicia, la lucha contra la impunidad y difundir el contenido del derecho internacional de los derechos humanos.
Mar 4, 2008 | Comunicados de prensa, Noticias
La reciente sanción por parte del Congreso de Guatemala de una ley que pretende regular el recurso de gracia presidencial en casos de pena de muerte, pone fin a la moratoria de facto que rigió durante los últimos años.
La CIJ expresa su más honda preocupación frente al retroceso que esta decisión representa e insta al Presidente de la República a vetar la mencionada ley.
“Cuando la tendencia mundial es claramente favorable a la restricción y eliminación de la pena de muerte, el Congreso de Guatemala manifiesta exactamente lo contrario, mediante la sanción de una ley que permite volver a ejecutar condenados”, manifestó Ramón Cadena, Director de la Oficina de la CIJ en Centroamérica . “Nos sumamos a la preocupación expresada por organizaciones locales y la comunidad internacional frente a este grave retroceso”.
El pasado 12 de febrero, el Congreso de Guatemala sancionó el Decreto 6-2008, el cual adolece de graves defectos.
En primer lugar, el decreto no contempla el ente gubernamental ante el cual se debe realizar o presentar la petición para que ésta llegue al Presidente de la República, disposición que afecta el derecho de defensa del condenado.
Por otro lado, el hecho de contemplar en el artículo 8º la figura de denegación tácita o “silencio administrativo” frente a la petición del condenado, tergiversa totalmente la naturaleza del recurso de gracia y viola el artículo 28 de la Constitución Política de la República de Guatemala y el artículo 4.6 del Pacto de San José, que establece que la pena de muerte es inaplicable mientras el ente encargado de conocer y resolver no haya dictado una resolución del recurso.
“La oposición a la pena de muerte constituye uno de nuestros principios rectores y nuestros mayores esfuerzos están dedicados a su completa abolición,” manifestó el Sr. Cadena. “Hacemos un llamado al Presidente Colom para que use su facultad constitucional de vetar la reciente ley del Congreso y sumar así a Guatemala a los países que responden a la criminalidad con políticas públicas de prevención, seguridad y una justicia eficiente.”
Guatemala-death penalty-press release-2008 (full text, PDF)
Jan 26, 2007 | Comunicados de prensa, Noticias
La CIJ instó hoy a la Asamblea Nacional a realizar los nombramientos para las tres vacantes en la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público exclusivamente con base en la idoneidad de los candidatos y dejando de lado toda afiliación política.
En una carta dirigida al Presidente de la Asamblea Nacional y a los Jefes de Bancada de las distintas fuerzas políticas, la CIJ recordó a los parlamentarios la necesidad de cumplir con los estándares internacionales relativos a la administración de justicia.
“La Corte Suprema y el Ministerio Público juegan un rol fundamental en la administración de justicia nicaragüense como protectores del estado de derecho y los derechos humanos”, manifestó la CIJ. “Por ello, instamos a los parlamentarios a aprovechar la oportunidad para fortalecer su independencia mediante el nombramiento de las personas más idóneas para los cargos con base en sus capacidades, experiencia jurídica y méritos profesionales, dejando de lado toda consideración política o afiliación partidista”.
Por otra parte, la CIJ hizo un llamado a la Asamblea Nacional a cumplir con el precepto constitucional que dispone que las listas de candidatos deberán elaborarse “en consulta con las asociaciones civiles pertinentes”. De acuerdo con información recabada por la CIJ durante su visita a Nicaragua en octubre, tales consultas no se realizan de manera apropiada, lo que constituye la pérdida de una invalorable oportunidad para mejorar la administración de justicia.
“La participación de la sociedad civil es fundamental en los procesos de nombramiento de magistrados y autoridades de la fiscalía”, dijo la CIJ. “Las organizaciones que trabajan día a día en temas de justicia constituyen un importante vínculo entre los usuarios y la administración”.
Las conclusiones de la visita de la CIJ a Nicaragua el pasado mes de octubre están disponibles en el sitio web de la CIJ.
Nicaragua-nombramiento-2007
Dec 14, 2006 | Comunicados de prensa, Noticias
La CIJ llamó hoy al Congreso de Guatemala a aprobar, sin demoras ni reservas, el Acuerdo que establece una Comisión Internacional contra la Impunidad en dicho país.
El Acuerdo que establece una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) debe ser aprobado por el Congreso sin demoras, manifestó hoy la Comisión Internacional de Juristas (CIJ). El establecimiento de la CICIG, ya retrasado una vez debido a las inconstitucionalidades halladas por la Corte de Constitucionalidad con respecto a su predecesora, la CICIACS, representa una oportunidad histórica para combatir dichos grupos y cumplir con los compromisos adquiridos en los Acuerdos de Paz.
“La existencia de estructuras como las que investigará la CICIG representa un serio obstáculo para el respeto por los derechos humanos y el estado de derecho en Guatemala”, dijo la CIJ. “Frente a la absoluta impunidad con que operan estos grupos, es evidente que la acción de las autoridades guatemaltecas ha sido insuficiente para hacer frente a este grave flagelo; de allí la necesidad de la cooperación internacional”.
Según el Acuerdo suscrito entre Naciones Unidas y el Estado de Guatemala, la CICIG recabará información sobre la existencia y accionar de cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad. La CICIG se constituirá en querellante adhesivo, lo que le permitirá, entre otras cosas, solicitar diligencias procesales y apelar decisiones del Ministerio Público ante el Organismo Judicial. Con presencia internacional, la CICIG tendrá libertad de acceso a todos los lugares, establecimientos e instalaciones del Estado, tanto civiles como militares, observando sólo lo preceptuado por la Constitución de Guatemala. En tal sentido, es de esperarse que el artículo 30 de la Carta Magna, que regula el secreto de Estado y que en ocasiones ha sido utilizado para obstaculizar las investigaciones de violaciones de derechos humanos, sea interpretado acorde con la obligación internacional de combatir la impunidad.
“Entendemos que el Acuerdo sobre CICIG busca subsanar las incompatibilidades encontradas por la Corte de Constitucionalidad en el Acuerdo sobre CICIACS; sin embargo, la Constitución y la legislación nacional no deben ser invocadas para impedir o limitar el accionar de la CICIG”, agregó la CIJ. “El derecho internacional de los derechos humanos garantiza el acceso a la información relativa a graves violaciones de derechos humanos y sólo puede denegarse en casos sumamente excepcionales prescritos por la ley y tras probar que la restricción es necesaria en una sociedad democrática para proteger un interés legítimo; dichas denegaciones deben poder ser apeladas ante un tribunal independiente.”
La CIJ llama al Congreso de Guatemala a ratificar, sin demoras ni reservas, el Acuerdo suscrito entre el Gobierno y Naciones Unidas para el pronto establecimiento de la CICIG como una medida encaminada a combatir la existencia de cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad. Asimismo, la CIJ insta al Gobierno de Guatemala a fortalecer al Ministerio Público y al Organismo Judicial con el fin de que se juzgue y castigue a los responsables de los numerosos crímenes cometidos por los grupos investigados.
Guatemala-CICIG commission against impunity-press release-2006 (text, PDF)
