Dec 14, 2005 | Comunicados de prensa, Noticias
La CIJ hizo un llamamiento al Gobierno y Congreso de Guatemala a que tomen acciones concretas para transformar a la judicatura en un poder independiente que proteja activamente los derechos humanos y combata la impunidad.
“El actual Gobierno ha mostrado un compromiso más claro con los derechos humanos y ha incluido la reforma judicial en su agenda” dijo Nicholas Howen, Secretario General de la CIJ.
“Pero una década después de la firma de los Acuerdos de Paz, la independencia y fortaleza del poder judicial siguen siendo insuficientes y la impunidad por violaciones de derechos humanos continúa siendo la norma. La judicatura y la fiscalía son débiles y carecen del apoyo necesario para enfrentar este trágico legado” agregó.
En un informe publicado hoy, “La justicia en Guatemala: un largo camino por recorrer”, la CIJ analiza las debilidades estructurales del sistema de justicia guatemalteco y propone un paquete de 19 reformas para colocar al poder judicial y al Ministerio Público sobre nuevas y sólidas bases.
La CIJ identificó tres medidas que pueden y deben adoptarse inmediatamente:
Primero, el Gobierno debe investigar y llevar ante la justicia a los responsables por el considerable y preocupante aumento de ataques físicos contra jueces, fiscales y defensores de derechos humanos. Estos ataques socavan gravemente el estado de derecho.
Segundo, de ahora en más el Congreso debe nombrar a los magistrados sin tomar en consideración sus afiliaciones políticas u otros factores impropios para así terminar con los favores políticos y reforzar la imparcialidad de los tribunales.
Tercero, el Gobierno y el Congreso deben rechazar el proyecto de ley que propone crear un fuero militar personal y otorgar a los tribunales militares jurisdicción para todo crimen cometido por personal militar en activo o retiro. Dicho proyecto de ley es contrario al derecho internacional y perpetuaría la impunidad.
“Hay mucho por hacer, pero insto al Gobierno a traducir sus palabras en acciones concretas. Espero que el Congreso muestre la madurez necesaria para actuar inequívocamente a favor del estado de derecho y hacer de los Acuerdos de Paz no sólo una ley sino una realidad” dijo Nicholas Howen.
El informe de la CIJ señala las reformas estructurales necesarias para garantizar la independencia, imparcialidad y profesionalidad del poder judicial y para hacer más efectiva la labor del Ministerio Público. Las reformas estructurales incluyen la necesidad de cambiar los procedimientos de nombramiento, traslado y remoción de jueces y magistrados, el combate a la corrupción del sistema y poner fin a las intromisiones del ejecutivo, las fuerzas de seguridad e incluso grupos privados influyentes en el trabajo de jueces y fiscales.
El Gobierno debe también tomar acciones decididas contra grupos clandestinos y del crimen organizado que operan libre e impunemente. El Ministerio Público no está dispuesto o no puede realmente investigar y perseguir a estos grupos y al crimen en general.
La CIJ concluye que el recurso de amparo, pensado para proteger derechos, ha sido utilizado ocasionalmente en Guatemala como un medio para lograr la impunidad a través del retardo de procesos, especialmente aquellos en los que ventilan violaciones de derechos humanos. La CIJ es conciente de la importancia de este recurso y por ello urge al Congreso de Guatemala a aprobar las reformas a la Ley de Amparo tendientes a proteger este recurso de su utilización como mecanismo de impunidad.
El informe señala la persistencia en la falta de acceso a la justicia para la gran mayoría de la población y la ausencia de reconocimiento oficial del fuero indígena. Los esfuerzos de las autoridades en este campo han sido escasos.
Guatemala-action independent judiciary-press release-2005-spa (text in Spanish, PDF)
See also the report La justicia en Guatemala: un largo camino por recorrer (full text in Spanish, PDF)
Sep 21, 2005 | Comunicados de prensa, Noticias
“Las políticas del Gobierno colombiano en los últimos tres años han contribuido al desmantelamiento del estado de derecho y a la consolidación de la impunidad”, dijo la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) en un nuevo informe publicado hoy.
El informe documenta cómo la legislación, adoptada o anunciada por el Gobierno en el marco de su política de seguridad democrática, desmantela el estado de derecho, socava la independencia del poder judicial y agrava la situación de derechos humanos.
Asimismo, la CIJ deplora la adopción, en el marco del proceso de desmovilización de grupos paramilitares, de una legislación (Decreto 128 de 2003 y Ley de “Justicia y Paz”) que deja en la impunidad miles de graves crímenes cometidos por estos grupos y no garantiza el derecho de las víctimas a la justicia, la verdad y la reparación.
Desde el principio del proceso, miles de paramilitares se desmovilizaron a pesar de seguir cometiendo centenas de crímenes, tales como asesinatos y desapariciones forzadas. “Este proceso, lejos de haber sido transparente, nunca ha sido acompañado por un mecanismo de verificación efectivo. Antes que permitir superar el paramilitarismo, consolida el poder político y económico de los paramilitares.”, dijo la CIJ.
En sus recomendaciones, la CIJ llama al Gobierno colombiano a revisar su política de seguridad para que sea compatible con los principios básicos del estado de derecho y las obligaciones internacionales de Colombia y a rechazar cualquier legislación que contribuya a la impunidad. Asimismo, la organización exhorta al Gobierno a tomar medidas para el desmantelamiento efectivo de las estructuras paramilitares y para que los miembros de la Fuerza Pública implicados en actividades paramilitares, violaciones de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad y/o crímenes de guerra, sean llevados ante la justicia ordinaria.
Asimismo, la CIJ llama a la comunidad internacional a que asegure que toda estrategia de cooperación esté condicionada a que las autoridades colombianas tomen medidas efectivas contra la impunidad y que garanticen el estado de derecho.
“Dada la legislación vigente que legaliza la impunidad y la magnitud de los crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra cometidos en Colombia, la Corte Penal Internacional debería tomar cartas en el asunto.”, concluyó la CIJ.
Aug 5, 2005 | Comunicados de prensa, Noticias
La CIJ presenta sus observaciones preliminares tras la misión que llevara a cabo en Guatemala.
1. La CIJ concluye hoy su misión a Guatemala, que ha tenido como propósito estudiar la administración de justicia, la impunidad, el acceso a la justicia y el derecho indígena y la situación de los defensores de derechos humanos, líderes sociales y operadores de justicia. La CIJ tuvo la oportunidad de reunirse con varias autoridades, entre ellos el Vicepresidente de la República, el Presidente de la Corte Suprema, el Presidente de la Corte de Constitucionalidad, el Presidente del Congreso, el Ministro de Gobernación, el Procurador de Derechos Humanos y el Presidente de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos; representantes de instituciones públicas y privadas; y organizaciones no gubernamentales. A todos ellos, la CIJ agradece la amabilidad y la información brindada.
2. Sin perjuicio de un informe detallado que contenga sus hallazgos, conclusiones finales y recomendaciones específicas, la CIJ desea compartir con la opinión pública guatemalteca algunas observaciones preliminares.
3. La CIJ reconoce los esfuerzos que el actual Gobierno y la sociedad guatemalteca han desarrollado en pos de la construcción de un régimen democrático basado en el Estado de derecho y el respeto de los derechos humanos. El reconocimiento por parte del Gobierno de los problemas que aquejan a Guatemala y la disposición al diálogo constituyen importantes avance en aras del fortalecimiento institucional. Un país como Guatemala, que ha sufrido los efectos crueles de sucesivos gobiernos autoritarios y un prolongado conflicto armado interno en el que se produjeron flagrantes violaciones de los derechos humanos y se debilitaron tanto el tejido social como el sistema institucional, enfrenta serios desafíos para su desarrollo democrático y requiere el concurso de la sociedad y la comunidad internacional. Guatemala aún hoy tiene una deuda pendiente con las víctimas de la violencia de su pasado reciente.
4. Las sociedades democráticas modernas tienen uno de sus fundamentos esenciales en una administración de justicia independiente e imparcial, que proteja activamente los derechos de los habitantes y que sea de fácil acceso, especialmente para los sectores menos favorecidos. En este sentido, la CIJ observa que en Guatemala persisten serias deficiencias en la organización y el funcionamiento del sistema judicial, que obedecen a un inadecuado marco normativo y a ciertas prácticas que impiden la prestación de este servicio público esencial.
5. Algunas de las preocupaciones de la CIJ se refieren a los procedimientos de selección, nombramiento y evaluación de jueces y magistrados; la administración del Organismo Judicial a cargo de la Corte Suprema de Justicia; la estabilidad en el cargo de jueces y magistrados; la respuesta del sistema judicial frente a la actual situación de inseguridad ciudadana; la puesta en práctica del modelo de juzgamiento penal; la disponibilidad de recursos; el reconocimiento de la justicia indígena; y el acceso a la justicia de la población en general.
6. Estos factores redundan en una preocupante situación de impunidad, que se manifiesta en fenómenos tales como: el alto número de casos que quedan sin investigación y sanción; los actos de intimidación contra operadores de justicia; la proliferación de cuerpos ilegales y aparatos clandestinos y el auge crimen organizado; y linchamientos y otras formas de “ajusticiamiento” por parte de la población.
7. En lo que se refiere a la investigación criminal, la CIJ pudo observar que, a pesar de algunos avances en su formulación y puesta en práctica, queda aún mucho por hacer en materia de coordinación interinstitucional, manejo de la escena del crimen, protección de víctimas y testigos, creación de una efectiva carrera fiscal, celeridad en la investigación de casos específicos, mejor cobertura del territorio nacional, descentralización del Ministerio Público y establecimiento de un ente técnico de ciencias forenses.
8. Es motivo de inquietud también para la CIJ el indebido uso del sistema penal para la solución de conflictos sociales que deberían encontrar respuesta en canales de solución pacífica. En este sentido, parece apremiante atender la problemática agraria y laboral a través de la construcción de consensos y el establecimiento de instituciones y procesos que garanticen una vida digna para todos los guatemaltecos.
9. Dentro de la situación que vive el país, preocupan particularmente las agresiones de diverso orden de que son víctimas los operadores de justicia, los líderes sociales y los defensores de derechos humanos. La CIJ saluda el reciente pronunciamiento del Gobierno acerca de los defensores de derechos humanos, y considera que puede hacerse extensivo a los operadores de justicia y líderes sociales por el importante papel que cumplen en toda sociedad democrática.
10. La CIJ aprecia el valor que tiene el derecho tradicional de las comunidades indígenas y la contribución que entraña para la solución pacífica de los conflictos. Así, es de desear que tal sistema de justicia obtenga el reconocimiento normativo que merece por parte del Estado de Guatemala en el marco del derecho internacional de los derechos humanos y de instrumentos específicos como el Convenio 169 de la OIT.
11. Otras preocupaciones de la CIJ se refieren al uso abusivo del recurso de amparo con el fin de entorpecer importantes investigaciones y juicios, en particular en casos de graves violaciones de derechos humanos; la existencia de un proyecto de ley que otorgaría amplias competencias a la justicia militar en contradicción con los estándares internacionales, lo que representaría un retroceso en la materia; la falta de fundamentación de muchas decisiones judiciales; y la existencia de poderes fácticos, que implican una seria amenaza al Estado de derecho y debilitan aún más la institucionalidad democrática.
12. La CIJ continuará observando la situación de Guatemala con el ánimo de contribuir a los esfuerzos del Estado y la sociedad civil en la construcción de la paz y el fortalecimiento de la democracia. Para ello, mantendrá un diálogo permanente con las autoridades, las organizaciones sociales y la comunidad internacional, particularmente con la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, que se instalará próximamente en el país.
Jul 29, 2005 | Comunicados de prensa, Noticias
La CIJ emprenderá una visita a Guatemala con el fin de analizar la situación de la administración de justicia, la impunidad, los defensores de derechos humanos y el acceso a la justicia.
La misión de alto nivel tendrá lugar entre los días 1 y 5 de agosto y se reunirá, entre otros, con funcionarios gubernamentales, jueces y magistrados y organizaciones no-gubernamentales y agencias internacionales. La misión estará compuesta por el Dr. Hernando Valencia Villa (Profesor de la Universidad Carlos III de Madrid), el Dr. Javier Ciurlizza (Director Ejecutivo del Instituto de Democracia y Derechos Humanos del Perú) y José Zeitune, representante del Secretariado de la CIJ.
El conflicto armado en el que estuvo sumido el país durante más de 30 años dejó su saldo no sólo en términos de vidas sino también en un debilitamiento de las instituciones del Estado. Si bien se han producido ciertos avances en el respeto de los derechos humanos y la implementación de un estado de derecho, la administración de justicia guatemalteca continúa enfrentando serios desafíos.
La CIJ está profundamente preocupada por el recrudecimiento, en los últimos meses, del número de ataques e intimidaciones contra defensores de derechos humanos y operadores de justicia, en ciertos casos con resultado de muerte. Este será uno de los temas prioritarios durante la visita. La introducción de un proyecto de ley de justicia militar que conferiría un fuero personal a miembros de las fuerzas armadas será también analizado y discutido con las autoridades relevantes.
El 5 de agosto, último día de la visita, los miembros de la misión darán una conferencia de prensa en la que presentarán sus observaciones y conclusiones preliminares. La CIJ producirá un informe con sus conclusiones finales y recomendaciones al Gobierno y otras instituciones.
Jun 17, 2005 | Comunicados de prensa, Noticias
La CIJ expresa su satisfacción por el fallo de la Corte Suprema de Justicia argentina que declaró la inconstitucionalidad de las leyes de amnistía que protegieron a violadores de derechos humanos.
La sentencia reafirmó que las leyes que garantizan la impunidad de los responsables por flagrantes violaciones de los derechos humanos tales como desapariciones forzadas, tortura y ejecuciones extrajudiciales, como así también crímenes de lesa humanidad, son contrarias al derecho internacional de los derechos humanos y principios de justicia.
“Este esperado fallo es un triunfo para la incansable lucha de víctimas, familiares, defensores de derechos humanos y la sociedad argentina”, dijo Federico Andreu-Guzmán, Secretario General adjunto de la CIJ para asuntos jurídicos.
“El Fallo muestra que los derechos humanos y el estado de derecho pueden derrotar a la impunidad”.
La sentencia, que contó con una mayoría de 7 a 1, declaró la inconstitucionalidad de las leyes de punto final (1986) y obediencia debida (1987).
La primera de estas leyes estableció un plazo de 60 días para instruir procesos por violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura militar argentina entre 1976 y 1983.
La segunda de las leyes otorgó inmunidad a todos los miembros de las fuerzas armadas con la excepción de los comandantes superiores.
Ambas leyes efectivamente impidieron el enjuiciamiento de los responsables por las numerosas violaciones de derechos humanos que tuvieron lugar durante la “guerra sucia” en Argentina.
Se excluyeron de las leyes los delitos de violación y apropiaciones de bebés nacidos de madres desaparecidas.
“Este histórico fallo reafirma de manera inequívoca que todas las leyes o decisiones que buscan restringir o negar la responsabilidad por violaciones de derechos humanos son inadmisibles”, agregó el Sr. Andreu-Guzmán. “La obligación de enjuiciar a los responsables persiste, por lo que llamamos a las autoridades argentinas a cumplirla”.
La Corte Suprema dictó sentencia en un caso presentado en 2000 por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), una organización no-gubernamental argentina afiliada a la CIJ.
Tras las sentencias favorables de un juez federal y de la Cámara Federal de Apelaciones, la causa llegó a la Corte Suprema.
La CIJ y Amnistía Internacional presentaron un memorial en derecho a la Corte detallando la incompatibilidad de las leyes de amnistía con las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos e hicieron un llamado al Gobierno a que investigue y juzgue a los responsables de violaciones de los derechos humanos.
Argentina-ruling impunity laws-press release-2005-spa (en PDF)
May 18, 2005 | Comunicados de prensa, Noticias
La CIJ manifiesta su más alta preocupación frente a las recientes amenazas de muerte contra la abogada Soraya Gutiérrez Arguello, Presidenta de Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”.
El pasado 13 de mayo, al llegar a su domicilio, Soraya Gutiérrez Arguello recibió un paquete que contenía una muñeca descabezada y descuartizada.
Partes del cuerpo de la muñeca estaban quemadas y pintadas de rojo. Junto con la muñeca encontró una nota escrita a mano que decía: “Usted tiene una familia muy linda cuídela no la sacrifique”.
Ese mismo día apareció en el periódico El Tiempo un aviso de puestos vacantes – no solicitado por el Colectivo – que, según sus integrantes, constituye una amenaza implícita porque sugiere que en poco tiempo algunos de ellos tendrán que ser reemplazados.
Estas amenazas se suman al persistente hostigamiento de que son objeto los defensores de derechos humanos en Colombia por la labor que desempeñan: amenazas contra su integridad física y la de sus familiares, allanamientos de las sedes de sus organizaciones, seguimientos en las calles.
Desde la llegada de Álvaro Uribe a la Presidencia del país en 2002, prevalece un clima de hostilidad hacia la labor de defensa de los derechos humanos.
Particularmente preocupantes son las declaraciones públicas, por parte de las más altas autoridades del Estado, que acusan a las organizaciones de derechos humanos de ser “auxiliadores de la guerrilla”.
Estos pronunciamientos no sólo desprestigian la actividad legítima de estas organizaciones sino que exponen a sus integrantes a mayores ataques.
La CIJ insta a las autoridades colombianas a que garanticen la integridad física de Soraya Gutiérrez Arguello y a que se realice una investigación exhaustiva e imparcial sobre estas amenazas con el fin de juzgar y sancionar a los presuntos responsables.
Asimismo, la CIJ hace un llamamiento a que se tomen las medidas necesarias para que cese la estigmatización y el hostigamiento constante de los defensores de derechos humanos y se les permita ejercer libremente su labor sin miedo a represalias.
