May 17, 2005 | Comunicados de prensa, Noticias
La CIJ expresa su más enérgica condena y repudio frente al asesinato del fiscal Erick Moisés Gálvez Miss el pasado lunes 16 de mayo en Chiquimula.
La CIJ hace un llamamiento urgente a las autoridades guatemaltecas para que se investiguen exhaustivamente los hechos y para que los responsables sean llevados ante la justicia.
“El asesinato del fiscal de Chiquimula, en pleno día y en pleno centro de la ciudad, es una muestra más de la situación de total indefensión que enfrentan los operadores de justicia en Guatemala”, dijo Federico Andreu-Guzmán, Secretario General adjunto de la CIJ. “Expresamos nuestra profunda preocupación frente a la impunidad con la que jueces, abogados y fiscales están siendo atacados en Guatemala, como así también frente a la falta de investigación de las denuncias acerca de la existencia de grupos clandestinos en el país, quienes estarían detrás de varios atentados contra operadores de justicia y defensores de derechos humanos”, agregó el Sr. Andreu-Guzmán.
De acuerdo con la información recibida por la CIJ, el fiscal Gálvez Miss fue baleado por dos individuos desde una camioneta el pasado lunes 16 en la tarde, cuando caminaba, junto a un auxiliar fiscal que resultó ileso, frente al Hospital Nacional de Chiquimula. Los atacantes habrían estado merodeando el lugar durante la mañana, pero tras los disparos se marcharon sin que nadie los detuviera. El fiscal fue trasladado a un hospital, donde falleció posteriormente.
El asesinato del fiscal Gálvez se suma a una serie de ataques contra operadores de justicia guatemaltecos en los últimos meses. El 4 de marzo fue asesinado el fiscal Carlos Marroquín. El 25 de abril, José Víctor Bautista Orozco, juez del Tribunal de Alto Impacto de Chiquimula, fue baleado por desconocidos cuando salía de su residencia. El 27 del mismo mes, el fiscal José Antonio Meléndez Sandoval, quien tenía a su cargo la investigación de varios casos de crimen organizado, narcotráfico y corrupción, fue baleado en el rostro en iguales circunstancias.
La CIJ insta a las autoridades guatemaltecas a llevar a cabo las investigaciones necesarias de manera independiente, imparcial y exhaustiva así como a llevar ante un tribunal independiente e imparcial a los presuntos responsables del asesinato del fiscal Gálvez, con el pleno respeto por las garantías judiciales contenidas en los tratados internacionales de los cuales Guatemala es parte.
Apr 29, 2005 | Comunicados de prensa, Noticias
La CIJ intervino ante el Presidente de Colombia expresando su preocupación por las amenazas de muerte de que han sido objeto nuevamente Danilo Rueda y los miembros del Comité Intereclesial Justicia y Paz.
Colombia-death threats defenders-2005 (en español, PDF)
Apr 18, 2005 | Comunicados de prensa, Noticias
La CIJ y la Comisión Andina de Juristas, afiliada de la CIJ en la región, expresaron su profunda preocupación frente a la grave crisis judicial y política que vive Ecuador.
Las dos organizaciones hicieron un llamamiento a las autoridades de ese país a reestablecer el equilibrio institucional mediante el nombramiento de una Corte Suprema independiente e imparcial.
La Comisión Internacional de Juristas y la Comisión Andina de Juristas expresan su profunda preocupación frente a la crisis institucional que vive el Ecuador. Dicha crisis se ha profundizado con la destitución de todos los jueces de la Corte Suprema en diciembre de 2004 y la reciente injerencia del poder político en el poder judicial. Por ello, ambas organizaciones hacen un llamamiento a las autoridades de dicho país a que nombre una Corte independiente e imparcial de conformidad con estándares internacionales y que garantice el normal funcionamiento del poder judicial. “El nuevo vacío institucional producido en Ecuador y la incertidumbre de cara al futuro del poder judicial constituyen una seria amenaza para la democracia y el estado de derecho en dicho país”, dijeron las organizaciones. “El equilibrio institucional debe reestablecerse cuanto antes, pero no sin garantizar un mecanismo de selección de jueces en el que la idoneidad de los candidatos, y no afiliación partidista, sea el factor determinante en los nombramientos. No se puede abusar del estado de emergencia para desnaturalizar el normal funcionamiento del poder judicial”. Los 31 jueces que constituían la Corte Suprema fueron removidos por decreto presidencial el pasado 15 de abril.
Anteriormente, el Presidente Gutiérrez había decretado el estado de excepción en un intento por controlar las manifestaciones que pedían su renuncia y la de los jueces de la Corte Suprema. Los jueces destituidos habían sido nombrados por el Congreso en diciembre pasado tras la remoción de la totalidad de los jueces de la Corte anterior. La remoción y los nombramientos se produjeron en el lapso de dos días, lo que motivó la preocupación de la CIJ y la CAJ. De acuerdo con el nuevo decreto, ninguno de los jueces anteriores como así tampoco ninguno de los recientemente removidos puede volver a ocupar su cargo. “El poder judicial constituye una de las piedras angulares sobre las que reposa toda democracia; la remoción de dos Cortes Supremas en cinco meses es desalentador y preocupante y supone un serio atentado contra la democracia en Ecuador”, subrayaron ambas Comisiones. “Urge nombrar una Corte que garantice la independencia e imparcialidad de sus miembros y que se encuentre legitimada y capacitada para revisar todos los actos del Gobierno”.
Apr 18, 2005 | Comunicados de prensa, Noticias
La CIJ y otros grupos de derechos humanos llaman a la Corte Suprema de Chile a rever su decisión de terminar el mandato de los jueces especiales encargados de investigar las violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura.
La Corte Suprema de Chile debería reconsiderar su decisión de terminar el mandato de los jueces con dedicación exclusiva o preferencial para investigar las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura del General Augusto Pinochet, dijo un grupo de organizaciones internacionales de derechos humanos en un llamamiento urgente emitido en apoyo a sus homólogos chilenos.
Human Rights Watch, Amnistía Internacional y la CIJ señalaron que la suspensión del mandato de los jueces especiales, prevista para el 25 de julio de 2005, sería el peor revés para la justicia y el rendimiento de cuentas por violaciones de los derechos humanos cometidas en el pasado desde que Chile recuperó la democracia en 1990.
Desde el año 2001 la Corte Suprema ha asignado a Ministros de Fuero de las Cortes de Apelaciones y jueces de primera instancia la tarea exclusiva o preferencial de investigar casos de derechos humanos, de los cuales más de 350 siguen abiertos.
“En los últimos cuatro años, estos jueces especiales han hecho más avances en estos casos que toda la judicatura en el cuarto de siglo anterior”, señaló José Miguel Vivanco, Director Ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch. “Sería una tragedia que estos avances se vieran frenados ahora, cuando ha reaparecido un destello de esperanza para miles de familiares de las víctimas de Pinochet”, agregó.
El llamamiento se hizo en una conferencia de prensa en Santiago en que participaron la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (FASIC), la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU), el Centro de Salud Mental y Derechos Humanos (CINTRAS), el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, la sección chilena de Amnistía Internacional y Human Rights Watch.
El 25 de enero de 2005, la Corte Suprema ordenó a todos los jueces que estaban investigando violaciones de los derechos humanos durante el régimen militar que terminaran sus investigaciones en un plazo de seis meses. A menos que se iniciaran los juicios en dicho plazo, o las partes lograran apelar para que los casos siguieran abiertos y posibilitar la realización de las diligencias que faltan, todas las investigaciones sobre violaciones de los derechos humanos cometidas durante la dictadura terminarán el 25 de julio de 2005. Es más, la Corte Suprema anunció que llegaría a su fin al mismo tiempo del mandato de los jueces especiales asignados a estos casos.
“Independientemente de las razones dadas para fundamentar esta decisión, es una fuerte desautorización a los jueces cuyo trabajo durante los últimos años ha contribuido considerablemente a restaurar la confianza en el Estado de derecho”, señaló Federico Andreu, Secretario General Adjunto para Asuntos Jurídicos de la Comisión Internacional de Juristas.
Los ministros de dedicación exclusiva o preferente están dedicados ahora casi exclusivamente a casos de derechos humanos y sólo tienen que asistir a sesiones judiciales ordinarias dos veces a la semana. El 25 de julio próximo ya no tendrán acceso a expertos especialmente contratados, asistencia secretarial, apoyo informático, gastos de viaje y la asistencia de actuarios dedicados actualmente a ayudarles en casos de derechos humanos.
La Agrupación de Familiares de Detenidos Desparecidos solicita la designación de más jueces de dedicación exclusiva y preferente, con mayores recursos humanos, técnicos y económicos y mayor apoyo al Departamento Quinto de la Policía de Investigaciones.
Los abogados que representan a los familiares de las víctimas consideran que estos recursos especiales y las habilidades del Departamento Quinto-una unidad de la policía de investigación criminal que se ha especializado en casos de derechos humanos- han sido decisivos en los recientes avances judiciales en casos de derechos humanos.
“La manera más fácil de abordar este problema sería que la Corte Suprema reconsiderara su decisión de poner fin al mandato de los jueces especiales y garantizara que las investigaciones y los juicios de derechos humanos cuenten con recursos adecuados”, señaló Susan Lee, Directora para la Américas de Amnistía Internacional.
El próximo lunes, la Corte de Apelaciones de Santiago se reunirá para considerar la petición formal que hicieran ocho ministros de la Corte el 11 de marzo, solicitándole que instara ante la Corte Suprema a que les permitiera conservar la carga de trabajo y los recursos actuales. Los jueces subrayaron que sería imposible continuar avanzando los casos de otro modo.
“Si nuestro llamamiento a la judicatura no tiene éxito, instaremos al Congreso a que apoye una propuesta legislativa para continuar la labor de los jueces especiales”, señaló Lorena Pizarro, Presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos. “Sugeriremos maneras de cumplir con nuestras demandas mediante la modificación de propuestas legislativas que ya se están debatiendo en el Congreso”, agregó.
Cientos de casos que están siendo investigados se verán afectados. Incluyen las diligencias del Ministro Alejandro Solís sobre las “desapariciones” y la tortura en la Villa Grimaldi, un centro clandestino de detención de Santiago empleado por la policía secreta de Pinochet en los setenta. Todavía se desconoce el paradero de más de un centenar de víctimas. También podría interrumpirse la investigación dirigida por el Ministro Solís sobre el atentado con carro bomba en 1974, en Buenos Aires, contra el General Carlos Prats, predecesor de Pinochet al mando de las fuerzas armadas.
Otro juez, el Ministro Jorge Zepeda, está investigando las “desapariciones” y la tortura en la Colonia Dignidad, un fundo perteneciente a una secta alemana en el sur de Chile que se utilizó como base de la policía secreta después del golpe militar de 1973. Tras la captura del líder de la secta, Paul Schaefer, en marzo en Buenos Aires, los investigadores descubrieron los motores de dos automóviles Renault enterrados en la propiedad, que, según se cree, pertenecían a víctimas secuestradas por las fuerzas de seguridad de Pinochet. Se sabe que otras docenas de víctimas estuvieron detenidas en la colonia en los setenta y los ochenta, pero se desconoce su paradero.
Las investigaciones judiciales sobre la muerte del ex-Presidente Eduardo Frei Montalva mientras estaba hospitalizado en una clínica de Santiago en 1982 han reforzado las sospechas de que muriera a causa de una toxina administrada por agentes de la dictadura. Puede que nunca se sepa lo que pasó realmente con Frei a no ser que el juez instructor, el Ministro Alejandro Madrid, tenga tiempo y recursos para continuar con su investigación.
Para obtener más información, puede ponerse en contacto con:
Federico Andreu (ICJ): + 41-22-979-3819
Celular: + 41-76-562-3820
Chile-humanrightsviolations-news-2005-spa (en PDF)
Feb 11, 2005 | Comunicados de prensa, Noticias
ECOPETROL presentó una petición de nulidad del laudo arbitral que ordenó el reintegro de 106 de los 248 trabajadores que fueron despedidos arbitrariamente durante la huelga realizada en 2004.
Tambien ECOPETROL inició procesos disciplinarios contra los trabajadores con el fin de despedirlos.
El fallo del tribunal de arbitramento voluntario, pactado el 26 de mayo de 2004 para poner fin a la huelga que realizó el sindicato Unión Sindical Obrera (USO), se acordó que sería inapelable. Por su parte, la USO a pesar de que el fallo no accedió a todas sus pretensiones, decidió respetar y acatar la decisión allí contenida.
Las acciones de la Empresa Colombiana de Petróleos (ECOPETROL), son un abierto desacato a los acuerdos del 26 de mayo, desconocen la legalidad y no hacen honor al compromiso de cumplir el fallo unánime del tribunal de arbitramento voluntario, integrado por 2 árbitros nombrados por la empresa, dos por la USO y uno escogido de común acuerdo por la Iglesia Católica y la Cámara de Comercio de Bogotá. Persistir en esta actitud, subvierte el ordenamiento jurídico y pone a la empresa en abierta contradicción con el gobierno central, que acompañó y avaló el acuerdo que hoy se pretende desconocer. El Gobierno debe hacer que la empresa estatal cumpla su compromiso y, así como estuvo presto a declarar la ilegalidad de la huelga, ahora debe ordenarle a ECOPETROL que acate el fallo y no obstaculice su cumplimiento con argumentos torticeros.
Conviene recordar que la decisión sobre la legalidad de la huelga quedó en manos de la Oficina Internacional del Trabajo (OIT), tal y como se pactó en los acuerdos del 26 de mayo.{{1}} El Comité de Libertad Sindical conoce del caso desde junio de 2004 y en los próximos meses adoptará sus recomendaciones que, una vez aprobadas por el Consejo de Administración de la OIT, serán de obligatorio cumplimiento para el Gobierno de Colombia.{{2}}
Confiamos en que la OIT dará la razón a la Unión Sindical Obrera y, a través de ella, al conjunto del movimiento sindical colombiano, afianzando el exitoso movimiento que ha venido liderando la USO en defensa de ECOPETROL y de las libertades sindicales.
Más información:
Carlos Rodríguez Mejía
Cel: 300 210 1545
Tel. 376 8200 Bogotá
Colombia-ecopetrol-news-2005-spa (en PDF)
Colombia-ecopetrol-annex-news-2005-spa (en PDF)
Footnotes:
[[1]] “con el propósito de garantizar el armonioso desarrollo y la permanencia óptima de manera inmediata de las relaciones Empresa-Sindicato, las partes sólo podrán iniciar las acciones legales que consideren contra la declaratoria de ilegalidad de la huelga o del laudo arbitral”. Acta de acuerdo Gobierno nacional-Ecopetrol-Uso.
[[2]] Corte Constitucional, Sentencia T. 568 de 1999.
Jan 28, 2005 | Comunicados de prensa, Noticias
Al terminar su misión de diez días en Colombia, la CIJ presenta sus conclusiones preliminares acerca del actual proceso de desmovilización con grupos paramilitares y las consecuencias de la política de “seguridad democrática” sobre los derechos humanos y el estado de derecho.
La CIJ expresa su más alta preocupación por la impunidad que rodea la desmovilización de grupos paramilitares.
Dichos grupos siguen en la mesa de negociación haciéndose acreedores de beneficios jurídicos a pesar de que no han respetado el cese de hostilidades pactado en diciembre de 2002.
La CIJ ha recibido información de que, entre diciembre de 2002 y agosto de 2004, estos grupos han cometido por lo menos 1.899 asesinatos y desapariciones forzadas.
La CIJ considera que el proceso, de la manera en que se está adelantando perpetúa la impunidad por graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario.
Además no existe un marco legal adecuado que contemple un mecanismo eficaz de verificación del proceso y que garantice el derecho de las víctimas a la justicia, la verdad y la reparación.
Durante su misión, la CIJ tuvo conocimiento de que el Gobierno se empeña en negar la existencia de un conflicto armado.
Esta apreciación es contraria a todas las evidencias. A raíz de este conflicto, el país sigue viviendo una grave crisis humanitaria puesto que cuenta con tres millones de personas internamente desplazadas.
En nombre de la lucha antiterrorista y para implementar la política de “seguridad democrática”, el Gobierno ha adoptado o promovido la adopción de varias medidas que han generado una degradación de la situación de derechos humanos. Particularmente alarmante es la práctica sistemática de detenciones masivas o individuales y de allanamientos arbitrarios por parte de la fuerza pública.
En Arauca, donde dicha fuerza tiene una presencia muy fuerte, se ha podido comprobar que estas detenciones muchas veces se fundamentan en información no corroborada proveniente de miembros de la red de informantes o de reinsertados, que a cambio de su colaboración reciben beneficios económicos y jurídicos.
En Arauca, la misión ha sido testigo también del hostigamiento constante de los defensores de derechos humanos y de la estigmatización de su labor.
En el marco de la política de “seguridad democrática”, se han promovido también reformas constitucionales que afectan la independencia y la imparcialidad del poder judicial. Resultan preocupantes los varios intentos de limitar las competencias de la Corte Constitucional, garante del estado de derecho y de la protección de los derechos fundamentales.
Por todo lo anterior, la CIJ pide a la comunidad internacional que en la reunión que se llevará a cabo con el Gobierno colombiano en Cartagena los días 3 y 4 de febrero, condicione su apoyo al actual proceso de desmovilización a: la investigación, enjuiciamiento y castigo de todos los responsables de crímenes de lesa humanidad y de crímenes de guerra y a la adopción de un marco legal compatible con el derecho internacional y de medidas efectivas que garanticen el derecho de las víctimas a la justicia, la verdad y la reparación.
Asimismo, pide a la comunidad internacional que insista en el cumplimiento de las recomendaciones internacionales en materia de derechos humanos.
La CIJ presentará sus conclusiones y recomendaciones en un informe que se publicará antes de la próxima sesión de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en marzo de 2005.
Colombia-high-level mission-press release-2005-spa (en PDF)
