Jan 17, 2005 | Comunicados de prensa, Noticias
La CIJ empieza hoy una misión de alto nivel de diez días en Colombia para evaluar el impacto de la “política de seguridad democrática” sobre los derechos humanos, la administración de justicia y el estado de derecho en el país.
La misión estará compuesta por Mariclaire Acosta (ex-Vicecanciller para los Derechos Humanos del Gobierno de México), Carlos Castresana (Fiscal Anticorrupción español) e Isabelle Heyer, representante del Secretariado de la CIJ.
Durante décadas, Colombia ha sido el escenario de graves y persistentes violaciones de derechos humanos y de derecho humanitario. Dichas violaciones han sido cometidas por miembros de las fuerzas armadas y de seguridad, paramilitares y grupos armados de oposición. El Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha calificado tales violaciones como crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra en sus informes.
Desde 2002, y en nombre de la lucha antiterrorista, el Gobierno colombiano ha promovido una nueva política de seguridad llamada política de “seguridad democrática”. En la implementación de esta política, el Gobierno ha adoptado o anunciado diversas medidas, entre las que se encuentran reformas constitucionales y legales y una creciente participación de la población civil en el conflicto armado. Algunas de estas medidas afectan principios básicos del estado de derecho, la administración de justicia y resultan en nuevas formas de violaciones a los derechos humanos tales como las detenciones arbitrarias masivas o individuales.
Asimismo, en el marco del actual proceso de desmovilización paramilitar, el Gobierno ha adoptado y pretende adoptar medidas legales que pueden resultar en la impunidad para los autores de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Por consiguiente, la misión de la CIJ evaluará esta situación.
Los miembros de la misión se reunirán con representantes del Gobierno colombiano, miembros del Congreso y del Poder Judicial, organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y representantes de la comunidad internacional. Producirán un informe que será difundido internacionalmente y presentado durante la próxima sesión de la Comisión de derechos humanos de las Naciones Unidas.
Colombia-paramillitary-news-2005-spa (en PDF)
Dec 15, 2004 | Comunicados de prensa, Noticias
La CIJ manifiesta su más alta preocupación frente a la remoción expedita, por parte del Parlamento ecuatoriano, de 27 de los 31 jueces que integraban la Corte Suprema de dicho país.
“La destitución de este tribunal de alta jerarquía constituye un grave ataque a la independencia del poder judicial y es incompatible con estándares internacionales y con el principio de separación de poderes”, declaró hoy la Comisión internacional de juristas.
El pasado miércoles 8, el Congreso, reunido en una sesión extraordinaria convocada por el Presidente Lucio Gutiérrez, destituyó mediante una resolución a la mayoría de los miembros de la Corte Suprema. Esta resolución, calificada de inconstitucional por los partidos de oposición y los mismos magistrados, tuvo efecto inmediato. El viernes 10, el Congreso nombró a la nueva Corte.
La razón invocada por el órgano legislativo fue que el mandato de estos jueces se había prorrogado desde enero de 2003, fecha en la que presuntamente debían ser reemplazados. “La terminación abrupta, casi después de dos años de haber vencido este plazo, pone en duda los motivos esgrimidos por el Congreso para removerlos”, dijo la CIJ.
“Sin entrar en la legitimidad del Congreso para declarar la destitución de los jueces de la Corte, la rapidez con la que se arribó a esta decisión deja serias dudas con respecto a su imparcialidad y el respeto por las garantías procesales,” añadió la CIJ.
Para mayor información, sírvase contactar a Isabelle Heyer al + 41 22 979 38 00
Ecuador-indepjudges-news-2004-spa (en PDF)
Oct 19, 2004 | Comunicados de prensa, Noticias
En la víspera de la reunión del Comité América latina del Consejo de Ministros de la Unión Europea, la CIJ llama a los Estados Miembros a que no contribuyan ciegamente al programa colombiano de desmovilización y reinserción de paramilitares y grupos armados de oposición.
De acuerdo con los planes del gobierno colombiano, los paramilitares o los grupos armados de oposición que se acojan a la desmovilización pueden ser indultados incluso por violaciones graves a los derechos humanos tales como crímenes contra la humanidad o crímenes de guerra. “El derecho internacional dice claramente que no puede haber amnistía o indulto para crímenes tan graves”, dijo Nicholas Howen, Secretario General de la CIJ.
“Antes de comprometerse a apoyar financieramente al programa de reinserción, la Unión Europea debería cerciorarse de que todo proceso de negociación con los grupos armados provea verdad, justicia y reparación, no más impunidad. La voz de las víctimas en Colombia debe ser escuchada en Bruselas,” añadió Nicholas Howen.
Javier Solana, Alto Representante de la Unión Europea para la Política Extranjera y de Seguridad Común, reiteró en el pasado mes de septiembre el apoyo político de la Unión Europea a los procesos de desmovilización y reinserción de los grupos armados ilegales en una reunión con la Ministra de Asuntos Exteriores de Colombia, Carolina Barco. Durante su visita a Bruselas, la Ministra solicitó el apoyo financiero de la Unión Europea para este nuevo programa. Dicha solicitud debe ahora ser examinada por el Consejo y el Parlamento europeos.
La CIJ manifiesta su preocupación por el hecho de que la reunión del Comité América latina mañana en Bruselas pueda ser un primer paso hacia la adopción, por el Consejo y el Parlamento europeos, de un elemento nuevo en la cooperación europea con Colombia.
“Es inconcebible que la Unión Europea coopere con el gobierno colombiano en un programa que tendrá como resultado la impunidad de quienes cometieron crímenes tan graves”, dijo Nicholas Howen.
Antecedentes
En julio de 2004 el gobierno colombiano inició un diálogo de paz con las AUC (Autodefensas unidas de Colombia), mayor grupo paramilitar en Colombia. Miles de paramilitares están ahora esperando su desmovilización. Para facilitar este diálogo, se aprobó el Decreto n°128 que indulta a los miembros de grupos armados que no han sido condenados o que no han sido acusados por violaciones a los derechos humanos. Asimismo, de acuerdo con un proyecto de ley bajo debate en el Congreso, los responsables de graves violaciones a los derechos humanos, incluidos los responsables de crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra, podrían ser liberados.
La CIJ ha venido siguiendo de cerca las negociaciones entre el gobierno colombiano y los paramilitares. En junio de 2004, la organización presentó una intervención de Amicus Curiae sobre el Decreto 128 ante el Consejo de Estado, el más alto tribunal administrativo del país.
Para mayor información, sírvase contactar a Isabelle Heyer, al +41 22 979 38 21.
Colombia-paramillitary-news-2004-spa (en PDF)
Aug 27, 2004 | Comunicados de prensa, Noticias
La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Louise Arbour, destacó el importante papel que ha jugado y juega la Corte Constitucional de Colombia al supervisar la legalidad de las medidas anti-terroristas.
Durante la Conferencia de la CIJ sobre Derechos Humanos y Terrorismo que se está realizando en Berlín entre el 27 y 28 de agosto, la Alta Comisionada señaló que la Corte Constitucional “ha ejercido un rol sumamente importante como órgano de revisión de los estados de excepción declarados por el poder ejecutivo en el marco del conflicto que afecta a dicho país”. Asimismo, la Sra. Arbour indicó que “las decisiones de la Corte frecuentemente la han situado en el centro de la controversia, precisamente debido a la independencia que ha demostrado en el desempeño de sus funciones”.
Este reconocimiento de la destacada labor de la Corte Constitucional es tanto más importante dado que el gobierno colombiano está promoviendo una reforma que pretende recortar los poderes de control de la Corte y ha venido tomando medidas anti-terroristas incompatibles con sus obligaciones internacionales.
Más de 150 juristas procedentes de todas partes del mundo, entre ellos jueces, abogados y organizaciones afiliadas a la CIJ, se reunen para debatir los principios de derechos humanos que deben ser respetados en la lucha contra el terrorismo. La Conferencia producirá una declaración en la que se enumerarán y detallarán dichos principios.
Colombia-Constitutional Court-press release-2004 (en PDF)
Aug 4, 2004 | Comunicados de prensa, Noticias
Presidente de la República aceptó criterios propuestos por algunas organizaciones sociales y de derechos humanos para la selección de candidatos a Defensor del Pueblo.
El pasado 9 de julio de 2004, 25 organizaciones sociales y de derechos humanos, así como 131 personas que hacen parte de sectores sociales populares agrupados en la iniciativa Planeta Paz, presentamos una petición al Presidente de la República en la que le solicitamos que hiciera de público conocimiento los criterios que el Gobierno tiene para seleccionar a las tres personas que conformarán la terna de candidatos a Defensor del Pueblo que serán sometidos a elección por la Cámara de Representantes. Así mismo, solicitamos que únicamente sean presentadas como candidatas aquellas personas que, como mínimo, cumplan los requerimientos de autonomía, alta magistratura de opinión, experiencia y compromiso personal e idoneidad profesional y perspectiva de género.
El 15 de julio, el señor Presidente de la República, por conducto del Secretario Jurídico de la Presidencia, nos remitió una respuesta en la que agradece nuestras sugerencias y anuncia que serán tenidas en cuenta en el momento de conformar la terna.
Nuestras organizaciones acogen con satisfacción el hecho de que el señor Presidente se haya comprometido con nuestras organizaciones a tener en cuenta los criterios propuestos. En ese sentido, anunciamos que ejerceremos los mecanismos que la democracia participativa nos brinda para vigilar estrictamente el cumplimiento de tales requisitos y para hacer llegar nuestros comentarios sobre la conformación de la terna al señor Presidente teniendo en cuenta las hojas de vida de las personas candidatizadas. Igualmente, solicitamos a la Cámara de Representantes que, en su momento, realice una rueda de prensa con participación ciudadana para hacer seguimiento al proceso de selección.
Asociación de Familiares de Detenidos – Desaparecidos – ASFADDES, Asociación Nacional De Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial – ASONAL, Central Unitaria de Trabajadores – CUT, Comisión Colombiana de Juristas, Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, Confederación de Trabajadores de Colombia – CTC, Corporación Casa de la Mujer, Corporación Penca de Sábila, Corporación Viva la Ciudadanía, Fundación Dos Mundos, Fundación Hemera, Fundación Manuel Cepeda, Fundación Nueva República, Fundación para la Educación y el Desarrollo – FEDES, Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos – ILSA, Organización Femenina Popular, Planeta Paz, Sisma Mujer, Unión Nacional de Empleados Bancarios – UNEB.
Jul 28, 2004 | Comunicados de prensa, Noticias
La Corte Interamericana de Derechos Humanos responsabilizó al Estado colombiano por la violación de los derechos a la libertad, la integridad y la vida consagrados en la Convención Americana sobre DDHH.
El Estado Colombiano es condenado en el caso de los 19 comerciantes desaparecidos y asesinados por un grupo paramilitar en el municipio de Puerto Boyacá, el 6 de Octubre de 1987.
Según la Corte, “Con base en los elementos probatorios aportados a este proceso, el Tribunal considera que, en la época de los hechos relevantes del presente caso, el grupo “paramilitar” que desapareció a los 19 comerciantes tenía estrechos vínculos con altos mandos de la Fuerza Pública de la región del Magdalena Medio, así como también recibía apoyo y colaboración de éstos”.
17 de las personas asesinadas eran comerciantes que transportaban mercancía entre Cúcuta y Medellín y que fueron asesinados porque presuntamente traficaban armas para un frente de las FARC que operaba en la zona. Otras dos personas fueron desaparecidas cuando buscaban a sus familiares, un par de semanas después. El múltiple crimen fue atribuido al grupo paramilitar de Gonzalo Pérez Duran y sus hijos, el cual usaba como fachada la Asociación de Campesinos y Ganaderos del Magdalena Medio (ACDEGAM).
La sentencia de la Corte reconoce que “en el marco de la lucha contra los grupos guerrilleros, el Estado impulsó la creación de tales “grupos de autodefensa” entre la población civil, cuyos fines principales eran auxiliar a la Fuerza Pública en operaciones antisubversivas y defenderse de los grupos guerrilleros.
El Estado les otorgaba permisos para el porte y tenencia de armas, así como apoyo logístico.
[…] A partir de 1985, se hace notorio que muchos “grupos de autodefensa” cambiaron sus objetivos y se convirtieron en grupos de delincuencia, comúnmente llamados “paramilitares”. Primeramente se desarrollaron en la región del Magdalena Medio y se fueron extendiendo a otras regiones del país”.
Durante el proceso se logró probar que los altos mandos militares de la zona no sólo apoyaron a ese grupo para que se defendiera de la guerrilla, sino que además lo instaron a adoptar una actitud ofensiva.
Esa política era amparada por el Estado a través del Decreto de Estado de Sitio 3398 de 1965 (que organizó la defensa nacional), y que dio fundamento legal a la creación de grupos paramilitares al disponer que “el Ministerio de Defensa Nacional, por conducto de los comandos autorizados, podrá amparar, cuando lo estime conveniente, como de propiedad particular, armas que estén consideradas de uso privativo de las Fuerzas Armadas”.
“Dicha autorización tuvo por efecto el surgimiento y fortalecimiento de grupos paramilitares desde mediados de los años sesenta en adelante”, señala el tribunal en su sentencia.
Tras un infructuoso proceso ante la Justicia Penal Ordinaria y la Jurisdicción Penal Militar, por el múltiple asesinato solo fueron condenados tres de los autores materiales.
Pese a la evidencia, la Jurisdicción Penal Militar exoneró a los únicos cuatro oficiales y suboficiales que fueron vinculados por la justicia ordinaria al proceso.
Son ellos el Brigadier General, Farouk Yanine Díaz, el Teniente Coronel Hernando Navas Rubio, el Mayor Oscar de Jesús Echandía Sánchez y el Sargento Otoniel Hernández.
La Corte asegura que las autoridades competentes no realizaron actos de búsqueda ni de identificación de los restos mortales de las 19 víctimas, ni sus familiares accedieron a protección ni justicia pronta y eficaz.
Por lo tanto, determinó que el Estado violó también los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
En el fallo se ordena al Estado colombiano investigar efectivamente, en un plazo razonable, los hechos con el fin de identificar, juzgar y sancionar a todos los autores materiales e intelectuales de las violaciones cometidas y divulgar los resultados de la investigación; efectuar una búsqueda seria para determinar con certeza lo ocurrido con los restos de las víctimas; erigir un monumento en su memoria; realizar un acto público de reconocimiento de su responsabilidad y de desagravio en presencia de los familiares; brindar gratuitamente tratamiento médico y psicológico a los familiares de las víctimas; establecer todas las condiciones necesarias para que los familiares en el exilio puedan regresar a Colombia; garantizar la vida, integridad y seguridad de las personas que rindieron declaración ante la Corte y sus familias, y pagar las correspondientes indemnizaciones y los costos de las acciones judiciales y de otro orden en las que incurrieron los familiares.
Los familiares fueron representados por la Comisión Colombiana de Juristas ante el sistema interamericano de derechos humanos, con el apoyo del Centro para la Justicia y el Derecho Internacional CEJIL. El fallo, fechado el 5 de julio de 2004, fue notificado a la Comisión Colombiana de Juristas el 16 de julio.
El texto completo de la sentencia así como material de apoyo y para la prensa lo encuentra en www.coljuristas.org.
