Jan 15, 2021 | Comunicados de prensa, Noticias
Las recientes campañas de estigmatización, hostigamientos y operativos contra medios de comunicación en Venezuela constituyen una arremetida contra la libertad de expresión e información y atentan contra la importante contribución que estos medios realizan para darle visibilidad a las violaciones de derechos humanos cometidas por las autoridades venezolanas.
Estos ataques se producen después de otros incidentes de hostigamiento a otras organizaciones y pueden ser parte de una campaña más amplia contra la sociedad civil en Venezuela, en la que las autoridades atentan contra la labor de defensa de derechos humanos que realizan estos grupos.
El medio de comunicación Efecto Cocuyo, la cadena de radios comunitarias Fe y Alegría, así como el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, VPI TV y el diario Panorama, entre otros medios de comunicación, se convirtieron en el blanco de campañas estigmatizantes y operativos de fiscalización por parte de las autoridades que responden a Nicolás Maduro. Según la organización venezolana de derechos humanos Provea, durante los primeros ocho meses del estado de alarma declarado por la pandemia han sido detenidos 66 periodistas y trabajadores de medios de comunicación en Venezuela.
Desde el 6 de enero de 2021, medios de comunicación independientes como Efecto Cucuyo y El Pitazo fueron señalados primero por medios privados con una línea editorial afín al gobierno y luego por las autoridades, incluido el propio Maduro, de servir para “injerencia” extranjera por recibir cooperación internacional. Al mismo tiempo, el canal digital de noticias VPI TV fue sometido a una ardua fiscalización y a la incautación de sus equipos en su sede en Caracas, lo que provocó el cierre “momentáneo” de sus operaciones.
El 8 de enero, el diario Panorama dio a conocer en sus redes sociales que había sido clausurado por cinco días por el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), bajo el argumento de “incumplimiento a deberes formales de leyes tributarias”. La clausura fue acatada por el medio de comunicación.
Otros medios han sido objeto de ataques por parte de personas desconocidas durante el mismo período. Ejemplo de ello fue el reporte del periódico digital Tal Cual el 8 de enero, qué informó de un ataque digital de tres horas en su contra, durante las cuales hubo dificultades para acceder a su página web.
El gobierno de Nicolás Maduro frecuentemente usa señalamientos y otras formas de hostigamiento para amedrentar e intentar silenciar a quienes lo critican, expresan ideas contrarias a sus políticas, o denuncian violaciones de derechos humanos, e incluso contra actores humanitarios, atentando contra el derecho a la libertad de expresión.
Estos patrones de hostigamiento se pueden traducir en ataques graves contra la integridad, libertad y garantías judiciales de defensores de derechos humanos y periodistas. Según la Alta Comisionada para los Derechos Humanos Michelle Bachelet, en Venezuela “los periodistas y los defensores de los derechos humanos que critican al Gobierno siguen siendo objeto de intimidación y difamación pública” y existen “restricciones a la libertad de expresión” que incluyen la “aplicación de la legislación en contra del odio, ataques en contra de defensores de derechos humanos y detenciones de periodistas”.
Las violaciones a los derechos humanos ocurren de forma sistemática y generalizada en Venezuela, y la Misión de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas encontró “motivos razonables para creer que en Venezuela se cometieron crímenes de lesa humanidad” entre 2014 y 2020.
Las autoridades tienen la responsabilidad de prevenir estos hostigamientos y ataques, y abstenerse de alentarlos o realizarlos. La ocurrencia y recurrencia de este tipo de actuaciones, como la persecución en contra de defensores y periodistas, su detención ilegal o arbitraria, así como la eventual criminalización de la cooperación internacional que promueve la promoción y defensa de derechos humanos, incluida la libertad de expresión, podrían conducir a que se cometan otras graves violaciones de derechos humanos, incluyendo eventuales crímenes de derecho internacional.
Las organizaciones firmantes condenamos estos hechos y exigimos firmemente a las autoridades bajo el mando de Nicolás Maduro que pongan fin a los hostigamientos y ataques contra los medios de comunicación, periodistas y defensores de derechos humanos; igualmente solicitamos que garanticen no solo su labor informativa y el ejercicio de la libertad de expresión, sino también su contribución a visibilizar los abusos y las violaciones a derechos humanos que se cometen en Venezuela.
Organizaciones firmantes:
Amnistía Internacional
Comisión Internacional de Juristas
Conectas
Human Rights Watch
Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)
May 6, 2020 | Comunicados de prensa, Noticias
La Comisión Internacional de Juristas apoyó la realización de una serie de conversatorios online acerca de los desafíos que enfrentan los sistemas de justicia latinoamericanos en el marco de la emergencia generada por la pandemia.
Estos conversatorios abordaron temas diversos, como los servicios esenciales de justicia, el impacto del teletrabajo en la judicatura, la innovación en la justicia en tiempos de emergencia, la búsqueda de las personas desaparecidas, la situación de personas migrantes y el uso del litigio estratégico como herramienta de defensa de derechos fundamentales.
Esta iniciativa fue organizada por un grupo de mujeres de América Latina que trabajan en temas de justicia en la región, y fue apoyada por la Fundación para el Debido Proceso Legal (DPLF), la Fundación Construir, la Fundación Tribuna Constitucional, el Observatorio de Derechos y Justicia, y la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático del Derecho.
Los videos de las sesiones que se realizaron están disponibles en español en los siguientes enlaces:
Conversatorio 1: Servicios esenciales de justicia en tiempos de emergencia
https://www.youtube.com/watch?v=dEW-GJ9J0Po
Conversatorio 2: Teletrabajo y la Judicatura: Juezas en la primera línea de la justicia
https://www.youtube.com/watch?v=pn7h41pGfp8&feature=youtu.be
Conversatorio 3: Innovando en la justicia en tiempos de emergencia
https://www.youtube.com/watch?v=yZ-2y9Ir_RE&feature=youtu.be
Conversatorio 4: La búsqueda de personas desaparecidas
https://www.youtube.com/watch?v=rfWj_gjxJbs&feature=youtu.be
Conversatorio 5: La protección de las personas migrantes
https://www.youtube.com/watch?v=6kDOjklinnw&feature=youtu.be
Conversatorio 6: ¿Como puede el litigio estratégico protegernos frente a los efectos de la pandemia?
https://www.youtube.com/watch?v=IlwcZqq2CJ4&feature=youtu.be
Conversatorio 7: Experiencias nacionales de litigio estratégico frente al COVID-19
https://www.youtube.com/watch?v=Qd-J5pcEX7I&feature=youtu.be
Texto completo, en PDF: Videos-Sistemas-de-Justice-Press-Release-2020-SPA
Apr 3, 2020 | Comunicados de prensa, Noticias
Miles de personas pertenecientes a los Pueblos Indígenas de Guatemala (Mayas, Garífunas y Xincas), corren el riesgo de ser víctimas de la pandemia COVID-19, si el Gobierno no les provee, de manera inmediata, la información necesaria y les asegura el acceso a un adecuado servicio de salud, sin discriminación, afirmó hoy la CIJ.
“Los Pueblos Indígenas de Guatemala, enfrentan el riesgo de sufrir los efectos destructivos de la pandemia COVID-19, debido a la discriminación histórica y sistemática en su contra; lamentablemente, en la actual crisis, los Pueblos Indígenas no tienen acceso a información clara y sencilla, para saber cómo protegerse de la pandemia y cómo ser protegidos durante la emergencia, por el Sistema de Salud”, afirmó Ramón Cadena, Director de la CIJ para Centroamérica.
“Las comunidades indígenas que más podrían sufrir los efectos de la pandemia, son aquellas que sufren el abandono absoluto del Estado de Guatemala y viven en extrema pobreza en la frontera con México en el norte y occidente del pais”, añadió.
La CIJ requirió a las autoridades del Gobierno de Guatemala, que garanticen que fluya información clara sobre medidas concretas de salud pública, en los idiosmas Mayas (Ixil, Quiché, Mam, Q´eqchí, Kakchiquel, Canjobal, Chuj y otros), así como en los idiomas Garífuna y Xinca.
Durante la pandemia, el Estado de Guatemala no ha tomado en cuenta las dificultades (financieras, geográficas, tecnológicas y barreras lingüisticas) que enfrentan los Pueblos Indígenas, en lo que respecta al acceso a la información. Por el otro lado, la CIJ ha observado que la información sobre las medidas gubernamentales para enfrentar la pandemia, ha sido comunicada en forma muy limitada.
Los Pueblos Indígenas han sido excluidos del Sistema Oficial de Salud, por la discriminación de que son objeto y por la falta de recursos gubernamentales que se invierten en el Sistema de Salud, luego de los procesos de privatización de los servicios sociales, que se han venido implementando a partir de la firma de los Acuerdos de Paz.
“La debilidad del Sistema de Salud Pública, la prevalencia del racismo existente desde siglos atrás y la marcada desigualdad que sufren los Pueblos Indígenas, agravan aún más el impacto potencial que el Corona virus y la pandemia podrán tener en los Pueblos Indígenas”, afirmo Cadena.
La CIJ insta al Estado de Guatemala a tomar las medidas legislativas, administrativas y judiciales necesarias para preservar los derechos humanos de los Pueblos Indígenas durante la presente emergencia y específicamente, para preservar el derecho a la salud, a la alimentación y a la vivienda; asímismo, para garantizar una vida digna a los Pueblos Indígenas, libres de cualquier amenaza a sus derechos civiles y políticos.
“Todas las medidas que el Gobierno implemente para mitigar los efectos de la pandemia, deben ser estrictamente necesarias, legítimas, proporcionadas y temporales”, afirmó Cadena.
“Hay algunas garantías como el derecho a la Reparación y el Derecho de Acceso a la Justicia, que no pueden limitarse ni suspenderse en ninguna circunstancia, ya que son vitales para que las y los ciudadanos, incluidos los Pueblos Indígenas, puedan defender sus derechos. Tomando en cuenta que la presente pandemia afecta el Sistema Legal en diferentes formas, el Gobierno de Guatemala tendrá que tomar medidas específicas para evitar la discriminación en contra de los Pueblos Indígenas y para garantizar el Derecho de Acceso a la Justicia, durante la pandemia”, finalizó Cadena.
Feb 19, 2020 | Comunicados de prensa, Noticias
Junto con Sizani Ngubane, de Sudáfrica, y Norma Librada Ledezma, de México, Huda era una las tres defensoras de los derechos humanos seleccionadas como finalistas para el Premio por un jurado formado por diez de las principales organizaciones de derechos humanos del mundo, incluyendo la CIJ.
La ceremonia de entrega del Premio Martin Ennals 2020, copatrocinada por la Fundación Martin Ennals y la Ciudad de Ginebra, se celebró hoy, y por primera vez en la historia del galardón, los tres finalistas son mujeres.
“Las defensoras de los derechos humanos corren los mismos riesgos que cualquier defensor de los derechos humanos, pero al ser mujeres, debido a su género están expuestas también a determinadas formas de violencia y violaciones de derechos humanos. Los defensores y defensoras de los derechos humanos son sometidos a menudo a estigmatización y exclusión por líderes comunitarios, grupos religiosos, e incluso miembros de su familia”, afirma la alcaldesa de la Ciudad de Ginebra, Sandrine Salerno.
“La Fundación Martin Ennals se siente especialmente orgullosa de honrar y apoyar este año por sus logros a tres resilientes defensoras de los derechos humanos: nuestra galardonada, Huda Al- Sarari, y nuestras dos finalistas, Sizani Ngubane y Norma Librada Ledezma. Esperamos que el premio sirva para dar a conocer sus logros y crear sólidos mecanismos de protección en torno a ellas”, explica Philippe Currat, presidente de la Junta Directiva de la Fundación Martin Ennals.
“Ser defensor de los derechos humanos en Yemen es una tarea sumamente difícil, y ser mujerhace que resulte aún más ardua. En una sociedad dominada por hombres, he tenido que demostrar mi valía quizá 10 veces más que un hombre”, explica Huda.
A pesar de las amenazas, campañas de difamación y sacrificios que ella y su familia han soportado, Huda continúa estando al lado de las familias de quienes han desaparecido.
“Recibir el Premio Martin Ennals para Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos significa muchísimo para mí. Me da una gran fuerza y valor para continuar esta lucha por la justicia”, afirma. “Creo que el Premio será de enorme importancia para llamar la atención sobre el sufrimiento constante de las víctimas de detención arbitraria, abusos y tortura en Yemen”, asegura.
Hans Thoolen, presidente del Jurado del Premio Martin Ennals, señala: “Felicitamos a Huda por la labor que ha realizado, no sólo en el contexto de la guerra civil que sufre Yemen, sino también en un país donde las mujeres luchan todavía por expresar sus derechos políticos y civiles. El legado de Huda es esencial, pues sus exhaustivas investigaciones y su búsqueda de rendición de cuentas servirán para que se haga justicia por las violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto.”
Las dos finalistas del Premio Martin Ennals de este año son Sizani Ngubane (de Sudáfrica) y Norma Librada Ledezma (de México).
Sizani es una defensora de los derechos humanos que promueve el derecho de las mujeres sobre la tierra en las zonas rurales de Sudáfrica. También presta apoyo a las mujeres para que tengan acceso a la educación, y lucha por el fin de la práctica tradicional conocida como ukuthwala, consistente en el secuestro y matrimonio forzado de niñas y mujeres.
Norma es la fundadora de la organización Justicia para Nuestras Hijas. Ha ayudado a realizar más de 200 investigaciones sobre casos de feminicidio, desaparición forzada y trata de personas ocurridos en Chihuahua (México).
Las organizaciones miembro del Jurado del Premio Martin Ennals han alabado el compromiso y los enormes logros de ambas en sus respectivos países.
La Ciudad de Ginebra patrocina la ceremonia de entrega del Premio, junto con la Fundación Martin Ennals, desde 2008 como parte de su hondo compromiso con la defensa de los derechos humanos. El apoyo que presta la ciudad, por medio de su Servicio de Solidaridad Internacional, refleja su misión de promover los derechos humanos en el ámbito internacional y
El Jurado del Premio Martin Ennals está integrado por diez de las principales organizaciones de derechos humanos del mundo: la CIJ, Amnistía Internacional, la Federación Internacional de los Derechos Humanos, Human Rights First, el Sistema Internacional de Información y Documentación sobre Derechos Humanos (HURIDOCS) , el Servicio Internacional para los Derechos Humanos, Brot für die Welt (Pan para el Mundo), Front Line Defenders, Human Rights Watch y la Organización Mundial contra la Tortura.
Contacto
Olivier van Bogaert, Director de comunicación de la CIJ, miembro del jurado, t: +41 22 979 38 08 ; e: olivier.vanbogaert(a)icj.org
Universal-MEA2020bios-News-2019-SPA (biografías completas de las finalistas, en PDF)
Para ver la ceremonia
https://www.facebook.com/MartinEnnals/videos/2552501445008021/
Nov 26, 2019 | Comunicados de prensa, Noticias
Las finalistas del Premio Martin Ennals 2020 son tres mujeres excepcionales – Huda Al-Sarari, Norma Ledezma y Sizani Ngubane – reflejo del lugar preponderante que actualmente ocupan las mujeres en la defensa de los derechos humanos. La CIJ es miembro del jurado.
En Yemen, Huda Al-Sarari denuncia la existencia de prisiones secretas y numerosos casos de tortura.
En México, Norma Ledezma lucha contra los feminicidios y casos de desaparición.
En Sudáfrica, Sizani Ngubane promueve el acceso de las mujeres a la educación y a la tierra.
Tres mujeres candidatas: un estreno
El Premio Martin Ennals recompensa cada año a defensores o defensoras de los derechos humanos procedentes del mundo entero que se distinguen por su profundo compromiso, un compromiso que a menudo pone en peligro su vida.
Para la edición de 2020, el jurado ha elegido por primera vez como candidatas a tres mujeres que defienden los derechos fundamentales de sus comunidades en contextos delicados.
«La Fundación Martin Ennals se enorgullece de rendir homenaje al valiente trabajo de tres mujeres. La selección de nuestro jurado para el Premio Martin Ennals 2020 refleja el importante impulso mundial de individuos que, sea cual sea su género, trabajan por el respeto de los derechos humanos, y de los derechos de las mujeres en particular», señala Isabel de Sola, directora de la Fundación Martin Ennals.
«Las finalistas del Premio Martin Ennals 2020 trabajan en continentes distintos, pero las tres tienen en común su resistencia, su determinación, su enorme rigor y, por último, el impacto positivo y concreto de su trabajo», subraya Hans Thoolen, presidente del jurado.
Las finalistas
En Yemen, en un conflicto que causa estragos desde 2005, Huda Al-Sarari, abogada yemení, ha desvelado la existencia de varios centros de detención secretos en los que se han cometido las peores violaciones de derechos humanos: torturas, desapariciones e incluso ejecuciones sumarias.
En Sudáfrica, las mujeres se enfrentan a una discriminación que se traduce en una violencia de género muy extendida. En las comunidades rurales, las mujeres a menudo se ven expropiadas de sus tierras, y se las priva de la educación y del acceso a la justicia. Sizani Ngubane fundó una organización de más de 50.000 mujeres procedentes de zonas rurales del país y desde hace más de 40 años lucha con éxito para que se reconozcan sus derechos.
En México, con el Estado de derecho desmoronándose, la población civil paga el elevado precio de la violencia y la impunidad generalizadas. Las mujeres son las principales víctimas de ese desmoronamiento: cada año se cometen más de 3.500 feminicidios. Norma Ledezma, madre de una de las víctimas, se dedica a acompañar a las familias del estado de Chihuahua en su acceso a la justicia.
Los finalistas han sido seleccionados por las organizaciones representadas en el jurado: la CIJ, Amnesty International, Human Rights Watch, Human Rights First, International Federation for Human Rights, World Organisation Against Torture, Front Line Defenders, EWDE Germany, International Service for Human Rights y HURIDOCS.
Velada de entrega del Premio, el 19 de febrero de 2020 El Premio Martin Ennals 2020 será otorgado a una de las tres finalistas el 19 de febrero de 2020 durante una velada pública y retransmitida en livestream. El evento es organizado por la Ciudad de Ginebra que, fiel a su compromiso en favor de los derechos humanos, respalda el Premio desde hace numerosos años.
Contacto
Olivier van Bogaert, Director de comunicación de la CIJ, miembro del jurado, t: +41 22 979 38 08 ; e: olivier.vanbogaert(a)icj.org
Universal-MEA2020bios-News-2019-SPA (biografías completas de las finalistas, en PDF)
Oct 14, 2019 | Comunicados de prensa, Multimedia, Noticias
La condena impuesta hoy a los líderes independentistas catalanes por una amplia definición del delito de sedición restringe excesivamente e ilegalmente los derechos de libertad de expresión, asamblea y asociación, dijo hoy la CIJ.
“Estas condenas representan una grave interferencia con el ejercicio de la libertad de expresión, asociación y asamblea de los líderes catalanes. El recurso a la ley de sedición para restringir el ejercicio de estos derechos es innecesaria, desproporcionada e injustificable” dijo Massimo Frigo, asesor legal senior para la CIJ en Europa y Asia Central.
La CIJ también puntualizó que la excesivamente amplia definición del delito de sedición aplicada en este caso crea un alto riesgo de arbitrariedad.
“Nos preocupa que el Tribunal Supremo no haya tenido totalmente en cuenta las obligaciones de España bajo el derecho internacional de los derechos humanos en su consideración de los cargos contra estos acusados lo cual mina seriamente sus condenas” añadió.
Nueve de los doce líderes politicos procesados – incluyendo altos cargos del gobierno catalán – han sido condenados por sedición en conexión con su contribución a la administración el 1 de octubre de 2017 de un referéndum sobre la independencia de Cataluña. El referéndum se llevó acabo pese haber sido declarado ilegal por el Tribunal Constitucional.
El proceso de voto durante el referéndum fue reprimido por la fuerza en muchas localidades por la policía, con informes creíbles de uso innecesario y desproporcionado de la fuerza en violación de las obligaciones de España en derecho internacional.
“La intereferencia con la expresión y protesta política pacífica es inacceptable, salvo en limitadas circunstancias en las que sea estrictamente necesario y proporcionado por razones convincentes como la seguridad nacional.” dijo Frigo.
Contacto
Massimo Frigo, asesor legal senior, Programa Europeo de la CIJ, t: +41 22 979 38 05 ; e:massimo.frigo(a)icj.org
Antecedentes
Las doce personas que han sido condenadas en conexión con el referéndum de Octubre de 2017 incluyen a Oriol Junqueras, ex-vicepresidente de la Generalitat catalana; Carme Forcadell, ex-presidenta del Parlament catalán; ocho ex-consejeros del Gobierno catalán – Jordi Turull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Santi Vila, Meritxel Borràs, Dolors Bassa, Josep Rull, Carles Mundó -; Jordi Sànchez, ex-líder de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), y Jordi Cuixart, ex-líder de la organización independentista Òmnium Cultural.
España tiene obligación de proteger la libertad de expresión, incluyendo la expresión política, bajo el artículo 10 de la Convención Europea de Derechos Humanos (ECHR, por sus siglas en inglés) y el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR, por sus siglas en inglés), y la libertad de asamblea y asociación pacíficas bajo el artículo 11 de ECHR y los artículos 21 y 22 de ICCPR.
El Comentario General sobre libertad de expresión del Comité de Derechos Humanos afirma que Los Estados partes deben procurar con el mayor cuidado que las leyes sobre traición y las disposiciones similares que se refieren a la seguridad nacional, tanto si se califican de leyes sobre secretos de Estado o sobre sedición, o de otra manera, estén redactadas y se apliquen de conformidad con las condiciones estrictas del párrafo 3 del artículo 19 del ICCPR, lo cual requiere que las restricciones en la libertad de expresión estén legisladas y que sean necesarias en base a propósito legítimo, como la seguridad nacional o el orden público. El derecho a participar en la vida pública está protegido bajo el artículo 25 de ICCPR.
