Apr 30, 2018 | Comunicados de prensa, Noticias
La CIJ enumera varias consideraciones y recomendaciones para asegurar la elección de un Fiscal General independiente.
La CIJ expresa:
1. La Junta Proponente para la elección del Fiscal General deberá llevar a cabo un proceso público y transparente, con el objeto de devolver al pueblo de Honduras la credibilidad en la justicia y presentar al Congreso Nacional una nómina de 5 personas seleccionadas por razones fundadas en méritos de capacidad, idoneidad, independencia, integridad moral y honestidad. En la segunda fase, el Congreso Nacional también deberá de implementar un proceso público y transparente, que permita nuevamente la fiscalización por parte de la sociedad hondureña del proceso de elección de la cabeza del Ministerio Público.
2. En la primera fase, la Junta Proponente debería utilizar las herramientas del perfil, tabla de gradación y entrevista pública, con el objeto de determinar a fondo si la o el profesional reúne las condiciones para ser preseleccionada por razones fundadas en méritos de capacidad, honestidad, independencia, integridad moral e idoneidad y no únicamente por predilecciones o prejuicios. La CIJ ha podido constatar en procesos similares anteriores, que la Junta Proponente cumple con los requerimientos formales, pero no hace un esfuerzo para seleccionar a los mejores candidatos y cumplir así con los estándares internacionales sobre el fondo de la elección, y en particular las Directrices sobre las funciones de los fiscales, de las Naciones Unidas.
3. Dado el controvertido desempeño en la función del actual Fiscal General, la CIJ considera que no es recomendable su reelección, toda vez que existen legítimas y serias dudas de que no reúna las condiciones establecidas por los estándares internacionales. En este sentido, es necesario e importante, investigar y definir si el Fiscal General actual, actuó con absoluta independencia y honestidad durante su gestión.
4. La Junta Proponente y el Estado de Honduras deben asegurar que el proceso de elección del próximo Fiscal General en todas sus fases, garantice una elección de personas únicamente basada en méritos, idoneidad y competencia profesional e integridad moral y honestidad y no en predilecciones o prejuicios. Ello constituye una salvaguarda fundamental para una recta e independiente administración de justicia y para evitar riesgos de parcialidad del Fiscal General.
5. Al respecto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también ha reconodido la importancia de que los Estados establezcan salvaguardas para evitar las negociaciones entre partidos políticos. La CIJ considera que estas salvaguardas serían necesarias y apropiadas para la actual elección, tomando en cuenta que en Honduras las negociaciones entre partidos políticos, son una práctica constante y reiterada en estos procesos;
6. Si bien es importante la presencia de la Sociedad Civil en la Junta Nominadora, la CIJ pudo constatar que existen razones fundadas para cuestionar dicha participación, por tratarse de un proceso de participación viciado. Así lo ha declarado la Sala Constitucional, al resolver con lugar la inconstitucionalidad de la reforma de la Ley del Ministerio Público, que habilitaba la participación de un representante de la sociedad civil en la Junta Proponente.
7. En tal sentido, la CIJ considera que la Junta Proponente debería ceñirse a lo establecido en la Ley con respecto a la integración de la dicha Junta. El Presidente de la Junta Proponente debería verificar que todos los miembros de dicha Junta, sean idóneos para integrarla y que cuenten con las calificaciones jurídicas apropiadas, para llevar a cabo tan importante misión con transparencia, independencia, imparcialidad y honestidad.
8. La CIJ insta a la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), que lleve a cabo una investigación profunda acerca de este proceso y para determinar el cumplimiento de los estándares internacionales, cuyo respeto constituye la principal garantía para que el próximo Fiscal General, sea una persona independiente y electa en base a méritos y no por preferencias.
Ramón Cadena, Director de la CIJ para Centro América expresó: “La o el Fiscal General es una autoridad pública que en nombre de la sociedad y del interés público, debe asegurar la aplicación de la ley y perseguir los delitos. Por ello, el Estado de Honduras debe llevar a cabo un proceso que permita culminar con la elección de un Fiscal General independiente y designado por razones fundadas en méritos y no en predilecciones, y que reuna las condiciones exigidas por los estándares internacionales.”
Apr 4, 2018 | Comunicados de prensa, Noticias
La CIJ está hondamente preocupada ante la falta de independencia de los miembros de la comisión de postulación para la elección de fiscal general.
Desde el 27 de agosto de 2017, cuando el Presidente de la República declaró “persona non grata” al Comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG), Iván Velásquez (foto), el Estado de Derecho de Guatemala viene siendo seriamente afectado por diferentes funcionarios al más alto nivel.
En dicha ocasión, la Corte de Constitucionalidad jugó un papel primordial en la defensa del Orden Constitucional y a favor del rescate del Estado de Derecho, al emitir varias resoluciones que lograron detener las acciones ilegítimas, que intentaron implementar al más alto nivel, el Presidente de la República y las y los diputados del Congreso de la República, para consolidar la impunidad.
En este contexto, se ha llevado a cabo la primera fase de la elección de Fiscal General por parte de la Comisión de Postulación. Informes, como el de la organización “Insight Crime”, señalan que los miembros de la Comisión de Postulación para la elección de Fiscal General, en lugar de actuar para cumplir correctamente con su mandato constitucional y coadyuvar para que el Estado de Guatemala logre alcanzar el bien común, lo hacen únicamente para satisfacer intereses de grupos vinculados al poder político, económico o militar.
Este actuar arbitrario socava el Estado de Derecho y provoca que la ciudadanía en general pierda la credibilidad en las instituciones de justicia y en el Estado de Derecho.
La CIJ considera oportuno recordar, en este momento del proceso de elección de Fiscal General, a los miembros de la Comisión de Postulación, que son funcionarios públicos sujetos a la Constitución Política de la República de Guatemala, a los Convenios internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado de Guatemala, a las leyes ordinarias y a las decisiones de la Corte de Constitucionalidad en la materia.
La Constitución prescribe que el nombramiento en empleos o cargos públicos sólo se debe hacer sobre “razones fundadas en méritos de capacidad, idoneidad y honradez” (artículo 133).
En ese contexto, la CIJ recuerda el precedente de la elección de Fiscal General en el año 2010, cuando la Corte de Constitucionalidad ordenó repetir y reiniciar todo el proceso. En dicha oportunidad, varios de los comisionados tuvieron que inhibirse y se retiraron del proceso. Cuatro de dichos comisionados, vuelven a integrar hoy la Comisión de Postulación, lo cual introduce más dudas acerca de la legitimidad del proceso.
La CIJ recuerda que, para la realización de investigaciones independientes e imparciales, que garanticen el acceso a la justicia de las víctimas de los delitos y para romper el círculo de la impunidad, es fundamental que la Fiscalía pueda llevar a cabo su labor de modo independiente, autónomo e imparcial.
En ese sentido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Relator de las Naciones Unidas para la Independencia de los Magistrados y Abogados, han señalado que la relación de dependencia que puedan tener la Fiscalía respecto de otros órganos – como el Poder Ejecutivo- puede tener un impacto negativo en su actuación independiente e imparcial, socavar la efectividad de las investigaciones y ser un factor de impunidad.
La CIJ considera que el “pacto de impunidad” que está en marcha, pretende cooptar al Ministerio Público y afectar el buen trabajo que realiza el comisionado Iván Velásquez, a favor de la lucha contra la impunidad.
De llegar a ser electo un o una Fiscal General que no reúna los requisitos establecidos en el artículo 113 de la Constitución, el daño a la sociedad guatemalteca en su conjunto, puede llegar a ser de múltiples dimensiones, difíciles de cuantificar y causar “daños irreparables al sistema de justicia”, por su falta de independencia frente a cualquiera de los tres poderes del Estado o por su compromiso de defender los intereses de grupos del poder político, económico, militar o del crimen organizado.
La CIJ esta hondamente preocupada por el hecho de que exista un potencial conflicto de intereses por parte del Presidente de la República en el proceso de seleción y nombramiento del Fiscal General, toda vez que el primer mandatario ha sido sido cuestionado por su posible involucramiento en el Caso Hogar Seguro, en el que resultaron muertas 41 niñas, hechos que deben ser investigados por el Ministerio Público y además, su hijo y hermano están siendo procesados por casos denunciados por el Ministerio Público y vinculados a la lucha contra la corrupción.
Ramón Cadena, Director de la CIJ para Centro América, expresó: “La decisión final de la Comisión de Postulación deberá estar bien fundamentada y de ninguna manera podrán elegir personas que no reunan las condiciones previstas por el artículo 113 de la Constitución, que generen la más mínima duda con respecto a su independencia, honestidad e idoneidad o que resulten ser parte del pacto de impunidad existente.”
Feb 16, 2018 | Comunicados de prensa, Noticias
La CIJ considera que el ataque contra la Fiscal Sonia Montes constituye un grave atentado contra la justicia en el país.
La CIJ exige al Presidente de la República, como Jefe de la fuerza pública, esclarecer estos hechos a la mayor brevedad posible y tomar las medidas necesarias para que los presuntos autores de estos hechos sean llevados ante la justicia.
La CIJ destaca que el papel que viene jugando la Fiscal Sonia Montes en la búsqueda de justicia en casos de graves violaciones a los derechos humanos cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas durante el conflicto armado interno, ha cobrado mayor relevancia en estos días, cuando el juicio por el delito de Genocidio se ha reiniciado semanas atrás.
“Este atentado constituye un ataque contra la justicia en Guatemala así como contra de todo el movimiento de derechos humanos de ese país. Este tipo de ataques pretenden afectar seriamente la Democracia y el Estado de Derecho y obstruir la justicia,” declaró Ramón Cadena, Director de la CIJ para Centroamérica.
Ante estos hechos condenables, la CIJ expresa su total solidaridad hacia la Fiscal de Derechos Humanos Sonia Montes, su familia y su motorista Néstor Valdes Antonio; asímismo, expresa su apoyo a la Fiscal General Thelma Aldana y al Comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG), Iván Velásquez y a todas y todos los fiscales y operadores de justicia, que realizan un trabajo diario y comprometido con la lucha contra la impunidad y la corrupción.
Ramón Cadena, Director de la CIJ para Centroamérica expresó:
“Exigimos al Presidente de la República Jimmy Morales una investigación pronta y eficiente, que permita individualizar la responsabilidad penal de los autores materiales e intelectuales de estos hechos. Hacemos un llamado a la ciudadanía guatemalteca, para no dejarse intimidar ante estos hechos de violencia.”
Oct 5, 2017 | Comunicados de prensa
La CIJ hace un llamado a Venezuela a que acepte las solicitudes de visitas al país que han formulado, desde hace varios años, los Procedimientos especiales de las Naciones Unidas, cuyos mandatos son más relevantes para el Estado de Derecho y la crisis de derechos humanos.
La CIJ toma nota del anuncio del Gobierno de Venezuela de invitar al país al Experto independiente sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo de las Naciones Unidas, Sr. Alfred de Zayas.
Este anuncio, así como él de invitar al país al Relator Especial sobre el derecho al desarrollo, resulta significativo. Por más de una década, el Gobierno venezolano ha denegado o dejado sin respuesta las solicitudes de visita al país de numerosos Expertos de las Naciones Unidas (conocidos como “Procedimientos especiales”). La última misión realizada a Venezuela por un Procedimiento especial, fue la del Relator Especial sobre la Tortura en 1996.
Sin embargo, dada la ruptura del Estado de Derecho y la gravísima situación de derechos humanos en Venezuela, se requiere urgentemente que otros Procedimientos especiales de Naciones Unidas, con un mandato relevante, realicen misiones en el país.
“En el curso de este año las ejecuciones extrajudiciales y arbitrarias, la tortura y malos tratos a detenidos, la detención arbitraria, el juzgamiento de civiles por tribunales militares y las persecuciones y ataques contra opositores, disidentes y defensores de derechos humanos se han convertido en prácticas sistemáticas y generalizadas en Venezuela”, declaró Federico Andreu-Guzmán, Representante para Suramérica de la CIJ.
“Por lo tanto, es difícil entender por qué el Gobierno de Venezuela no responde a las solicitudes formuladas desde larga data por los Procedimientos especiales con mandatos sobre estas violaciones, mientras invita de forma proactiva a otros Expertos de las Naciones Unidas”, agregó Andreu-Guzmán.
La CIJ hace, por lo tanto, un llamado al Gobierno de Venezuela a que invite a visitar el país al Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria y a los Relatores Especiales sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; la independencia de los magistrados y abogados; la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación; la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; y sobre la situación de los defensores de derechos humanos. Todos estos Expertos de las Naciones Unidas han solicitado visitar Venezuela desde tiempo atrás, incluso algunos desde hace varios años, sin que el Gobierno venezolano haya aceptado estas solicitudes hasta ahora.
“Los Estados miembros de las Naciones Unidas tienen, bajo la Carta de las Naciones Unidas, la obligación de cooperar con los Procedimientos especiales de derechos humanos de esta organización. Esta obligación cobra particular importancia cuando el Estado es miembro del Consejo de Derechos Humanos, como es el caso de Venezuela”, declaró Andreu-Guzmán.
Asimismo, la CIJ hace un llamado al Gobierno de Venezuela para que acepte la solicitud de visita al país que, desde el año 2004, ha reiterativamente formulado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Información complementaria
Desde hace varios años, los siguientes Procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas han solicitado visitar a Venezuela: el Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; el Relator Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos; el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria; el Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados; la Relatora Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación; la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias; el Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; el Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; el Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas; la Relatora Especial sobre una vivienda adecuada como elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado; y la Relatora Especial sobre el derecho a la alimentación.
En el ámbito regional, aunque denunció la Convención Americana sobre Derechos Humanos en septiembre de 2012, Venezuela sigue siendo Estado parte de tres tratados interamericanos de derechos humanos (La Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura; la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas; y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer). Sin embargo, las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han sido sistemáticamente ignoradas por el Estado venezolano, el cual además ha denegado las solicitudes de visita al país que este órgano ha formulado desde el año 2004.
Contactos
Federico Andreu-Guzmán, Representante para Suramérica de la CIJ, tel: +57 311 481 8094; correo electrónico federico.andreu@icj.org
Carlos Ayala Corao, Comisionado de la CIJ (Venezuela), tel: +57 414 243 4872; correo electrónico cayala@cjlegal.net
Alex Conte, Iniciativa Global de la CIJ sobre Reparación y Rendición de Cuentas, tel: +22 979 3802; email: alex.conte@icj.org
Sep 12, 2017 | Comunicados de prensa, Informes, Noticias, Publicaciones
Hoy la Comisión Internacional de Juristas lanza un nuevo informe sobre la grave ruptura del Estado de Derecho: El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela: un instrumento del Poder Ejecutivo.
A través de diferentes sentencias emitidas desde diciembre de 2015, el máximo órgano de la Judicatura venezolana fue progresivamente desmantelando el Estado de Derecho, socavando los derechos humanos y dejando sin aplicación la Constitución política de ese país.
En sus decisiones Nos. 155 y 156 de marzo de 2017, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) daría una estocada final al Estado de Derecho, arrogándose las facultades legislativas, despojando a la Asamblea Nacional de sus facultades constitucionales y otorgando amplísimos y arbitrarios poderes al Ejecutivo.
En su Sentencia No. 155 de 27 de marzo de 2017, el TSJ se pronunció sobre un recurso de nulidad presentado por un Diputado oficialista contra un acto de la Asamblea Nacional, que pedía la reactivación del proceso de aplicación de la Carta Democrática Interamericana de la Organización de los Estados Americanos, para una resolución pacífica de la crisis y la reinstauración del orden constitucional en Venezuela.
En su Sentencia No. 156 de 28 de marzo de 2017, el TSJ se pronunció sobre una demanda de interpretación sobre Ley Orgánica de Hidrocarburos, que cercenó las facultades constitucionales de la Asamblea Nacional.
“Estas decisiones constituyen un verdadero Golpe de Estado al orden constitucional y han dado inicio del reino de la arbitrariedad”, declaró Sam Zarifi, Secretario General de la CIJ.
El informe de la CIJ analiza, a la luz de estándares internacionales y de los principios del Estado de Derecho así como de la Constitución venezolana, la jurisprudencia emitida desde diciembre de 2015 por el TSJ en relación con las funciones y facultades constitucionales del Poder Legislativo, el control parlamentario, los estados de excepción y la amnistía.
El TSJ – una institución totalmente cooptada por el Poder Ejecutivo e integrada mayoritariamente por del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y/o ex funcionarios del Gobierno- se convirtió en un apéndice del Gobierno y un instrumento político del régimen para enfrentar la cada vez más creciente oposición política y social.
Invocando arbitrarias interpretaciones de la Constitución, omitiendo el análisis de otras normas constitucionales, otorgando rango supraconstitucional a normas de inferior jerarquía y obviando el debido proceso y el sistema de contradicción judicial, el TSJ fue despojando y vaciando a la Asamblea Nacional de sus funciones constitucionales en materia legislativa, de control parlamentario, de reglamentación y de administración interna, para favorecer políticamente al Gobierno.
“Los fallos no se han proferido con imparcialidad, de conformidad a los hechos y el derecho, como lo prescriben el principio 2 de los Principios básicos relativos a la independencia de la judicatura pero más bien están en flagrante violación de la Constitución venezolana. El TSJ ha proferido sus decisiones basado en consideraciones políticas y lealtades partidistas e ideológicas con el Poder Ejecutivo”, declaró Sam Zarifi.
Asimismo, el informe relaciona las recomendaciones sobre administración de justicia que han venido formulando a Venezuela, desde hace varios años, distintos órganos y procedimientos internacionales de protección de los derechos humanos, tanto en el ámbito de las Naciones Unidas como del Sistema Interamericano.
Ninguna de esas recomendaciones ha sido acatada por las autoridades venezolanas, incluso las órdenes de reparación decretadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las cuales son de obligatorio cumplimiento.
“Esa posición de las autoridades venezolana es violatoria de su obligación internacional de cooperar de buena fe con órganos y procedimientos internacionales de protección de los derechos humanos”, declaró Sam Zarifi.
Finalmente, el informe concluye que el TSJ ha socavado el Estado de Derecho, vulnerado el principio de separación de poderes y conculcado las funciones constitucionales y la autonomía del Poder Legislativo.
El TSJ, como consecuencia de sus decisiones basadas en imponer los intereses políticos del Poder Ejecutivo, ha perdido sus atributos esenciales de un genuino Poder Judicial, tales como: independencia, imparcialidad, autonomía, y legitimidad.
“El TSJ ha asumido un rol de dar apariencia de legitimidad jurídica a las acciones políticas arbitrarias emanadas del Poder Ejecutivo, convirtiéndose en un apéndice del Poder Ejecutivo y dejando de ejercer su función constitucional de garante del Estado de Derecho y de los derechos humanos y libertades fundamentales”, declaró Sam Zarifi.
Contactos:
Sam Zarifi: Secretario General de la CIJ; t +41 79 726 44 15 ; e sam.zarifi@icj.org
Federico Andreu-Guzmán: Representante para Suramérica de la CIJ; t + 57 311 481 8094; e federico.andreu@icj.org
Venezuela-Tribunal Supremo-Publications-Reports-Thematic reports-2017-SPA (el informe en PDF)
Venezuela-Actualización-Advocacy-Analysis brief-2017-SPA (mas información en PDF)
Aug 30, 2017 | Comunicados de prensa, Noticias
La CIJ considera que la crisis institucional que se vive en Guatemala requiere la intervención directa del Secretario General de Naciones Unidas Sr. Antonio Guterres.
La CIJ a la comunidad nacional e internacional expresa:
1. El Acuerdo entre La Organización de las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala, relativo al establecimiento de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), en su punto 10 numeral 4. , establece el compromiso del Gobierno, de proporcionar a la CICIG y a su personal, en todo el territorio, “la seguridad necesaria para el cumplimiento eficaz de sus actividades”. Además, el punto 10 citado anteriormente, compromete al Gobierno de Guatemala a velar por que el personal de la CICIG, nacional o internacional, no sea objeto de abusos, amenazas, represalias o intimidaciones, por el desempeño de su trabajo.
2. Los actos unilaterales del Presidente Jimmy Morales constituyen una violación a dichas garantías y pueden interpretarse como un mecanismo para afectar el eficiente trabajo que viene realizando el Comisionado Iván Velásquez al frente de la CICIG; para obstaculizar la justicia, para interferir en la Independencia del Poder Judicial y promover así, más impunidad en el país.
3. La decisión de la Corte de Constitucionalidad de dejar en suspenso en forma definitiva el acto reclamado por el Procurador de los Derechos Humanos y de esa forma, dejar sin efecto el acto unilateral por medio del cual el Presidente Jimmy Morales declaró “persona non grata” al Comisionado Velásquez, viene a reforzar el Estado de Derecho en Guatemala y fortalece al máximo Tribunal Constitucional.
Sam Zarifi, Secretario General de la Comisión Internacional de Juristas expresó:
“Ante la crisis institucional que se vive en Guatemala, la Comisión Internacional de Juristas considera que es necesaria la intervención directa del Secretario General de Naciones Unidas Sr. Antonio Guterres mediante una Misión de Alto Nivel, que permita evaluar “in loco”, si el Gobierno de Guatemala está dispuesto a honrar el Acuerdo firmado en la ciudad de Nueva York el 12 de diciembre de 2006.”
“El Gobierno de Guatemala debe dar a la Organización de las Naciones Unidas, garantías convincentes de que la CICIG, el Comisionado Iván Velásquez y todo su personal nacional e internacional, podrán cumplir en el futuro con sus funciones, sin abusos, amenazas, represalias o intimidaciones de ningún tipo,” concluyó.
