Aug 28, 2017 | Comunicados de prensa, Noticias
La CIJ dice que la declaración de Iván Velásquez como persona no grata es un fraude de ley y sin efecto legal.
La CIJ a la comunidad nacional e internacional expresa:
- Que la decisión del Presidente Morales de declarar “non grato” y de expulsar del país a Comisionado Iván Velásquez (foto), es nula “de pleno derecho” y no nació a la vida jurídica por las siguientes razones:
- Fue emitida de “mala fe” por el Presidente Morales, ya que el verdadero objetivo de la misma es obstruir a la justicia y proteger a él y a su familia; en tal sentido viola la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (artículo 26), ratificada por el Estado de Guatemala;
- Por tal razón, se trata de un acto contrario al Derecho internacional de los Derechos Humanos, que también viola el artículo 149 de la Constitución Política de la República de Guatemala;
- Nuevamente se configura el “fraude de ley“, de conformidad con el artículo 4. segundo párrafo, de la Ley del Organismo Judicial (Dto. 2-89 del Congreso de la República), ya que de conformidad con dicho artículo “los actos realizados al amparo del texto de una norma, que persigan un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico, o contrario a él, se consideran ejecutadas en fraude de ley y no impedirán la debida aplicación de la norma que se hubiere tratado de eludir”;
- El Presidente Morales resolvió declarar non grato al Comisionado Velásquez para obstruir la justicia y provocar más impunidad; es importante recordar que la lucha contra la impunidad constituye una norma imperativa delDerecho internacional, de carácter obligatorio y que no admite derogación alguna;
- El acto unilateral del Presidente Morales atenta contra la Independencia Judicial. En menos de dos meses, es la segunda vez que el Presidente Morales comete este tipo de hecho antijurídico, ya que con anterioridad, trató de influir ilegalmente en los magistrados de la Corte Suprema de Justicia;
- Según el artículo 4. primer párrafo de la Ley del Organismo Judicial citada, “los actos contrarios a las normas imperativas y a las prohibitivas expresas, son nulos de pleno derecho”.
- Por todo ello, la CIJ pide al Ministerio Público abrir un expediente en contra del Presidente Morales y hacer todo lo que esté a su alcance, para que se deduzcan las responsabilidades penales y civiles a que da lugar, la conducta ilegal del Presidente de la República.
- La CIJ apoya y valora altamente la gestión del Comisionado de la CICIG Iván Velásquez
Ramón Cadena, Director de la CIJ para Centroamérica expresó:
“La decisión del Presidente Jimmy Morales es inaceptable y su actitud de no cumplir con la resolución que otorga amparo provisional de la Corte de Constitucionalidad debe ser acatada por él en forma inmediata. De lo contrario, estará incurriendo en otro delito.”
Aug 3, 2017 | Comunicados de prensa, Noticias
La CIJ expresa su honda preocupación por los comicios electorales del pasado 31 de julio, en los cuales se eligieron a los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), así como por las muertes violentas, numerosos heridos y detenciones arbitrarias registradas ese día.
La convocatoria a una ANC no fue realizada conforme al artículo 347 de la Constitución vigente y su integración restringida a personas elegidas en los “ámbitos sectoriales y territoriales” socaba los fundamentos mismos de la democracia y, en especial, del derecho humano al sufragio universal, directo, libre, igual y secreto, reconocido en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, dice la CIJ.
“Una Constitución que no garantice los principios básicos del Estado de Derecho así como la plena vigencia de los derechos humanos y las libertades fundamentales, no sólo constituye una violación flagrante de las obligaciones internacionales del Estado venezolano sino que será un instrumento de opresión del pueblo de Venezuela y la negación misma de un régimen democrático,” dijo Sam Zarifi, Secretario General de la CIJ.
Además, la CIJ toma nota de las diversas denuncias de fraude electoral, las cuales, en ausencia de observadores internacionales reconocidos, deben ser debidamente investigadas y aclaradas por instancias independientes.
En todo caso, la CIJ advierte que independientemente de su legitimidad, la nueva ANC debe respetar los valores, principios, obligaciones y límites de los derechos humanos contenidos en los instrumentos sobre derechos humanos.
En particular, durante su funcionamiento y hasta la aprobación de la nueva Constitución, la ANC debe respetar la Constitución vigente de 1999 en un marco de seguridad jurídica, democracia, pluralismo y garantía de los derechos humanos.
Asimismo, la nueva Constitución política venezolana que se propone redactar la ANC debe garantizar de forma efectiva y plena los principios básicos universales del Estado de Derecho y la democracia, y muy particularmente la separación de poderes, la autonomía del Legislativo, la independencia e imparcialidad del Poder Judicial, el funcionamiento de partidos políticos, la subordinación de las fuerzas armadas a las autoridades civiles y el principio de legalidad y control de todas las actuaciones de las autoridades, dice la CIJ.
Asimismo, la nueva Constitución deberá garantizar plenamente la progresividad de los derechos humanos y el ejercicio de las libertades fundamentales; prohibir el juzgamiento de civiles así como de responsables de violaciones a los derechos humanos por tribunales militares; y asegurar que la regulación de los estados de excepción esté en plena conformidad con las exigencias, principios y garantías establecidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y otros instrumentos y estándares internacionales.
La CIJ considera que el nuevo texto constitucional deberá no sólo garantizar los derechos humanos y libertades fundamentales ya consagradas en la Constitución vigente, sino que debe ampliar su contenido y garantías efectivas, el pluralismo político e ideológico y la tolerancia, así como incluir expresas prohibiciones de las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada, la tortura, la detención arbitraria, la persecución política y otras graves violaciones a los derechos humanos.
Aug 16, 2016 | Comunicados de prensa, Noticias
Las organizaciones internacionales que suscriben este comunicado expresan su consternación ante el allanamiento de la residencia del abogado y defensor guatemalteco de los derechos humanos, Ramón Cadena, Director en Centroamérica de la CIJ.
Mar 3, 2016 | Comunicados de prensa, Noticias
La CIJ condena asesinato la defensora de derechos humanos y Coordinadora General del Consejo Indígena de Organizaciones Populares de Honduras (COPINH).
En la madrugada, fue asesinada en su residencia Berta Cáceres por un grupo de sicarios.
La CIJ condena enérgicamente este asesinato, que no solo afecta a su familia, sino también al movimiento de Derechos Humanos en dicho país y al Pueblo Lenca de Honduras.
Además, constituye un ataque contra el movimiento de derechos humanos de toda la región Centroamericana.
Berta Cáceres llevó a cabo una lucha tenaz a favor de la defensa de los recursos naturales del Pueblo Lenca de Honduras.
En reiteradas ocasiones recibió amenazas de muerte, además de sufrir persecución política y órdenes de detención infundadas.
Su lucha, junto con la del COPINH y el pueblo hondureño, fue reconocida con varios premios internacionales.
La CIJ exige de las autoridades hondureñas una pronta investigación, para aclarar los hechos, determinar quienes fueron los autores materiales e intelectuales y llevarlos ante la justicia.
Ramón Cadena, Director de la CIJ para Centroamérica expresó: “Honduras ha perdido a una valiente y comprometida defensora de derechos humanos; es imprescindible que este crimen no quede en la impunidad. Los sicarios que cometieron el crimen y los autores intelectuales deben ser castigados. Esperamos un mensaje claro por parte del Gobierno y que de inicio de inmediato a las acciones correspondientes”.
Jan 29, 2016 | Comunicados de prensa, Noticias
La CIJ expresa su preocupación frente a una nueva denuncia abusiva de la Fundación contra el Terrorismo, esta vez contra el Director de la CIJ para Centroamérica y un consultor que contribuye con el Bufete de Derechos Humanos, y contra el Director de Centro de Acción Legal, Ambiental y Social.
Esta denuncia se suma a otras en contra de abogados y abogadas de Guatemala. A través de querellas y acusaciones falsas, esta Fundación pretende afectar la función que estos profesionales cumplen como defensores de los derechos humanos.
Estas denuncias falsas son parte de una campaña iniciada hace más de un año y que ha querido afectar a más de cien personas, a quienes la Fundación contra el Terrorismo ha calificado como terroristas y guerrilleros (as), sin aportar pruebas.
Efectivamente se han presentado denuncias contra funcionarios y ex funcionarios del Ministerio Público, como la ex Fiscal General Claudia Paz y Paz y la actual Fiscal General Thelma Aldana, el Fiscal de Derechos Humanos o en contra de jueces y juezas del Organismo Judicial que ejercen su función en forma independiente, promoviendo un discurso de odio en contra de estas personas que actúan como defensores y defensoras de derechos humanos.
Ante esto hechos, la CIJ demanda:
- Que el Estado de Guatemala, por medio de las autoridades correspondientes, inicie una investigación exhaustiva e imparcial acerca de las actividades que realiza la Fundación contra el Terrorismo sobre todo, que investigue el origen de aquellas actividades que dirige en contra de defensores y defensoras de Derechos Humanos;
- Que el Estado de Guatemala, por medio de las autoridades correspondientes, brinde la protección debida a defensores y defensoras de derechos humanos;
- Que una vez finalizada la investigación el Estado de Guatemala, a través de las autoridades y mecanismos correspondientes, adopte las medidas necesarias de acuerdo a derecho con respecto a la Fundación contra el Terrorismo y su Director, por llevar a cabo campañas de odio en contra de defensores y defensoras de derechos humanos.
Nov 13, 2015 | Comunicados de prensa, Noticias
Las autoridades peruanas deben revisar algunas de sus leyes y políticas para proteger mejor los derechos económicos, sociales y culturales en el país, pidió hoy en Lima la CIJ.
La petición se hace al final de una misión de una semana realizada por la CIJ para recoger información y evaluar el impacto de las industrias extractivas en el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales de la población, en especial, los campesinos y las comunidades indígenas.
En particular, la CIJ está preocupada por el impacto negativo en los derechos humanos del Decreto 30230, que busca facilitar la inversión privada.
Mientras la inversión puede contribuir de manera importante al disfrute de los derechos humanos, la CIJ considera que esta norma en particular conduce en la práctica a la falta de respeto de los derechos humanos en cuanto reduce los estándares de protección ambiental y social.
La CIJ saluda la adopción de legislación que protege los derechos humanos, incluido el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas y la regulación del uso de la fuerza por parte de la Policía.
Sin embargo, la CIJ nota que con frecuencia esas leyes en la práctica no son implementadas efectivamente.
Durante su misión, la CIJ pudo verificar la información sobre el incremento del número de conflictos violentos y de protestas sociales relacionadas con los proyectos mineros.
“Un gran número de los conflictos sociales actuales tienen lugar en áreas donde se llevan a cabo actividades de la industria extractiva. La tendencia a disminuir la protección de los derechos económicos, sociales y culturales y del ambiente, para facilitar la inversión, genera un alto riesgo de que la violencia de los conflictos se incremente”, dijo Sandra Ratjen, Asesora Jurídica Sénior del programa de la CIJ para los derechos económicos, sociales y culturales.
“Hay una brecha entre las obligaciones internacionales de Perú de respetar y proteger los derechos humanos y las amenazas sistemáticas que enfrentan las comunidades que se encuentran en las áreas mineras para disfrutar realmente derechos como el derecho al agua, a la salud y a la vivienda o a la consulta previa, libre e informada de las comunidades indígenas”, agregó.
La CIJ está particularmente preocupada por las afirmaciones de uso contrario al derecho internacional de la fuerza letal para controlar las manifestaciones y las protestas en zonas mineras, como ocurrió recientemente en Las Bambas.
La CIJ recibió información de diversas fuentes en el sentido que en varias ocasiones las fuerzas de seguridad han usado la fuerza en contra de los principios de necesidad y proporcionalidad.
La CIJ exhorta a las autoridades peruanas a tomar las siguientes medidas para fortalecer la protección de los derechos económicos, sociales y culturales en el país:
- Mantener y fortalecer las leyes y las políticas que protegen los derechos humanos, en particular los económicos, sociales, culturales y del ambiente;
- En consecuencia, revisar la legislación que impida que el Estado cumpla con sus obligaciones internacionales de derechos humanos, incluidas las relativas al disfrute de derechos como el derecho al trabajo decente, el derecho a la salud y al agua potable o el derecho a la protección frente a desalojos forzados;
- Asegurar plenamente el ejercicio del derecho de reunión y de la libertad de expresión de las personas y los grupos, incluidos los defensores de derechos humanos.
Información adicional
La misión de la CIJ incluyó a María Clara Galvis, abogada colombiana especialista en derecho internacional de los derechos humanos y profesora de la Universidad Externado de Colombia; Rafael Uzcátegui, sociólogo venezolano y Coordinador General del Programa venezolano de educación y acción en derechos humanos (PROVEA); Sandra Ratjen, Asesora Jurídica Sénior del Programa de Derechos Economicos, Sociales y Culturales de la CIJ y Olivier van Bogaert, Director de prensa y comunicaciones de la CIJ.
La delegación se reunió con autoridades de varios ministerios, representantes de empresas extractivas, agencias de cooperación, organizaciones de derechos humanos, sindicatos y organizaciones sociales. En diciembre, la CIJ publicará el informe final con sus hallazgos y recomendaciones sobre la situación de los derechos económicos, sociales y culturales en el contexto de las industrias extractivas y el aumento de los conflictos sociales en el Perú.
Contacto:
Sandra Ratjen, Senior Legal Adviser for ICJ’s Programme on Economic, Social and Cultural Rights, t: +55 96 48 13 628; e: sandra.ratjen@icj.org
