Hoy, la CIJ y la Comisión Colombiana de Juristas pronunciaron declaraciónes orales en los diálogos interactivos con les Relatores Especiales sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitraria y sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación.
La CIJ continuó apoyando la realización de una serie de conversatorios online acerca de los desafíos que enfrentan los sistemas de justicia latinoamericanos en el marco de la emergencia generada por la COVID -19.
Recientemente se realizaron cuatro nuevos conversatorios que abordaron temas relacionados con los planes de apertura de los sistemas judiciales, los procesos de reforma a la justicia que estaban en marcha antes de la emergencia, los desafíos de la justicia virtual, y los impactos de la pandemia en los derechos de las mujeres en prisión.
Esta iniciativa fue organizada por un grupo de mujeres de América Latina que trabaja en temas de justicia en la región, y también fue apoyada por la Fundación para el Debido Proceso Legal, la Fundación Construir (Bolivia), la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (El Salvador), la Fundación Tribuna Constitucional (Bolivia), el Instituto de Defensa Legal (Perú), el Observatorio de Derechos y Justicia (Ecuador), y la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático del Derecho (México).
Los videos de las sesiones están disponibles en español en los siguientes enlaces:
Conversatorio 1: Planes de apertura de los sistemas judiciales durante la pandemia
Conversatorio 2: Procesos de reforma a la justicia y pandemia
Conversatorio 3: Desafíos de la justicia virtual
Conversatorio 4: Mujeres en prisión
Como parte de las actividades que la CIJ adelanta en relación con la crisis generada por el COVID-19, se encuentra el monitoreo sobre la protección y garantía de los derechos de las mujeres. Al respecto, informes de todas partes del mundo indican un aumento en los casos de violencia domestica y nuevos problemas para acceder a la justicia.
En consideración a ello, los equipos de la CIJ en África y en Asia trabajaron juntos para realizar una animación sobre el impacto que las medidas de aislamiento y similares han tenido en los derechos de las mujeres.
La animación también ofrece sugerencias a los Estados sobre las medidas que se pueden adoptar para proteger los derechos de las mujeres. En particular, se llama la atención a los Estados sobre la importancia de adoptar un enfoque de género en sus políticas.
La animación fue lanzada en inglés durante un webinar, el 26 de mayo de 2020. Durante el webinar, mujeres defensoras de derechos humanos de Asia, África y el Medio Oriente discutieron sobre el impacto que las medidas impuestas para contener el avance del virus han tenido en los derechos de las mujeres.
Contacto:
Shaazia Ebrahim, Oficial de comunicaciones (CIJ Africa), Correo electrónico: shaazia.ebrahim(a)icj.org
La condena impuesta hoy a los líderes independentistas catalanes por una amplia definición del delito de sedición restringe excesivamente e ilegalmente los derechos de libertad de expresión, asamblea y asociación, dijo hoy la CIJ.
“Estas condenas representan una grave interferencia con el ejercicio de la libertad de expresión, asociación y asamblea de los líderes catalanes. El recurso a la ley de sedición para restringir el ejercicio de estos derechos es innecesaria, desproporcionada e injustificable” dijo Massimo Frigo, asesor legal senior para la CIJ en Europa y Asia Central.
La CIJ también puntualizó que la excesivamente amplia definición del delito de sedición aplicada en este caso crea un alto riesgo de arbitrariedad.
“Nos preocupa que el Tribunal Supremo no haya tenido totalmente en cuenta las obligaciones de España bajo el derecho internacional de los derechos humanos en su consideración de los cargos contra estos acusados lo cual mina seriamente sus condenas” añadió.
Nueve de los doce líderes politicos procesados – incluyendo altos cargos del gobierno catalán – han sido condenados por sedición en conexión con su contribución a la administración el 1 de octubre de 2017 de un referéndum sobre la independencia de Cataluña. El referéndum se llevó acabo pese haber sido declarado ilegal por el Tribunal Constitucional.
El proceso de voto durante el referéndum fue reprimido por la fuerza en muchas localidades por la policía, con informes creíbles de uso innecesario y desproporcionado de la fuerza en violación de las obligaciones de España en derecho internacional.
“La intereferencia con la expresión y protesta política pacífica es inacceptable, salvo en limitadas circunstancias en las que sea estrictamente necesario y proporcionado por razones convincentes como la seguridad nacional.” dijo Frigo.
Contacto
Massimo Frigo, asesor legal senior, Programa Europeo de la CIJ, t: +41 22 979 38 05 ; e:massimo.frigo(a)icj.org
Antecedentes
Las doce personas que han sido condenadas en conexión con el referéndum de Octubre de 2017 incluyen a Oriol Junqueras, ex-vicepresidente de la Generalitat catalana; Carme Forcadell, ex-presidenta del Parlament catalán; ocho ex-consejeros del Gobierno catalán – Jordi Turull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Santi Vila, Meritxel Borràs, Dolors Bassa, Josep Rull, Carles Mundó -; Jordi Sànchez, ex-líder de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), y Jordi Cuixart, ex-líder de la organización independentista Òmnium Cultural.
España tiene obligación de proteger la libertad de expresión, incluyendo la expresión política, bajo el artículo 10 de la Convención Europea de Derechos Humanos (ECHR, por sus siglas en inglés) y el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR, por sus siglas en inglés), y la libertad de asamblea y asociación pacíficas bajo el artículo 11 de ECHR y los artículos 21 y 22 de ICCPR.
El Comentario General sobre libertad de expresión del Comité de Derechos Humanos afirma que Los Estados partes deben procurar con el mayor cuidado que las leyes sobre traición y las disposiciones similares que se refieren a la seguridad nacional, tanto si se califican de leyes sobre secretos de Estado o sobre sedición, o de otra manera, estén redactadas y se apliquen de conformidad con las condiciones estrictas del párrafo 3 del artículo 19 del ICCPR, lo cual requiere que las restricciones en la libertad de expresión estén legisladas y que sean necesarias en base a propósito legítimo, como la seguridad nacional o el orden público. El derecho a participar en la vida pública está protegido bajo el artículo 25 de ICCPR.
Las autoridades venezolanas deben tomar medidas de inmediato para restaurar las instituciones democráticas y el funcionamiento del estado de derecho, lo que incluye disolver la Asamblea Nacional Constituyente y restaurar los poderes constitucionales de la Asamblea Nacional, dijo hoy la CIJ.
Sin lugar para la deliberación, el informe más reciente de una serie sobre derechos humanos y estado de derecho en Venezuela, aborda aspectos profundamente problemáticos con respecto a la creación, composición y funcionamiento de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, la cual actualmente detenta funciones legislativas, y su devastador efecto para el Estado de Derecho en ese país.
El reporte muestra que la Asamblea Nacional Constituyente, instalada el 4 de agosto en virtud un decreto ejecutivo del Presidente Nicolás Maduro, ha desplazado la autoridad de la constitucionalmente establecida Asamblea Nacional.
“La ANC fue creada unilateralmente por el Presidente, sin refrendación popular mediante un referendo, configurando una evidente violación a la Constitución, y desde entonces ha actuado como un cuerpo sin control o respeto por el estado de derecho,” dijo Sam Zarifi, Secretario General de la ICJ.
Inicialmente creada para redactar una nueva Constitución, la Asamblea Nacional Constituyente ha sido usada para usurpar funciones legislativas y así aprobar medidas de orden administrativo, electoral y legislativo en favor de la agenda del Poder Ejecutivo, establece el reporte.
El informe documenta cómo la Asamblea Nacional Constituyente adelantó elecciones presidenciales; levantó la inmunidad parlamentaria de diputados de la Asamblea Nacional para permitir su arresto y enjuiciamiento; designó a las autoridades de más alto nivel; y aprobó leyes discriminatorias que criminalizan la libertad de expresión y asociación.
Entre otras cosas, la CIJ recomienda a las autoridades venezolanas que tomen medidas para que:
Contactos:
Sam Zarifi: Secretario General de la CIJ; t +41 79 726 44 15; e sam.zarifi(a)icj.org
Santiago Martínez Neira: abogado consultor de la CIJ; e santiago.mn(a)gmail.com
Venezuela-Sin Lugar para la deliberacion-Publications-Reports- fact findings mission reports-2019-SPA (Informe, en PDF)
Video de un evento paralelo sobre la crisis de derechos humanos en Venezuela, organizado conjuntamente con Amesty International:
https://www.facebook.com/ridhglobal/videos/1206399322898690/
Los dirigentes de comunidades indígenas que buscan proteger sus tierras y recursos naturales contra los impactos negativos de operaciones industriales y proyectos de infraestructura, han sido acusados de actividades criminales y en algunos casos detenidos de manera arbitraria.
Esta respuesta tiene como objetivo silenciar las voces de protesta y las demandas legítimas de consentimiento libre, previo e informado relativas a obras de infraestructura y otros proyectos en las comunidades indígenas.
Este video incluye entrevistas con Ramón Cadena, director de la CIJ para Centroamérica, dos dirigentes indígenas, que fueron víctimas de detención arbitraria, así como una dirigente comunitaria, explicando el impacto de la detención en la familia y toda la comunidad.
La criminalización del trabajo en defensa de los derechos humanos es un fenómeno por el cual se acusan a las y los dirigentes comunitarios de diferentes actividades criminales a causa de su oposición a un modelo de desarrollo basado en las industrias extractivas o la privatización de servicios sociales esenciales.
Este modelo de desarrollo afecta a los recursos naturales (el agua, la tierra y el medio ambiente) en los territorios de los pueblos indígenas.
Se trata de un fenómeno global que es particularmente agudo en Guatemala.
La explotación de los recursos naturales, tales como la minería a cielo abierto y las operaciones de industrias extractivas en los territorios de los pueblos indígenas, es una razón principal que explica los ataques a las protestas sociales y las acciones de defensa de los derechos humanos.
Las diferentes comunidades afectadas buscan defender sus territorios y oponerse a las diferentes formas de explotación de los recursos naturales que se hallan en sus territorios o en áreas vecinas porque puede afectar el abastecimiento en agua, la tierra y el medio ambiente.
Varios dirigentes han sido asesinados a causa de su oposición a estos proyectos.
Algunos miembros de las familias de los asesinados han asumido a su vez la tarea de oponerse a estos proyectos, y también han sido acusados de actividades criminales.
También, en Guatemala existe un conflicto social intenso por la manera de abastecimiento de electricidad.
Como resultado de la privatización del servicio en 1996, el Estado de Guatemala ha consentido concesiones a compañías nacionales e internacionales para proveer servicios de electricidad.
Durante los años, muchas y muchos usuarios se han quejado de la mala calidad y el alto coste de los servicios de estas compañías privadas.
La Comisión Nacional de Electricidad ha fallado en su deber legal de “asegurar que los concesionarios y contratistas cumplan con sus obligaciones, y proteger los derechos de los usuarios,” lo que ha sido reclamado por muchos usuarios descontentos.
Las protestas sociales conciernen las tres fases diferentes de la producción de electricidad: la generación de electricidad que incluye la construcción de presas hidroeléctricas por compañías multinacionales que causan impactos sobre los territorios de los pueblos indígenas; redes de transmisión de electricidad; y los servicios de electricidad.
Debido a esta situación, muchos usuarios de electricidad han declarado que están en resistencia citando el Artículo 45 de la Constitución de Guatemala que dice: “Es legítimo que el pueblo resista para proteger y defender los derechos y las garantías establecidos en la Constitución.”
Las acciones realizadas bajo esta protección constitucional han causado muchos ataques a los derechos humanos de muchos dirigentes comunitarios, abogados y defensores de derechos humanos.
La CIJ apoya el acceso a la justicia para las personas víctimas de tales violaciones de sus derechos humanos.
La CIJ brinda su apoyo a los abogados que defienden a estas víctimas de la criminalización de protestas sociales; actúa como observador de procesos en casos emblemáticos; promueve dialogo entre las comunidades y las autoridades estatales pertinentes, así como los alcaldes locales; y en algunos casos, apoya sumisiones de casos ante la Corte Constitucional.