Oct 7, 2019 | Artículos, Noticias
La semana pasada el defensor de derechos humanos Germán Romero Sánchez recibió nuevas amenazas que estarían relacionadas con su labor de abogado defensor de víctimas de graves violaciones a los derechos humanos por parte de agentes estatales
En esta ocasión, las amenazas se realizaron a través de llamadas telefónicas a la residencia del abogado Romero. La primera llamada fue atendida por la compañera del abogado Romero a la cual le dijeron “no te voy a dejar vivo toda la vida, ¿oyo?”. La llamada se produjo minutos después de que el abogado Romero saliera de su casa a llevar a una de sus hijas al colegio.
Esta no es la primera vez que el abogado Romero recibe amenazas por su labor como representante de víctimas y defensor de derechos humanos. Hace menos de un mes, el abogado Romero realizó una denuncia pública dando cuenta de varios hechos de hostigamiento y percusión de los que ha sido víctima él y su familia. Igualmente, en enero de este año, recibió amenazas contra su vida por su labor como abogado defensor de Alfamir Castillo, cuyo hijo fue ejecutado extrajudicialmente por parte de miembros del Ejército Nacional.
El abogado Romero es un reconocido abogado de derechos humanos con más de quince años de experiencia acompañando víctimas de crímenes de Estado. Es uno de los abogados líderes de la organización Asociación Red de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos (dhColombia) con la cual la CIJ ha realizado diferentes proyectos en Colombia.
Como lo hizo en oportunidades pasadas, la CIJ vuelve a resaltar la difícil situación de seguridad que atraviesan los defensores de derechos humanos en Colombia. Solo en el año 2018, la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos reportó el asesinato de 110 personas defensoras de derechos humanos. La CIJ exhorta al Gobierno Nacional y las demás autoridades competentes para que se tomen medidas efectivas que garanticen la seguridad de los defensores de derechos humanos colombianos.
Aug 22, 2019 | Comunicados de prensa, Incidencia, Noticias
La CIJ se une a 10 organizaciones internacionales y nacionales de Venezuela, para solicitar que el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas establezca una Comisión de Investigación (COI) para Venezuela.
La CIJ considera que es necesario una COI independiente, ya que las autoridades venezolanas no han podido o no han estado dispuestas a garantizar la rendición de cuentas de los responsables de las violaciones a los derechos humanos, y el sistema judicial carece de independencia e imparcialidad.
La CIJ ha publicado varios informes acerca de la falta de independencia judicial en Venezuela, las dificultades para que los responsables de las graves violaciones a los derechos humanos sean investigados y juzgados, el abuso de la justicia penal militar, y otras afectaciones al funcionamiento del estado de derecho.
Además, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos en su informe de julio de 2019 mencionó que diversas violaciones a los derechos humanos han ocurrido en Venezuela, evidenciadas por el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, los ataques a la libertad de expresión, las detenciones arbitrarias, las ejecuciones extrajudiciales, el desmantelamiento de las instituciones que proveen pesos y contrapesos en el país, y las privaciones que constituyen violaciones a los derechos a la alimentación y a la salud.
Asimismo, el Secretario General de la Organización de Estados Americanos designó un Panel de Expertos Internacionales Independientes para analizar la situación del país; dicho panel manifestó en su comunicado de prensa de 2018 “que existe fundamento suficiente para considerar que se han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela”.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha establecido comisiones de investigación en varios países donde ha sido necesario garantizar la adecuada investigación a las violaciones a los derechos humanos, así como la rendición de cuentas por las violaciones generalizadas o sistemáticas cometidas. Se han establecido COIs para Siria, Corea del Norte, Burundi, Yemen, Libia y Eritrea.
La CIJ, junto con las otras organizaciones que suscriben esta iniciativa, ha dicho que la Comisión de Investigación que podría establecerse para Venezuela debería “investigar denuncias de violaciones del derecho internacional de los derechos humanos en Venezuela, incluidas, entre otras, las violaciones asociadas con torturas y trato inhumano, detención arbitraria, discriminación, violaciones a la libertad de expresión, violaciones del derecho a la vida y desapariciones forzadas, así como violaciones de los derechos a la salud y la alimentación. Debería encargarse de establecer los hechos y las circunstancias en las que se cometieron los abusos desde, al menos, 2014, determinando los patrones de abusos e identificando a los responsables y, cuando sea posible, la cadena de mando. El propósito de esta tarea es contribuir a la plena rendición de cuentas, incluyendo por aquellos abusos que constituyen delitos conforme al derecho internacional. (…)”.
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Para consultar el documento completo de Preguntas y Respuestas elaborado de manera conjunta entre las 11 organizaciones que apoyan esta iniciativa, consulte aquí: Venezuela-COI final-Advocacy-2019-SPA
Jul 8, 2019 | Comunicados de prensa, Informes, Multimedia, Noticias, Publicaciones
Las autoridades venezolanas deben tomar medidas de inmediato para restaurar las instituciones democráticas y el funcionamiento del estado de derecho, lo que incluye disolver la Asamblea Nacional Constituyente y restaurar los poderes constitucionales de la Asamblea Nacional, dijo hoy la CIJ.
Sin lugar para la deliberación, el informe más reciente de una serie sobre derechos humanos y estado de derecho en Venezuela, aborda aspectos profundamente problemáticos con respecto a la creación, composición y funcionamiento de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, la cual actualmente detenta funciones legislativas, y su devastador efecto para el Estado de Derecho en ese país.
El reporte muestra que la Asamblea Nacional Constituyente, instalada el 4 de agosto en virtud un decreto ejecutivo del Presidente Nicolás Maduro, ha desplazado la autoridad de la constitucionalmente establecida Asamblea Nacional.
“La ANC fue creada unilateralmente por el Presidente, sin refrendación popular mediante un referendo, configurando una evidente violación a la Constitución, y desde entonces ha actuado como un cuerpo sin control o respeto por el estado de derecho,” dijo Sam Zarifi, Secretario General de la ICJ.
Inicialmente creada para redactar una nueva Constitución, la Asamblea Nacional Constituyente ha sido usada para usurpar funciones legislativas y así aprobar medidas de orden administrativo, electoral y legislativo en favor de la agenda del Poder Ejecutivo, establece el reporte.
El informe documenta cómo la Asamblea Nacional Constituyente adelantó elecciones presidenciales; levantó la inmunidad parlamentaria de diputados de la Asamblea Nacional para permitir su arresto y enjuiciamiento; designó a las autoridades de más alto nivel; y aprobó leyes discriminatorias que criminalizan la libertad de expresión y asociación.
Entre otras cosas, la CIJ recomienda a las autoridades venezolanas que tomen medidas para que:
- Cese el funcionamiento de la Asamblea Nacional Constituyente y se reestablezcan los poderes constitucionales de la Asamblea Nacional.
- Se permita a la Asamblea Nacional revisar los actos adoptados por la Asamblea Nacional Constituyente, a fin de dejarlos sin efecto total o parcialmente, de manera inmediata o condicional, en aras de preservar la seguridad jurídica.
Contactos:
Sam Zarifi: Secretario General de la CIJ; t +41 79 726 44 15; e sam.zarifi(a)icj.org
Santiago Martínez Neira: abogado consultor de la CIJ; e santiago.mn(a)gmail.com
Venezuela-Sin Lugar para la deliberacion-Publications-Reports- fact findings mission reports-2019-SPA (Informe, en PDF)
Video de un evento paralelo sobre la crisis de derechos humanos en Venezuela, organizado conjuntamente con Amesty International:
https://www.facebook.com/ridhglobal/videos/1206399322898690/
Jul 8, 2019 | Artículos, Noticias
La CIJ anuncia que llevará a cabo una misión para observar el proceso de elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia y Salas de Apelaciones. Para el efecto, ya se encuentra en el país, el Comisionado de nacionalidad chilena Alejandro Salinas (foto), quien permanecerá en el país, hasta el viernes 12 de julio.
La misión tendrá reuniones con el Procurador de Derechos Humanos, Diputados del Frente Parlamentario por la Transparencia y contra la Corrupción y miembros del Sector Académico, Gremio de Abogados y representantes del Sector de Justicia, que participarán en las próximas comisiones de postulación.
El objetivo de esta misión es promover la mayor transparencia del proceso de elección de las y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Salas de Apelaciones, para que dichos procesos de elección logren que los próximos magistrados/as sean electos por méritos y no por compadrazgos políticos y así, que exista la mayor independencia posible en el Poder Judicial y por lo tanto, mayor respeto de los derechos humanos.
Se espera que la misión haga públicas sus conclusiones el viernes 12 de julio, después de implementar la agenda respectiva.
Además, el 11 de julio, llevará a cabo un foro público, para estimular el debate social sobre la necesidad de un Poder Judicial independiente, que cuente con magistrados imparciales, idóneos y honestos.
Ramón Cadena, Director de la CIJ para Centroamérica expresó: “En las elecciones del año 2009, las acciones de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), conjuntamente con las de la sociedad guatemalteca, permitieron que el proceso en sí mismo, se constituyera en un mecanismo de depuración, ya que el Congreso de la República tuvo que dar marcha atrás y no nombrar como Magistrados de Corte Suprema de Justicia a tres personas. En 2014, la CICIG conjuntamente con el Ministerio Público, llevaron a juicio después de las elecciones, a tres magistrados de Corte Suprema de Justicia, recién electos, que tuvieron que renunciar al cargo. Las elecciones de este año, estarán marcadas por la ausencia de la CICIG, lo cual significará enfrentar mayores desafíos para lograr avances en la lucha contra la impunidad, durante todo el proceso de elección.”
Jun 29, 2019 | Artículos, Noticias
Entre el 26 y el 29 de junio de 2019, en la Ciudad de Guatemala, la CIJ, junto con la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG), y el apoyo de la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad (AGJI) y el Bufete de Derechos Humanos (BDH), llevó a cabo actividades de capacitación dirigidas a más de 12 jueces y 20 fiscales, acerca de los estándares internacionales que se aplican en la investigación de las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas.
Las actividades se llevaron a cabo en el marco del proyecto “Promoviendo justicia para ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas en Colombia, Guatemala y Perú”, bajo la Iniciativa Global de rendición de cuentas de la CIJ, y con el apoyo del Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos (IEDDH).
Las actividades contaron con la presencia de Tomás Pallás Aparisi, Jefe de Cooperación de la Delegación de la Unión Europea en Guatemala; Delia Dávila, Magistrada de la Corte Suprema de Guatemala; y Haroldo Vásquez, Presidente de la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad (AGJI).
En estas actividades, Ramón Cadena, director de la Oficina de Centroamérica de la CIJ, se refirió a la importancia de los estándares internacionales aplicables a la investigación y al enjuiciamiento de las ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. Además, Edgar Pérez, director del Bufete de Derechos Humanos (BDH), analizó la situación de las desapariciones forzadas en Guatemala y el valor y la aplicabilidad de los estándares internacionales en el país.
Asimismo, Marco García, miembro de la FAFG, describió el papel de la ciencia forense en la investigación de estas graves violaciones a los derechos humanos. Finalmente, Kingsley Abbott, asesor legal senior y coordinador de la Iniciativa Global de Rendición de Cuentas de la CIJ, proporcionó una visión general acerca de los contenidos del “Protocolo de Minnesota sobre la Investigación de Muertes Potencialmente Ilícitas” (versión revisada de 2016).
La CIJ aprovechó la realización de estas actividades de capacitación para visitar a la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Guatemala (FAMDEGUA) y reunirse con la jueza Delia Marina Dávila, de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala.
Contactos:
Kingsley Abbott, asesor legal senior y coordinador de la iniciativa global de rendición de cuentas de la CIJ. Correo electrónico: kingsley.abbott(a)icj.org
Carolina Villadiego, Asesora Legal, América Latina, y coordinadora regional del proyecto. Correo Electrónico: carolina.villadiego(a)icj.org
Jun 25, 2019 | Comunicados de prensa, Informes, Noticias, Publicaciones
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es el tribunal de justicia transicional diseñado por el Acuerdo Final de Paz suscrito entre el Gobierno Colombiano y la guerrilla de las FARC-EP, con el fin de investigar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario cometidas en el conflicto colombiano.
En Bogotá, durante la semana del 24 de junio de 2019, será presentado el informe Jurisdicción Especial para la Paz, análisis a un año y medio de su entrada en funcionamiento, por una misión de alto nivel compuesta por el Presidente de la CIJ, Robert Goldman, el Vicepresidente de la CIJ, Carlos Ayala, y el comisionado de la CIJ Philippe Texier, ex juez de la Corte de Casación de Francia.
Para ello, se reunirán con diferentes autoridades colombianas incluidas, el Presidente de Colombia, Iván Duque Márquez y la Presidenta de la JEP, Patricia Linares Prieto. También se reunirán con víctimas y otros miembros de la sociedad civil.
En el informe “la CIJ reconoce los avances realizados por la JEP para garantizar los derechos de las víctimas y combatir la impunidad de las graves violaciones a los derechos humanos y del derecho internacional humanitario”, señala el profesor Robert Goldman, Presidente de la CIJ.
Al mismo tiempo, el profesor Goldman advierte que “la JEP debe avanzar en la adopción de acciones concretas para fortalecer la participación efectiva de las víctimas en sus procedimientos, así como para garantizar su derecho a la justicia y a la reparación integral, conforme a los estándares internacionales”.
Asimismo, la CIJ expresa preocupación por la situación de seguridad que enfrentan las víctimas y los testigos que comparecen ante la JEP. Por ello, exhorta a que la JEP y las demás autoridades competentes para que adopten medidas efectivas que garanticen su seguridad dentro de los trámites de la Jurisdicción.
En esa línea, la CIJ resalta en el documento que, aunque la JEP enfrenta varios desafíos y todavía tiene un largo camino que recorrer, es una institución fundamental para la consolidación de la paz en Colombia. En ese sentido, desde una perspectiva crítica pero propositiva, el informe ofrece insumos para que la JEP fortalezca y desarrolle sus funciones con plena observancia de los estándares internacionales, en particular respecto de los derechos de las víctimas y la sanción efectiva de los responsables.
Por otra parte, en el informe también se concluye que no son necesarias reformas legislativas al marco jurídico de la JEP; sino que solo es necesario que la JEP realice una interpretación de su normativa encaminada a desarrollar, profundizar e implementar, de mejor manera, los derechos de las víctimas, conforme con los estándares internacionales.
Por último, la CIJ también considera esencial que se garantice la independencia judicial de la JEP frente a presiones externas para asegurar el correcto ejercicio de sus funciones.
El informe presenta los hallazgos encontrados por una misión de la CIJ integrada por los comisionados Carlos Ayala, Wilder Tayler y Philippe Texier, la cual se realizó en enero de 2019. Estos hallazgos fueron ampliados y complementados con un análisis de las principales actuaciones realizadas por la JEP, así como, con un seguimiento a las actuaciones desarrolladas por otras autoridades.
La fecha de corte del informe es el 7 de junio de 2019.
Colombia-Jurisd para la paz-PUBLICATIONS-Reports-Fact-finding mission report-2019-SPA (Informe en PDF)
