Nov 9, 2021 | Noticias, Publicaciones
Los Estados miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) que bloquean o impiden la adopción de una exención (“waiver”) de los derechos de propiedad intelectual para las vacunas COVID-19 y otros tratamientos están incumpliendo sus obligaciones legales de realizar los derechos a la salud, la igualdad, la vida y la ciencia, dijo hoy la CIJ en una opinión legal experta publicada (en inglés) con el respaldo de más de 85 juristas de todo el mundo.
Jun 22, 2021 | Comunicados de prensa, Informes, Noticias, Publicaciones
La CIJ, en un informe que presentó hoy, afirmó que el Poder Judicial de Venezuela se ha convertido en una herramienta para que el Poder Ejecutivo controle políticamente al país, en lugar de ser un mecanismo de defensa del Estado de derecho en el país.
El informe Jueces en la cuerda floja de 58 páginas, documenta el deterioro de la independencia judicial en Venezuela debido al control y la influencia política sobre el Poder Judicial, y debido al rol que ha desempeñado el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el quebrantamiento de la independencia de los jueces en todo el país.
“La justicia es un derecho humano y es un derecho fundamental para la protección de otros derechos. Sin las garantías esenciales de independencia e imparcialidad de los jueces, no tenemos justicia. Hoy, en Venezuela, el derecho a la justicia no está garantizado, en la medida en que no tenemos un sistema de jueces independientes e imparciales”, dijo Carlos Ayala, vicepresidente de la CIJ.
El Tribunal Supremo de Justicia, controlado desde hace mucho tiempo por el Poder Ejecutivo, ha gestionado el colapso del Estado de derecho en el país, ya que más del 85% de los jueces ocupan cargos provisionales, están sometidos a presiones políticas, y reciben presiones directas para que emitan decisiones judiciales en favor del gobierno y en contra de personas defensoras de derechos humanos y disidentes políticos.
“La captura política del TSJ ha colocado a los jueces en la cuerda floja en Venezuela, haciéndolos incapaces de defender el Estado de derecho, proveer la rendición de cuentas por las numerosas y graves violaciones de derechos humanos que ocurren en el país, y proteger los derechos del pueblo venezolano”, dijo Sam Zarifi, Secretario General de la CIJ.
De esta manera, la CIJ ha recomendado a Venezuela despolitizar el Poder Judicial en general y en particular el Tribunal Supremo de Justicia. El informe también establece una serie de recomendaciones específicas para lograr estos objetivos, en particular:
- Avanzar en los procesos de nombramiento de jueces de acuerdo con las disposiciones constitucionales y las normas internacionales;
- Establecer mecanismos independientes y autónomos dentro del Poder Judicial para la selección de jueces y para el ejercicio de las funciones disciplinarias;
- Reforzar la transparencia y la responsabilidad del sistema judicial.
Asimismo, la CIJ ha hecho un llamado a las autoridades venezolanas para que cumplan con el derecho internacional de los derechos humanos y los estándares internacionales relacionados con la independencia judicial, así como con las decisiones y recomendaciones de diferentes órganos del Sistema de Naciones Unidas y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y para que permitan el acceso al país de procedimientos y mecanismos internacionales de derechos humanos que contribuyan a la rendición de cuentas y al restablecimiento del Estado de derecho.
La CIJ también insta al Consejo de Derechos Humanos de la ONU a mantener un mecanismo adecuado para la rendición de cuentas de las graves violaciones de derechos humanos ocurridas en el país, hasta que los fiscales, los tribunales y las cortes venezolanas sean capaces de investigar, procesar y juzgar eficazmente dichas violaciones con independencia e imparcialidad.
Contacto
Carolina Villadiego Burbano, Asesora Legal para América Latina de la CIJ. email: carolina.villadiego@icj.org
Venezuela-Judges on the tightrope-Publications-Reports-Thematic reports-2021-SPA
Nov 23, 2020 | Incidencia, Publicaciones
El documento informativo contiene un resumen de los aspectos claves del marco jurídico internacional en materia de desaparición forzada y ejecución extrajudicial.
Para ello, en primer lugar, el documento contiene una conceptualización (definición y elementos constitutivos) de estos crímenes, según el derecho internacional.
Adicionalmente, el documento presenta las instancias internacionales que monitorean específicamente el cumplimiento de las obligaciones de los Estados en materia de desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales.
Por último, el documento cierra con un recuento de los principales estándares internacionales relacionados con los derechos de las víctimas y el deber de los Estados de investigar, enjuiciar y sanciona a los responsables de estos crímenes.
El documento informativo fue elaborado como parte del proyecto “Promoviendo justicia para ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas en Colombia, Guatemala y Perú”, que se implementa con el apoyo de la Unión Europea. El proyecto hace parte la Iniciativa Global de Justicia y Rendición de Cuentas de la CIJ.
Contactos:
Kingsley Abbott, Director de la Iniciativa Global de Justicia y Rendición de Cuentas de la CIJ, correo electrónico: kingsley.abbott@icj.org
Rocío Quintero M, Asesora Legal, América Latina, correo electrónico: rocio.quintero@icj.org
Carolina Villadiego Burbano, Asesora Legal, América Latina, correo electrónico:
carolina.villadieg@icj.org
Colombia-Marco juridico-Advocacy-Analysis brief-2020-SPA (documento en español, PDF)
Nov 18, 2020 | Eventos, Noticias, Publicaciones
ICJ y sus socios han publicado hoy la Guía “Lucha contra el terrorismo y promoción y protección de derechos humanos ante los tribunales: Orientación a jueces, fiscales y abogados sobre la aplicación de la Directiva (UE) 2017/541 de la Unión Europea relativa a la lucha contra el terrorismo”
La Guía, publicada por la Comisión Internacional de Juristas y sus socios Human Rights in Practice, Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM) y Scuola Superiore Sant’Anna, aborda la interpretación y aplicación adecuada de la Directiva de la Unión Europea (UE) en la práctica a lo largo de la investigación, el proceso de juicio y sentencia, de conformidad con conformidad con estándares internacionales y de la UE en cuanto a derechos humanos así como la ley internacional de derechos humanos.
La Guía a jueces, fiscales y abogados sobre la aplicación de la Directiva (UE) 2017/541 de la Unión Europea relativa a la lucha contra el terrorismo se preparó como parte del proyecto JUSTICE, sobre la base y con la experiencia de los participantes en las mesas redondas organizadas en 2019 en toda la UE (en Pisa, Madrid, La Haya, Bruselas). Entre esos participantes figuraron jueces, fiscales, abogados y otros expertos jurídicos de los Estados miembros de la Unión Europea; también se realizaron estudios y consultas a nivel nacional en Bélgica, Alemania, España, Francia, Italia y los Países Bajos. Este proyecto también contó con el apoyo de varios socios: Magistrados Europeos para la Democracia y las Libertades (MEDEL), Juezas y Jueces para la Democracia en España, y Neue Richtervereinigung en Alemania.
La Guía proporciona una visión general de normas jurídicas y principios de derecho penal internacional y de la UE pertinentes sobre la investigación, el proceso de juicio y sentencia de casos de terrorismo, basado en la Directiva de la Unión Europea, para garantizar que la misma se aplique respetando los Derechos Humanos.
En la sección II de la Guía se ofrece una visión general del derecho y las normas internacionales aplicables y abarca las leyes de contra-terrorismo en los Estados de emergencia, los derechos de las víctimas del terrorismo y los derechos humanos implicados en los delitos previstos en la Directiva (principio de legalidad, no-discriminación, restricciones a la libertad de circulación, expresión, asociación, reunión, intimidad, vida privada y familiar y derecho a la participación política). La sección III proporciona orientación específica y comentarios relacionados sobre cada uno de los delitos de la Directiva; y la sección IV abarca los derechos de los sospechosos en el proceso penal: la investigación, el procesamiento y el juicio.
La Guía se presenta hoy en un seminario web en línea coorganizado por la eurodiputada Saskia Bricmont, del Partido Verde Europeo y la Alianza Libre Europea (Greens/EFA), y entre los oradores figuran jueces y abogados nacionales, expertos internacionales, y representantes de la Comisión Europea, Eurojust, la Agencia de Derechos Fundamentales de la UE y miembros del Parlamento Europeo; véase el programa aquí.
Contactos:
Róisín Pillay, Directora del Programa de Europa y Asia Central; roisin.pillay(a)icj.org
Karolína Babická, Asesora jurídica del Programa de Europa y Asia Central; karolina.babicka(a)icj.org
Descargar:
Guidance-counterterrorism-ESP-2020 (Guía en español)
Guidance-counterterrorism-ENG-2020 (Guía en inglés)
Guidance-counterterrorism-FR-2020 (Guía en francés)
Guidance-counterterrorism-ITA-2020 (Guía en italiano)
Guidance-counterterrorism-DE-2020 (Guía en alemán)
Jul 8, 2019 | Comunicados de prensa, Informes, Multimedia, Noticias, Publicaciones
Las autoridades venezolanas deben tomar medidas de inmediato para restaurar las instituciones democráticas y el funcionamiento del estado de derecho, lo que incluye disolver la Asamblea Nacional Constituyente y restaurar los poderes constitucionales de la Asamblea Nacional, dijo hoy la CIJ.
Sin lugar para la deliberación, el informe más reciente de una serie sobre derechos humanos y estado de derecho en Venezuela, aborda aspectos profundamente problemáticos con respecto a la creación, composición y funcionamiento de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, la cual actualmente detenta funciones legislativas, y su devastador efecto para el Estado de Derecho en ese país.
El reporte muestra que la Asamblea Nacional Constituyente, instalada el 4 de agosto en virtud un decreto ejecutivo del Presidente Nicolás Maduro, ha desplazado la autoridad de la constitucionalmente establecida Asamblea Nacional.
“La ANC fue creada unilateralmente por el Presidente, sin refrendación popular mediante un referendo, configurando una evidente violación a la Constitución, y desde entonces ha actuado como un cuerpo sin control o respeto por el estado de derecho,” dijo Sam Zarifi, Secretario General de la ICJ.
Inicialmente creada para redactar una nueva Constitución, la Asamblea Nacional Constituyente ha sido usada para usurpar funciones legislativas y así aprobar medidas de orden administrativo, electoral y legislativo en favor de la agenda del Poder Ejecutivo, establece el reporte.
El informe documenta cómo la Asamblea Nacional Constituyente adelantó elecciones presidenciales; levantó la inmunidad parlamentaria de diputados de la Asamblea Nacional para permitir su arresto y enjuiciamiento; designó a las autoridades de más alto nivel; y aprobó leyes discriminatorias que criminalizan la libertad de expresión y asociación.
Entre otras cosas, la CIJ recomienda a las autoridades venezolanas que tomen medidas para que:
- Cese el funcionamiento de la Asamblea Nacional Constituyente y se reestablezcan los poderes constitucionales de la Asamblea Nacional.
- Se permita a la Asamblea Nacional revisar los actos adoptados por la Asamblea Nacional Constituyente, a fin de dejarlos sin efecto total o parcialmente, de manera inmediata o condicional, en aras de preservar la seguridad jurídica.
Contactos:
Sam Zarifi: Secretario General de la CIJ; t +41 79 726 44 15; e sam.zarifi(a)icj.org
Santiago Martínez Neira: abogado consultor de la CIJ; e santiago.mn(a)gmail.com
Venezuela-Sin Lugar para la deliberacion-Publications-Reports- fact findings mission reports-2019-SPA (Informe, en PDF)
Video de un evento paralelo sobre la crisis de derechos humanos en Venezuela, organizado conjuntamente con Amesty International:
https://www.facebook.com/ridhglobal/videos/1206399322898690/
Jun 25, 2019 | Comunicados de prensa, Informes, Noticias, Publicaciones
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es el tribunal de justicia transicional diseñado por el Acuerdo Final de Paz suscrito entre el Gobierno Colombiano y la guerrilla de las FARC-EP, con el fin de investigar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario cometidas en el conflicto colombiano.
En Bogotá, durante la semana del 24 de junio de 2019, será presentado el informe Jurisdicción Especial para la Paz, análisis a un año y medio de su entrada en funcionamiento, por una misión de alto nivel compuesta por el Presidente de la CIJ, Robert Goldman, el Vicepresidente de la CIJ, Carlos Ayala, y el comisionado de la CIJ Philippe Texier, ex juez de la Corte de Casación de Francia.
Para ello, se reunirán con diferentes autoridades colombianas incluidas, el Presidente de Colombia, Iván Duque Márquez y la Presidenta de la JEP, Patricia Linares Prieto. También se reunirán con víctimas y otros miembros de la sociedad civil.
En el informe “la CIJ reconoce los avances realizados por la JEP para garantizar los derechos de las víctimas y combatir la impunidad de las graves violaciones a los derechos humanos y del derecho internacional humanitario”, señala el profesor Robert Goldman, Presidente de la CIJ.
Al mismo tiempo, el profesor Goldman advierte que “la JEP debe avanzar en la adopción de acciones concretas para fortalecer la participación efectiva de las víctimas en sus procedimientos, así como para garantizar su derecho a la justicia y a la reparación integral, conforme a los estándares internacionales”.
Asimismo, la CIJ expresa preocupación por la situación de seguridad que enfrentan las víctimas y los testigos que comparecen ante la JEP. Por ello, exhorta a que la JEP y las demás autoridades competentes para que adopten medidas efectivas que garanticen su seguridad dentro de los trámites de la Jurisdicción.
En esa línea, la CIJ resalta en el documento que, aunque la JEP enfrenta varios desafíos y todavía tiene un largo camino que recorrer, es una institución fundamental para la consolidación de la paz en Colombia. En ese sentido, desde una perspectiva crítica pero propositiva, el informe ofrece insumos para que la JEP fortalezca y desarrolle sus funciones con plena observancia de los estándares internacionales, en particular respecto de los derechos de las víctimas y la sanción efectiva de los responsables.
Por otra parte, en el informe también se concluye que no son necesarias reformas legislativas al marco jurídico de la JEP; sino que solo es necesario que la JEP realice una interpretación de su normativa encaminada a desarrollar, profundizar e implementar, de mejor manera, los derechos de las víctimas, conforme con los estándares internacionales.
Por último, la CIJ también considera esencial que se garantice la independencia judicial de la JEP frente a presiones externas para asegurar el correcto ejercicio de sus funciones.
El informe presenta los hallazgos encontrados por una misión de la CIJ integrada por los comisionados Carlos Ayala, Wilder Tayler y Philippe Texier, la cual se realizó en enero de 2019. Estos hallazgos fueron ampliados y complementados con un análisis de las principales actuaciones realizadas por la JEP, así como, con un seguimiento a las actuaciones desarrolladas por otras autoridades.
La fecha de corte del informe es el 7 de junio de 2019.
Colombia-Jurisd para la paz-PUBLICATIONS-Reports-Fact-finding mission report-2019-SPA (Informe en PDF)
