Apr 12, 2018 | Artículos, Noticias, Publicaciones
Hoy la CIJ lanza su informe El juzgamiento de civiles por tribunales militares en Venezuela.
El informe analiza el marco constitucional y legal de la jurisdicción penal militar de Venezuela, su estructura, composición y competencia.
Igualmente, el informe aborda los graves problemas de independencia de la jurisdicción penal militar venezolana y la práctica del enjuiciamiento de civiles por los tribunales militares de ese país, a la luz de estándares internacionales y de los principios del Estado de Derecho.
Asimismo el informe relaciona las recomendaciones sobre administración de justicia por tribunales militares que han venido formulando a Venezuela distintos órganos y procedimientos internacionales de protección de los derechos humanos, tanto en el ámbito de las Naciones Unidas como del Sistema Interamericano.
Finalmente, el informe concluye que los tribunales militares venezolanos no satisfacen las condiciones necesarias e inherentes a una recta administración de justicia, establecidas por el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y que el juzgamiento de civiles por tribunales militares configura una violación flagrante de los derechos a un tribunal independiente, imparcial y competente y es incompatible con las normas y estándares internacionales sobre administración de justicia.
Venezuela-Civiles Tribunales Militares-Publications-Reports-Thematic Reports-2018-SPA (el informe, en PDF)
Nov 16, 2017 | Artículos, Informes, Noticias, Publicaciones
Los procedimientos nacionales para la selección de los jueces de los tribunales regionales de derechos humanos frecuentemente no cumplen con los estándares de imparcialidad, inclusión y transparencia, concluye un informe conjunto de OSJI y de la CIJ publicado hoy.
Universal-Fortaleciendo desde Dentro-Publications-Reports-2017-SPA (el informe en español, PDF)
Sep 12, 2017 | Comunicados de prensa, Informes, Noticias, Publicaciones
Hoy la Comisión Internacional de Juristas lanza un nuevo informe sobre la grave ruptura del Estado de Derecho: El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela: un instrumento del Poder Ejecutivo.
A través de diferentes sentencias emitidas desde diciembre de 2015, el máximo órgano de la Judicatura venezolana fue progresivamente desmantelando el Estado de Derecho, socavando los derechos humanos y dejando sin aplicación la Constitución política de ese país.
En sus decisiones Nos. 155 y 156 de marzo de 2017, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) daría una estocada final al Estado de Derecho, arrogándose las facultades legislativas, despojando a la Asamblea Nacional de sus facultades constitucionales y otorgando amplísimos y arbitrarios poderes al Ejecutivo.
En su Sentencia No. 155 de 27 de marzo de 2017, el TSJ se pronunció sobre un recurso de nulidad presentado por un Diputado oficialista contra un acto de la Asamblea Nacional, que pedía la reactivación del proceso de aplicación de la Carta Democrática Interamericana de la Organización de los Estados Americanos, para una resolución pacífica de la crisis y la reinstauración del orden constitucional en Venezuela.
En su Sentencia No. 156 de 28 de marzo de 2017, el TSJ se pronunció sobre una demanda de interpretación sobre Ley Orgánica de Hidrocarburos, que cercenó las facultades constitucionales de la Asamblea Nacional.
“Estas decisiones constituyen un verdadero Golpe de Estado al orden constitucional y han dado inicio del reino de la arbitrariedad”, declaró Sam Zarifi, Secretario General de la CIJ.
El informe de la CIJ analiza, a la luz de estándares internacionales y de los principios del Estado de Derecho así como de la Constitución venezolana, la jurisprudencia emitida desde diciembre de 2015 por el TSJ en relación con las funciones y facultades constitucionales del Poder Legislativo, el control parlamentario, los estados de excepción y la amnistía.
El TSJ – una institución totalmente cooptada por el Poder Ejecutivo e integrada mayoritariamente por del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y/o ex funcionarios del Gobierno- se convirtió en un apéndice del Gobierno y un instrumento político del régimen para enfrentar la cada vez más creciente oposición política y social.
Invocando arbitrarias interpretaciones de la Constitución, omitiendo el análisis de otras normas constitucionales, otorgando rango supraconstitucional a normas de inferior jerarquía y obviando el debido proceso y el sistema de contradicción judicial, el TSJ fue despojando y vaciando a la Asamblea Nacional de sus funciones constitucionales en materia legislativa, de control parlamentario, de reglamentación y de administración interna, para favorecer políticamente al Gobierno.
“Los fallos no se han proferido con imparcialidad, de conformidad a los hechos y el derecho, como lo prescriben el principio 2 de los Principios básicos relativos a la independencia de la judicatura pero más bien están en flagrante violación de la Constitución venezolana. El TSJ ha proferido sus decisiones basado en consideraciones políticas y lealtades partidistas e ideológicas con el Poder Ejecutivo”, declaró Sam Zarifi.
Asimismo, el informe relaciona las recomendaciones sobre administración de justicia que han venido formulando a Venezuela, desde hace varios años, distintos órganos y procedimientos internacionales de protección de los derechos humanos, tanto en el ámbito de las Naciones Unidas como del Sistema Interamericano.
Ninguna de esas recomendaciones ha sido acatada por las autoridades venezolanas, incluso las órdenes de reparación decretadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las cuales son de obligatorio cumplimiento.
“Esa posición de las autoridades venezolana es violatoria de su obligación internacional de cooperar de buena fe con órganos y procedimientos internacionales de protección de los derechos humanos”, declaró Sam Zarifi.
Finalmente, el informe concluye que el TSJ ha socavado el Estado de Derecho, vulnerado el principio de separación de poderes y conculcado las funciones constitucionales y la autonomía del Poder Legislativo.
El TSJ, como consecuencia de sus decisiones basadas en imponer los intereses políticos del Poder Ejecutivo, ha perdido sus atributos esenciales de un genuino Poder Judicial, tales como: independencia, imparcialidad, autonomía, y legitimidad.
“El TSJ ha asumido un rol de dar apariencia de legitimidad jurídica a las acciones políticas arbitrarias emanadas del Poder Ejecutivo, convirtiéndose en un apéndice del Poder Ejecutivo y dejando de ejercer su función constitucional de garante del Estado de Derecho y de los derechos humanos y libertades fundamentales”, declaró Sam Zarifi.
Contactos:
Sam Zarifi: Secretario General de la CIJ; t +41 79 726 44 15 ; e sam.zarifi@icj.org
Federico Andreu-Guzmán: Representante para Suramérica de la CIJ; t + 57 311 481 8094; e federico.andreu@icj.org
Venezuela-Tribunal Supremo-Publications-Reports-Thematic reports-2017-SPA (el informe en PDF)
Venezuela-Actualización-Advocacy-Analysis brief-2017-SPA (mas información en PDF)
Mar 15, 2016 | Artículos, Informes, Noticias, Publicaciones
Hoy, la CIJ lanza su Informe de Misión sobre el impacto del proyecto hidrológico de El Quimbo en la vulneración de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la población de varios municipios del Departamento del Huila, Colombia.
Asimismo, el Informe da cuenta de la respuesta estatal y de la empresa responsable del proyecto de El Quimbo a las demandas de las comunidades afectadas.
Finalmente, el Informe formula recomendaciones al Estado colombiano, a la empresa responsable del proyecto de El Quimbo y a la Comunidad internacional para garantizar los derechos humanos, la protección del medio ambiente y poner fin a los abusos y exacciones cometidas contra las comunidades.
La Misión de observación visitó a Colombia entre el 15 y el 21 de noviembre de 2015, y estuvo integrada por Philippe Texier y Belisário do Santos Junior, Comisionados de la CIJ por Francia y Brasil, respectivamente, y Sandra Ratjen, Consejera jurídica principal responsable del Programa de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la CIJ. Asimismo, la Misión contó con la asesoría del abogado Alberto León Gómez.
Colombia-ElQuimbo Megaprojects & ESCR-Publications-Facts Finding Mission Report-2016-SPA (full report in PDF, Spanish)
Oct 29, 2015 | Comunicados de prensa, Informes, Noticias, Publicaciones
Hoy, la CIJ hizo público su informe Venezuela: El ocaso del Estado de Derecho.
Este informe es el resultado del seguimiento que la CIJ viene haciendo desde hace varios años sobre la situación del Poder judicial y de los derechos humanos en Venezuela, así como de la Misión in situ liderada por Alejandro Salinas, realizada en agosto de 2015.
Desde su anterior Informe, Fortaleciendo el Estado de Derecho en Venezuela (2014), la CIJ ha constatado una vertiginosa degradación de la situación de los Derechos Humanos, un grave y sistemático menoscabo de la independencia e imparcialidad del Poder Judicial, y la total erosión del Estado de Derecho en Venezuela.
“Hay un claro divorcio entre el deber ser establecido en la Constitución y los compromisos internacionales y por otro lado lo que se refleja en la realidad,” dijo Alejandro Salinas, el autor del informe.
“Esta situación ya observada en años anteriores, se ve agravada por una serie de medidas del Gobierno venezolano que han significado ceder soberanía en favor de organizaciones criminales,” añadió.
En las últimas semanas, la CIJ ha constatado una acelerada escalada de los ataques contra los defensores de derechos humanos y toda forma de oposición social y política.
“La situación en Venezuela es, sin lugar a duda, configura una grave y persistente crisis de los derechos humanos, la democracia y del Estado de Derecho. La Comunidad internacional está en mora y debe reaccionar bajo del derecho internacional,” dijo Wilder Tayler, Secretario General de la CIJ.
La CIJ ha visto agravada la situación de la falta de independencia de la justicia en general, en virtud no sólo de la falta de independencia del Poder Judicial dada la inexistencia de estabilidad de la gran mayoría de los jueces y de la casi totalidad de los fiscales del Ministerio Público; así como también, la falta de garantías para el ejercicio de los defensores de derechos humanos y en algunos casos de la profesión de abogado.
En este sentido, la CIJ manifiesta su preocupación frente las consecuencias representadas en los altísimos niveles de impunidad judicial en los casos de violaciones de derechos humanos y de las víctimas de delitos comunes en general, lo cual contrasta con la inusual prontitud con la que se abren juicios, se dictan medidas cautelares restrictivas y se condenan a miembros activos de la sociedad civil, líderes sociales y a opositores políticos.
Entre los casos que más representativos de esta situación se encuentran, entre otros, la reapertura del juicio penal contra la jueza María Lourdes Afiuni; la detención preventiva para someter a juicio al abogado Tadeo Arrieche; la orden de captura contra los miembros directivos y de los consejos editoriales de “El Nacional”, “Tal Cual” y “La Patilla”; y la condena de Leopoldo López a casi 14 años de prisión.
Finalmente, la CIJ desea llamar la atención sobre la gravedad que significa que desde el mes de agosto del presente año 2015, 23 municipios en Venezuela hayan estado siendo sometidos a estados de excepción con la restricción de varios de los derechos consagrados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, sin que estén claramente cumplidos los requisitos internacionales como la gravedad de la situación que no pueda ser enfrentada con los poderes ordinarios del estado, la estricta necesidad y proporcionalidad de las medidas.
Es de gran preocupación para la CIJ las medidas arbitrarias tomadas contra nacionales colombianos que han sido deportados masivamente, incluidos menores de edad; y además, que estando por darse inicio a la campaña política para las elecciones de diputados a la Asamblea Nacional el próximo 6 de diciembre, se hayan restringido – sin justificación – los derechos de reunión pública y de manifestación pacífica, por el efecto restrictivo que ello implica para el ejercicio libre de los derechos políticos en una sociedad democrática.
Contact:
Wilder Tayler, Secretario General de la CIJ, t: +41 22 979 3825 ; e: wilder.tayler(a)icj.org
Alejandro Salinas, autor del informe, e: alejandro.salinasrivera(a)gmail.com
Venezuela-OcasoEstadoDerecho-Publications-Reports-2015-SPA (Informe en PDF)
Nov 3, 2014 | Artículos, Informes, Noticias, Publicaciones
Este informe presenta los hallazgos, conclusiones y recomendaciones de la misión de observación de los derechos sociales en la agricultura para la exportación en Perú (Valle de Ica, sur de Lima), enviada por la CIJ entre el 29 de abril y el 7 de mayo del 2014.
La misión recibió el apoyo de la Comisión de Derechos Humanos de Ica (CODEH-Ica).
El objetivo de la misión era observar y verificar sobre el terreno el cumplimiento de los estándares internacionales sobre protección de los derechos económicos y sociales (laborales, de salud y otros conexos), y sobre responsabilidad de las empresas en materia de derechos humanos, en el contexto de las operaciones de las empresas agro-exportadoras del Valle de Ica.
El informe concluye que las condiciones de trabajo en la agricultura de exportación en el Valle de Ica son deplorables y claramente constituyen un ejemplo de trabajo precario y no acorde con los estándares internacionales en materia de derechos del trabajador y otros derechos sociales. Muchas de estas situaciones pueden constituir violaciones graves de derechos humanos.
La misión llega a esta conclusión después de haber escuchado a un buen número de trabajadores y trabajadoras, niños, dirigentes sindicales, expertos laborales, funcionarios estatales y otros, y después de haber analizado la información y análisis que le fue proporcionado o que pudo colectar independientemente.
En lo que atañe al objeto particular del presente informe con especial enfoque en los actores empresariales no estatales, debe concluirse que las empresas del sector en general, sean grandes o pequeñas, carecen de un verdadero entendimiento de la responsabilidad social de la empresa (RSE) y los derechos humanos.
La misión no ha podido observar ni recabar información sobre ninguna política o mecanismo empresarial de prevención de riesgos de afectación a derechos, ni sobre planes de mitigación o remediación. Los principales actores locales en materia de derechos humanos y RSE tampoco parecen tener un entendimiento cabal de esta materia o planes de acción concretos al respecto.
El informe recomienda una serie de medidas al Estado peruano, entre ellas:
- La derogación o modificación de la Ley N° 27360 y el restablecimiento del régimen laboral común en el sector agrícola a través de una ley adoptada por el Congreso de la República.
- El pronto establecimiento y funcionamiento de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL y su trabajo de fiscalización efectivo en la Región de Ica y otras en el Norte del Perú, donde la industria agroexportadora es importante. El número de inspectores debe ser suficiente para las necesidades de fiscalización en una región donde trabajan docenas de miles de trabajadores.
- Es necesario que se establezcan, bien como adscrito a SUNAFIL o a las Direcciones Regionales de Trabajo o de Salud, los equipos técnicos, idóneos y debidamente dotados de los instrumentos técnicos necesarios para verificar las condiciones de salud, incluida la prevención en los fundos.
- La adopción de medidas más severas, incluidos procedimientos de reclamación mucho más eficaces y expeditivos, ante actos y situaciones de naturaleza anti-sindical. Debido a la naturaleza insidiosa en que la acción anti-sindical se desarrolla en este contexto, deberían renovarse los mecanismos de detección o alerta temprana.
- La dedicación de recursos y esfuerzos especiales para una adecuada recolección y mantenimiento de datos sobre contratos de trabajo –así como una renovada vigilancia de la obligación del empleador de informar a la autoridad competente todos los datos relacionados al contrato, su duración, condiciones, entre otros.
- Adoptar medidas para garantizar que las empresas adoptan medidas para facilitar el trabajo de mujeres madres con niños y garantizar el acceso, des el primer día de contratación, a la seguridad social.
En relación a las Empresas agro-exportadoras, el informe recomienda:
- La adopción de políticas y procedimientos internos orientados a asegurar que las operaciones de la empresa respetan los derechos humanos, incluidos los derechos laborales de los trabajadores de acuerdo a los estándares internacionales.
- La publicación o socialización por medios adecuados de las medidas internas adoptadas para subsanar las faltas graves a los estándares internacionales de protección al trabajador.
- Igualmente la misión insta a las empresas a desarrollar programas de mejoramiento del nivel de vida de las comunidades de las que provienen la mayoría de los trabajadores, particularmente en mejoramiento de las viviendas y servicios públicos esenciales.
El informe contiene asimismo otras recomendaciones dirigidas a los sindicatos, ONGs y otros organismos de la sociedad civil, al sistema interamericano de protección de los derechos humanos y la comunidad internacional.
Peru-Regimenes especiales exportacion-Publications-thematic report-2014-SPA (full text in PDF)
