Una opinión editorial de Alejandro Salinas Rivera, Comisionado de la CIJ (Chile)
A casi un mes de iniciadas las protestas sociales, las fuerzas políticas llegaron a un acuerdo que podría permitir abordar la crisis social evidenciada con las protestas.
Durante varios días, millones de personas salieron a las calles para solicitar reformas profundas para garantizar los derechos económicos, sociales y culturales. La mayoría de las protestas fueron pacíficas; sin embargo, algunos actos de violencia fueron perpetrados.
La reacción inicial de las autoridades gubernamentales y de otros líderes políticos no permitió abordar con seriedad las preocupaciones y las demandas ciudadanas. Además, hay denuncias sobre graves violaciones de los derechos humanos cometidas por miembros de la fuerza pública. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) indicó que representa a 489 personas que sufrieron actos que pueden constituir violaciones a los derechos humanos, y hay más de 200 personas heridas en los ojos por balines de goma.
Acuerdo político alcanzado recientemente
El 15 de noviembre, los partidos políticos con representación parlamentaria (a excepción del Partido Comunista y de pequeños partidos de izquierda), firmaron un acuerdo político que propone un camino para abordar la crisis: la definición de un procedimiento para adoptar una nueva Constitución.
Pero, ¿por qué es tan importante esto en Chile? Porque la Constitución chilena fue redactada y adoptada en 1980 durante la dictadura militar, y aunque se le han introducido modificaciones durante la democracia (1990), todavía refleja el modelo político y social que gobierna el país. La Constitución siempre ha sido considerada como una camisa de fuerza que impide introducir cambios sociales que el país necesita, ya que otorga al Estado un papel subsidiario en la garantía de ciertos derechos económicos y sociales.
El acuerdo político alcanzado estableció una hoja de ruta para realizar el cambio constitucional. Primero, en abril de 2020 se realizará un plebiscito para preguntarle a las personas: a) ¿Quiere usted una nueva Constitución? (Aprueba/ Rechaza); y b) ¿Qué tipo de órgano debiera redactar la nueva Constitución? (Convención Mixta Constitucional o Convención Constitucional).
En segundo lugar, después de los resultados del plebiscito, se llevarán a cabo las elecciones de los miembros que integrarán el organismo encargado de redactar la nueva Constitución (octubre 2020), y después de su redacción, habrá un plebiscito ratificatorio obligatorio.
Este acuerdo político genera esperanza para que se realice un cambio que permita abordar las demandas sociales y mejorar el diseño institucional que se encarga de garantizar los derechos económicos y sociales. Sin embargo, el acuerdo por sí solo no es suficiente. Es necesario, además, tomar medidas inmediatas que permitan lograr acuerdos sustanciales y fortalecer, ahora, la capacidad institucional.
Otras acciones que deben realizarse
Además del acuerdo político alcanzado, hay otras acciones que se deben realizar. Por ejemplo, se debe:
- Adoptar acuerdos políticos específicos que hagan viable el proceso constitucional acordado y que garanticen que dicho proceso responda a las demandas ciudadanas. Así, debe modificarse la Constitución para permitir la convocatoria al plebiscito, y se debe implementar dicho mecanismo en abril de 2020.
- Adoptar políticas públicas específicas para materializar los derechos económicos y sociales que no requieren cambios constitucionales; solo requieren voluntad política. Por ejemplo, se pueden introducir mejorías significativas a los sistemas de salud, de educación y de pensiones.
- Investigar, de manera pronta y efectiva, la actuación de la policía y de las fuerzas de seguridad en el marco de las protestas. Esto requiere una revisión completa de los protocolos de actuación y, posiblemente, la adopción de reformas institucionales.
- Investigar, de manera pronta y efectiva, las denuncias en contra de miembros de la policía y de las fuerzas de seguridad por violaciones graves de los derechos humanos y, cuando la evidencia lo amerite, enjuiciar y sancionar a los responsables. El rol independiente de los jueces y los fiscales es clave para cumplir con esta obligación.
- Investigar, de manera pronta y efectiva, los actos de violencia cometidos durante las protestas, y cuando la evidencia lo amerite, enjuiciar y sancionar a los responsables.
- Fortalecer las instituciones públicas, como las fuerzas policiales (Carabineros), el Instituto Nacional de Derechos Humanos, las oficinas gubernamentales a cargo de las políticas públicas sociales, entre otras.
En suma, el camino que se avecina no es fácil y está lleno de obstáculos para Chile, pero proporciona una esperanza para abordar la crisis social. Por ejemplo, cambiar la Constitución era una tarea pendiente de la democracia chilena, y ahora parece posible. Entre los próximos pasos se encuentra el diseño de un modelo político y social que garantice la equidad, que permita la solidaridad y que garantice plenamente los derechos humanos.