La CIJ celebra la participación de diferentes Organizaciones No Gubernamentales, en la audiencia que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) convocara de oficio, la cual permitió escuchar la posición de ambas delegaciones y llevar a cabo un diálogo franco sobre un tema trascendental para la población guatemalteca y el respeto de los derechos humanos en el país.
La CIJ participó por medio de su Director para Centroamérica, abogado Ramón Cadena, participación solicitada por el Instituto Centroamericano de Estudios para la Democracia Social (DEMOS), del Comité de Desarrollo Campesino (CODECA) y de la Red de Defensores Comunitarios.
El Bufete para Pueblos Indígenas, si bien había sido solicitado por dichas organizaciones para asistir, no pudo hacerlo en un último momento.
Si bien la Delegación Gubernamental alegó falta de competencia por parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana no sólo sostuvo que sí era competente, según la Declaración Americana de Derechos Humanos y la Convención Americana de Derechos Humanos y otra legislación regional de Derechos Humanos, sino que además, en su calidad de “observadora externa”, se sintió “sorprendida” por las últimas decisiones tomadas por las autoridades gubernamentales al más alto nivel y advirtió al Estado de Guatemala, que el mensaje que el Estado de Guatemala estaba dando con sus últimos actos y decisiones de no prorrogar el mandato de la CICIG, ni permitir el ingreso del comisionado Iván Velásquez al país, era “excesivo” y que en nada fortalecía al Estado de Derecho de Guatemala.
Otro argumento de la delegación gubernamental fue afirmar que la CICIG actuaba como “fiscalía paralela”, lo cual afectaba el ordenamiento interno.
Al respecto, la delegación de las organizaciones no gubernamentales explicaron a la ilustre Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que no se trataba de una fiscalía paralela, sino que de la figura del “querellante adhesivo” y que incluso antes de la aprobación del mandato de la CICIG, la Corte de Constitucionalidad emitió una opinión consultiva el 8 de mayo de 2007 (Expediente 791-2007), debidamente publicada en el Diario Oficial, en la que consideró que la constitución de la CICIG no violaba el ordenamiento constitucional, ni legal del Estado de Guatemala.
Específicamente, la Corte de Constitucionalidad consideró al referirise a la función de la CICIG que “la función de apoyar, coadyuvar y fortalecer a las instituciones estatales encargadas de la investigación en los delitos cometidos con ocasión de la actividad de los cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad…no excluye la posibilidad de recibir el apoyo de otras instituciones en la recolección de evidencia, siempre que la participación se haya establecido de manera legal, como sucede en el presente caso.”
La ilustre Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) consideró que la pregunta esencial que había que responder, era si el Estado de Guatemala contaba ya con la fortaleza institucional, con la independencia judicial y con funcionarios e instituciones sólidas, como para poder luchar contra la corrupción en Guatemala, sin el apoyo de la CICIG.
La delegación de las organizaciones no gubernamentales fundamentaron con diferentes argumentos, que aún no se contaba con dicha solidez y que la presencia de la CICIG en el país, seguía siendo necesaria.
La Comisión Interamericana celebró la participación nutrida de la Sociedad Civil de Guatemala y la presencia de representantes del gobierno guatemalteco y manifestó que el haber convocado de oficio a esta audiencia, demostraba el interés de la CIDH en Guatemala.
Informó a la delegación gubernamental, que era su interés realizar una visita “in loco” a la mayor brevedad posible, ya que de esa forma podría conocer en forma más profunda todas las situaciones de derechos humanos que se estaban presentando en el país, para lo cual solicitó el apoyo de la delegación gubernamental.
Ramón Cadena, Director de la CIJ para Centroamérica expresó: “Lamentamos que el Gobierno de Guatemala solicitara a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que la audiencia se llevara a cabo a “puertas cerradas”, ya que todos los puntos discutidos fueron del interés de la ciudadanía en general y de la prensa.
Por ello, en lugar de mantener las discusiones cerradas, deberían abrirse al conocimiento de la prensa y del público en general. Exigimos a las autoridades correspondientes, que no vaya a haber represalias en contra del trabajo que realizan las organizaciones de derechos humanos y las y los defensores de derechos humanos.”