Las comunidades indígenas y campesinas guatemaltecas finalmente obtienen algo de justicia y recuperan tierras y territorios que anteriormente habían sido tomados por autoridades o actores económicos privados, incluso durante el conflicto armado interno que entre 1960 y 1996.
La CIJ pudo constatar estos desarrollos alentadores en un taller que organizó conjuntamente con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH): Taller Internacional sobre litigios estratégicos en defensa de la tierra y el territorio, en la ciudad de Guatemala, entre 9 y 10 Noviembre 2017.
Una de las historias exitosas, contada por Don Pedro Herrera, un líder comunitario de la comunidad Tzalbal, municipio de Nebaj, departamento de Quiché (norte de Guatemala), se refiere a una decisión judicial favorable de un juez de primera instancia en Nebaj, de fecha Agosto de 2016, ordenando la restitución de unas 1485 hectáreas (33 caballerías en el antiguo sistema de medición aún en uso en América Central) a las comunidades de Tzalbal.
La decisión está en apelación ante el Tribunal Constitucional de Guatemala, pero en el Taller se dijo que ya había levantado la moral y esperanza entre los miembros de las comunidades locales sobre de la perspectivas de restitución de su tierra apropiada en violación de sus derechos a la tierra.
Las 33 caballerías fueron separadas del resto de las tierras municipales y comunitarias alrededor de 1984, en medio de la guerra civil guatemalteca y como parte de los planes de contra-insurgencia elaborados por los gobernantes militares, supuestamente para crear aldeas leales en la línea de frente de combate a la insurgencia armada.
La mayoría de los miembros de la comunidad en ese momento habían huido de sus hogares, temiendo por sus vidas que estaban amenazadas tanto por la insurgencia armada como por las fuerzas militares del Estado.
Las autoridades locales de facto fueron obligadas a firmar documentos que aceptaban la separación de la tierra, pero la mayor parte de la población no se preocupó por la operación.
Sin embargo, en el año 2011, FONTIERRAS, la autoridad de tierras del gobierno, reveló a la comunidad que las tierras habían sido registradas como propiedad del Estado luego de la separación forzada ocurrida en 1984.
Desde entonces, las comunidades de Tzalbal comenzaron a tomar medidas concertadas para recuperar las tierras que consideraban legítimamente suyas y son los lugares donde mantenían sus hogares y obtenían sus medios de subsistencia.
Las comunidades de Tzalbal tienen unas 70 familias con unas 500 personas de todas las edades. Cuando se enteraron de que la tierra que tradicionalmente poseían era “legalmente” propiedad del Estado de Guatemala, se acercaron a la CIJ para solicitar asistencia jurídica.
Se presentó un recurso constitucional de Amparo en nombre de las comunidades de Tzalbal solicitando al tribunal que proteja los derechos de propiedad y el debido proceso bajo la Constitución guatemalteca y declare inválida la inscripción de propiedad de la tierra a favor del Estado en el Registro de la Propiedad.
En Agosto de 2016, el juez de primera instancia se pronunció en favor de las comunidades y ordenó que el registro modificara la inscripción en el registro de la propiedad.
Sin embargo, los representantes del Estado han apelado contra el fallo y se llevó a cabo una audiencia pública sobre el caso la primera semana de Noviembre de 2017.
Ahora se espera una decisión final por parte del Tribunal Constitucional.
La tierra, el territorio y los recursos son activos cruciales para la supervivencia y el bienestar de las comunidades indígenas y otras comunidades locales en Guatemala y otros países.
Para los pueblos indígenas también existe una relación inherente y especial con la tierra y el territorio que muchas veces adquiere un significado religioso y cultural.
En el Taller sobre Litigios Estratégicos, varios otros grupos explicaron cómo continúan su lucha por la justicia y en defensa de su tierra y territorio.
Varios de esos grupos reconocieron la asistencia instrumental de la oficina en Guatemala del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que a través de su Programa Maya brinda asesoramiento y apoyo a las comunidades locales en su defensa de la tierra y el territorio.
Un caso en discusión, todavía en curso, se refiere a la impugnación legal de la Evaluación de Impacto Ambiental llevada a cabo por Island Oil Company en virtud de un contrato de exploración y explotación petrolera con el gobierno que involucra a cinco municipios del departamento de El Petén.
El Petén es la ubicación de la mayor reserva de la biosfera en Guatemala, donde, curiosamente, los asentamientos humanos no están permitidos pero algunas compañías petroleras están autorizadas para llevar a cabo operaciones.
La batalla legal ha sido liderada por los pueblos Qeqchi, Mopan e Itza y respaldada por el Programa Maya. Se presentó un recurso administrativo conocido como oposición ante el MARN, la autoridad nacional para la preservación del medio ambiente, alegando violaciones de derechos como la falta de consulta y consentimiento de las comunidades locales.
La autoridad administrativa falló a favor de los demandantes y ordenó que la exploración se detuviera hasta que se cumplieran los requisitos reglamentarios.
Con el tiempo, el trabajo de la CIJ y otros grupos, realizado en coordinación con la oficina de derechos humanos de la ONU en Guatemala, ha comenzado a mostrar resultados.
Cada vez más comunidades están tomando medidas concretas para desafiar legalmente las acciones o leyes que causan o perpetúan el despojo de sus tierras y territorios tradicionales.