Apr 30, 2018 | Comunicados de prensa, Noticias
La CIJ enumera varias consideraciones y recomendaciones para asegurar la elección de un Fiscal General independiente.
La CIJ expresa:
1. La Junta Proponente para la elección del Fiscal General deberá llevar a cabo un proceso público y transparente, con el objeto de devolver al pueblo de Honduras la credibilidad en la justicia y presentar al Congreso Nacional una nómina de 5 personas seleccionadas por razones fundadas en méritos de capacidad, idoneidad, independencia, integridad moral y honestidad. En la segunda fase, el Congreso Nacional también deberá de implementar un proceso público y transparente, que permita nuevamente la fiscalización por parte de la sociedad hondureña del proceso de elección de la cabeza del Ministerio Público.
2. En la primera fase, la Junta Proponente debería utilizar las herramientas del perfil, tabla de gradación y entrevista pública, con el objeto de determinar a fondo si la o el profesional reúne las condiciones para ser preseleccionada por razones fundadas en méritos de capacidad, honestidad, independencia, integridad moral e idoneidad y no únicamente por predilecciones o prejuicios. La CIJ ha podido constatar en procesos similares anteriores, que la Junta Proponente cumple con los requerimientos formales, pero no hace un esfuerzo para seleccionar a los mejores candidatos y cumplir así con los estándares internacionales sobre el fondo de la elección, y en particular las Directrices sobre las funciones de los fiscales, de las Naciones Unidas.
3. Dado el controvertido desempeño en la función del actual Fiscal General, la CIJ considera que no es recomendable su reelección, toda vez que existen legítimas y serias dudas de que no reúna las condiciones establecidas por los estándares internacionales. En este sentido, es necesario e importante, investigar y definir si el Fiscal General actual, actuó con absoluta independencia y honestidad durante su gestión.
4. La Junta Proponente y el Estado de Honduras deben asegurar que el proceso de elección del próximo Fiscal General en todas sus fases, garantice una elección de personas únicamente basada en méritos, idoneidad y competencia profesional e integridad moral y honestidad y no en predilecciones o prejuicios. Ello constituye una salvaguarda fundamental para una recta e independiente administración de justicia y para evitar riesgos de parcialidad del Fiscal General.
5. Al respecto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también ha reconodido la importancia de que los Estados establezcan salvaguardas para evitar las negociaciones entre partidos políticos. La CIJ considera que estas salvaguardas serían necesarias y apropiadas para la actual elección, tomando en cuenta que en Honduras las negociaciones entre partidos políticos, son una práctica constante y reiterada en estos procesos;
6. Si bien es importante la presencia de la Sociedad Civil en la Junta Nominadora, la CIJ pudo constatar que existen razones fundadas para cuestionar dicha participación, por tratarse de un proceso de participación viciado. Así lo ha declarado la Sala Constitucional, al resolver con lugar la inconstitucionalidad de la reforma de la Ley del Ministerio Público, que habilitaba la participación de un representante de la sociedad civil en la Junta Proponente.
7. En tal sentido, la CIJ considera que la Junta Proponente debería ceñirse a lo establecido en la Ley con respecto a la integración de la dicha Junta. El Presidente de la Junta Proponente debería verificar que todos los miembros de dicha Junta, sean idóneos para integrarla y que cuenten con las calificaciones jurídicas apropiadas, para llevar a cabo tan importante misión con transparencia, independencia, imparcialidad y honestidad.
8. La CIJ insta a la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), que lleve a cabo una investigación profunda acerca de este proceso y para determinar el cumplimiento de los estándares internacionales, cuyo respeto constituye la principal garantía para que el próximo Fiscal General, sea una persona independiente y electa en base a méritos y no por preferencias.
Ramón Cadena, Director de la CIJ para Centro América expresó: “La o el Fiscal General es una autoridad pública que en nombre de la sociedad y del interés público, debe asegurar la aplicación de la ley y perseguir los delitos. Por ello, el Estado de Honduras debe llevar a cabo un proceso que permita culminar con la elección de un Fiscal General independiente y designado por razones fundadas en méritos y no en predilecciones, y que reuna las condiciones exigidas por los estándares internacionales.”
Mar 3, 2016 | Comunicados de prensa, Noticias
La CIJ condena asesinato la defensora de derechos humanos y Coordinadora General del Consejo Indígena de Organizaciones Populares de Honduras (COPINH).
En la madrugada, fue asesinada en su residencia Berta Cáceres por un grupo de sicarios.
La CIJ condena enérgicamente este asesinato, que no solo afecta a su familia, sino también al movimiento de Derechos Humanos en dicho país y al Pueblo Lenca de Honduras.
Además, constituye un ataque contra el movimiento de derechos humanos de toda la región Centroamericana.
Berta Cáceres llevó a cabo una lucha tenaz a favor de la defensa de los recursos naturales del Pueblo Lenca de Honduras.
En reiteradas ocasiones recibió amenazas de muerte, además de sufrir persecución política y órdenes de detención infundadas.
Su lucha, junto con la del COPINH y el pueblo hondureño, fue reconocida con varios premios internacionales.
La CIJ exige de las autoridades hondureñas una pronta investigación, para aclarar los hechos, determinar quienes fueron los autores materiales e intelectuales y llevarlos ante la justicia.
Ramón Cadena, Director de la CIJ para Centroamérica expresó: “Honduras ha perdido a una valiente y comprometida defensora de derechos humanos; es imprescindible que este crimen no quede en la impunidad. Los sicarios que cometieron el crimen y los autores intelectuales deben ser castigados. Esperamos un mensaje claro por parte del Gobierno y que de inicio de inmediato a las acciones correspondientes”.
Jul 27, 2013 | Comunicados de prensa, Noticias
La CIJ condenó el asesinato de la jueza del Tribunal de Sentencia de la ciudad de El Progreso y Pro-Secretaria de la Junta de la Directiva Nacional de la Asociación de Jueces por la Democracia de Honduras.
La Jueza Mireya Mendoza fue ultimada por los disparos hechos desde una motocicleta mientras conducía su vehículo en la mañana del 23 de Julio en la ciudad de El Progreso, Departamento del Yoro, Honduras.
Ramón Cadena, Director de la CIJ para Centroamérica señaló: “Condenamos en los más enérgicos términos el asesinato de la Jueza Mendoza Peña.”
Más de 50 abogados y abogadas han sido asesinados en Honduras en los últimos tres años
“Ataques de este tipo contra jueces y abogados no solamente constituyen graves crímenes sino que socavan seriamente el Estado de Derecho y la administración de la justicia en Honduras. La CIJ solicita al Gobierno de Honduras que disponga una investigación pronta, efectiva e imparcial sobre este nuevo crimen y que tome las medidas de protección necesarias para abordar la ola de intimidación y hostigamiento que sufren los profesionales del Derecho en ese país,” añadió Cadena.
La CIJ también expresó su solidaridad con la Asociación de Jueces por la Democracia en Honduras (AJD), que ahora se viste de luto por tan infame asesinato.
La AJD es una organización profesional fundada en 2006, conformada por jueces y juezas comprometidos con la defensa y promoción de la independencia judicial como un presupuesto esencial para el fortalecimiento del Estado de Derecho, asumiendo la defensa de los derechos profesionales e intereses gremiales de jueces y juezas en Honduras.
Dec 13, 2012 | Comunicados de prensa, Noticias
La CIJ condena los actos de los países de Centroamérica que afectan seriamente la independencia judicial. El ultimo acto de esta naturaleza ocurrió en Honduras.
La CIJ ante los últimos acontecimientos que afectan seriamente la independencia de los differentes poderes judiciales en países de la región centroamericana, expresa:
- Durante el año 2012, la CIJ ha constatado que los diferentes gobiernos y autoridades de los países de Centroamérica han realizado actos que afectan seriamente la independencia judicial. En Honduras, el miércoles 12 de diciembre, la Asamblea Legislativa procedió a destituir a cuatro magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, sin tener facultades o atribuciones para un acto de esta naturaleza. Esta destitución nos sitúa frente a un escenario similar al del Golpe de Estado de junio de 2009;
- En El Salvador, se han dado hechos similares; durante todo el año 2012, la Asamblea Legislativa y otros grupos del poder político, han pretendido desarticular la Sala Constitucional de la Corte Suprema de dicho país, debido al contenido de sus sentencias; en Costa Rica hace unas semanas, también la Asamblea Legislativa se negó a ratificar en su cargo a un magistrado de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, alegando que los fallos de dicha sala creaban una “situación de ingobernabilidad” y que ese acto era un “llamado de atención para el resto de los magistrados”, siendo la primera vez que el Organismo Legislativo se negó a ratificar en su cargo un nuevo mandato de un magistrado del alto Tribunal;
- En Guatemala, tanto el Presidente de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia como la Fiscal General, vienen siendo objeto de ataques a su independencia por parte de abogados defensores de las personas acusadas, por la función positiva que han cumplido en la lucha contra la impunidad en casos de graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado;
La CIJ considera que todos estos hechos constituyen injerencias y ataques a la independencia del Poder Judicial; tratándose de magistrados de diferentes Cortes Supremas y de una Fiscal General, estos actos evidencian por sí mismos, la precariedad de la garantía de independencia judicial en dichos países. A esta situación, hay que agregar que varios de los países mencionados, carecen de sistemas de carrera judicial y de mecanismos de protección adecuados para garantizar a los funcionarios el ejercicio independiente de la función jurisdiccional; además, en ellos existen fenómenos de impunidad generalizados y de cuerpos ilegales, aparatos clandestinos de seguridad y crimen organizado.
Frente a estos hechos, la CIJ recomienda:
- Que las autoridades estatales concernidas con los hechos arriba mencionados, se abstengan de interferir en el ámbito de la independencia de los poderes judiciales, ya que de lo contrario, estarían incumpliendo sus obligaciones internacionales sobre respeto a la independencia de poderes, establecidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos;
- Que se tomen las medidas necesarias para asegurar la independencia de jueces, magistrados y fiscales como corresponde en un Estado de Derecho;
- Que los estados relacionados establezcan mecanismos de protección para jueces, magistrados, fiscales y demás operadores de justicia, a fin de salvaguardar su integridad y garantizar el ejercicio de la función jurisdiccional independiente;
- Que los estados concernidos impulsen procesos de creación o fortalecimiento de carreras judiciales de conformidad con los estándares internacionales;
- Que se fortalezcan los poderes judiciales y otras entidades del sector justicia, a fin de lograr la efectiva protección de los derechos humanos incluida la lucha contra la impunidad.
La CIJ continuará cumpliendo con su mandato de promover y garantizar la independencia de jueces, abogados y fiscales; en ese sentido, le dará seguimiento a estas situaciones y continuará observando y proponiendo soluciones a esta problemática.
Para mayor información :
Ramón Cadena Rámila, Director de la Comisión Internacional de Juristas para Centro América, t + 502 30441818
Aug 31, 2012 | Incidencia
Entre los días 27 y 31 de agosto la CIJ llevó a cabo una misión de alto nivel en Honduras, con el fin de observar el proceso de elección del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial.
Honduras-mision de observacion-mission report-2012-spa (full text, PDF)
