La CIJ hoy denunció la falta de independencia e imparcialidad de la magistratura en Venezuela frente al Consejo de Derechos Humanos de la Naciones Unidas y llamó para la renovación del mandato de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos
Una opinión editorial de Carlos Lusverti, Consultor jurídico para América Latina, Comisión Internacional de Juristas
En un documento publicado hoy, la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) llama la atención sobre los numerosos obstáculos y restricciones a los que se enfrentan las abogadas y los abogados en Venezuela al ejercer su profesión.
Las abogadass y los abogados que actúan de forma independiente son frecuentemente sometidos a acosos, intimidaciones, e incluso, a sanciones penales. Las abogadas y los abogados que actúan en casos de alto perfil, particularmente en casos con contenido político o que involucran violaciones a los derechos humanos, están especialmente en riesgo.
Como demuestra el documento, el entorno institucional no garantiza adecuadamente la independencia del sistema judicial, ni la protección de los derechos humanos.
El 26 de abril de 2022, la Asamblea Nacional venezolana, electa en 2020, nombró 20 magistradas y magistrados al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). La mayoría de estos nombramientos fueron motivados políticamente. Por ello, los nombramientos desconocen el derecho internacional de los derechos humanos y los estándares sobre independencia judicial.
LA CIJ y IBAHRI destacaron hoy en frente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU la necesidad urgente de que exista rendición de cuentas por las graves violaciones de derechos humanos en Venezuela.