Los días 22, 23 y 24 de octubre se reunieron en el Departamento de Petén diferentes comunidades, dirigentes comunitarios, defensores de derechos humanos y organizaciones sociales.
El objetivo de la reunion fue evaluar la situación de las comunidades que viven en los municipios de San Andrés y La Libertad, de dicho departamento.
Entre otras organizaciones y dirigentes del departamento de Petén, estuvieron presentes las organizaciones Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas (UVOC) y el Comité de Desarrollo Campesino (CODECA), ambas integrantes de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (CNOC); dirigentes del Frente de Resistencia en Defensa de los Recursos Naturales y Derechos de los Pueblos (FRENA) del Departamento de San Marcos y dirigentes de la Sociedad Civil de Santa Cruz Barillas del Departamento de Huehuetenango; representantes del Bufete de Derechos Humanos (BDH), representantes de El Observador y de la Oficina de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) para Centroamérica.
Después de realizar varios talleres, reuniones, análisis y reflexión sobre la situación de derechos humanos en dichos municipios, las organizaciones mencionadas pudieron constatar que continúa la política de persecución, represión y hostigamiento en contra de las comunidades y de sus dirigentes y pobladores, por el hecho de que sus comunidades quedaron en áreas declaradas “protegidas” en la década de los años noventa.
Muchos dirigentes están sufriendo amenazas por parte de las autoridades estatales, mientras el Ejército de Guatemala mantiene diferentes “retenes” que sirven para amedrentar a las poblaciones y a sus dirigentes y para evitar que trasladen alimentos y medicinas a sus comunidades.
El Concejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) pretende obligar a las comunidades que viven en zonas protegidas a firmar “Acuerdos de Cooperación”, que resultan lesivos a sus intereses y que no otorgan seguridad jurídica sobre la propiedad y posesión de sus tierras. Al resistirse a firmar dichos acuerdos, representantes de CONAP amenazan a las comunidades y a sus dirigentes con implementar desalojos forzosos en su contra y en contra de sus comunidades.
Esta actitud contrasta con la política gubernamental hacia la compañía petrolera PERENCO, a la cual durante la gestión del ex Presidente Álvaro Colom, se le prorrogó el contrato petrolero por 15 años más a partir del año 2010, aún en contra de preceptos constitucionales e internacionales. Además, recientemente el Gobierno concesionó seis licencias más de exploración petrolera, algunas en áreas protegidas, a favor de diferentes empresas privadas en los Departamentos de Petén, Quiché, Huehuetenango e Izabal.
El Departamento de Petén es uno de los más afectados por las políticas de desalojos forzosos del Estado de Guatemala.
Guatemala-NOTA INFORMATIVA PETEN-web story-2013-spa (full text in Spanish, pdf)