Los funcionarios guatemaltecos y el sistema judicial en su conjunto han fallado en la rendición de cuentas y en la reparación a las víctimas de desapariciones forzadas y muertes ilícitas, según un informe de la CIJ publicado hoy. Se estima que alrededor de 45.000 personas fueron sometidas a desaparición forzada durante el conflicto armado interno (1960-1996), incluidos unos 5.000 niños.
El documento Guatemala: Desapariciones Forzadas y Ejecuciones Extrajudiciales, Estudio de línea de base, identificó obstáculos claves para que exista rendición de cuentas por los crímenes bajo el derecho internacional cometidos durante el conflicto armado interno. Uno de esos obstáculos son las graves deficiencias en la independencia judicial y en la autonomía de los fiscales en el país.
El informe también identificó que no existe un marco jurídico encaminado a garantizar la búsqueda de personas desaparecidas durante el conflicto, y que las organizaciones de la sociedad civil, integradas por familiares de personas desaparecidas, son las que han liderado la búsqueda y las acciones para que se haga justicia.
Asimismo, el informe menciona que, si bien existían diferentes instituciones públicas que se encargaban de implementar el Acuerdo de Paz y proteger los derechos humanos en el país, recientemente el gobierno abolió esas entidades y creó solo una que concentra todas las funciones y que no cuenta con recursos suficientes. Este es un retroceso en el marco institucional que protegía los derechos humanos en Guatemala.
En este escenario, el informe de la CIJ recomienda a las autoridades guatemaltecas:
- Garantizar la independencia y autonomía de los jueces y fiscales a cargo de casos de desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales y rendir cuentas por estas graves violaciones de derechos humanos. Es importante señalar que, lamentablemente, algunos jueces y fiscales han sido objeto de amenazas y reasignaciones cuando han realizado un buen trabajo.
- Buscar a las personas desaparecidas durante el conflicto y prevenir las graves violaciones a los derechos humanos en el país.
- Ratificar la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, ya que Guatemala es uno de los pocos países latinoamericanos que no es parte de la Convención. La ratificación es importante para proteger los derechos de las víctimas, pues la Convención les otorga a las víctimas una herramienta adicional para hacer valer sus derechos y mejorar la rendición de cuentas del Estado.
Antecedentes
El Estudio de línea de base se elaboró en el marco del proyecto “Promoviendo justicia para desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales en Colombia, Guatemala y Perú”, que la CIJ implementa con el apoyo de la Unión Europea. Este proyecto se implementa bajo la Iniciativa Global de Rendición de Cuentas de la CIJ, que también ha producido estudios de línea base para Camboya, Colombia, Eswatini, Myanmar, Nepal, Perú, Tayikistán, Túnez y Venezuela.
Contacto:
Kingsley Abbott, Director de la Iniciativa Global de Rendición de cuentas de la CIJ. Email: kingsley.abbott(a)icj.org
Carolina Villadiego Burbano, Asesora Legal para América Latina y Coordinadora Regional del Proyecto. Email: carolina.villadiego(a)icj.org
Rocío Quintero M, Asesora Legal para América Latina. Email: rocio.quintero(a)icj.org