La reciente elección del magistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad, llevada a cabo por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), pone en grave riesgo la justicia constitucional y su imparcialidad.
En efecto, días atrás, la Corte Suprema de Justicia eligió al magistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad (CC), puesto que había quedado vacante luego de que la magistrada suplente anterior, fuese electa como Fiscal General por el Presidente de la República.
Los ocho magistrados de la CSJ que votaron a favor del profesional electo como magistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad, no han observado las normas y estándares internacionales en materia de administración de justicia.
Los Principios Básicos relativos a la Independencia de la Judicatura estipulan que “Las personas seleccionadas para ocupar cargos judiciales serán personas íntegras e idóneas y tendrán la formación o las calificaciones jurídicas apropiadas.”
No obstante, la CIJ ha podido constatar que los magistrados de la CSJ nombraron a una persona:
a) que en el año 2010, fue destituido como Fiscal General por la propia Corte de Constitucionalidad cuando recién había asumido el cargo, por haber sido considerado una persona no idónea para ocupar tan importante cargo;
b) que abiertamente ha estado en contra de la presencia de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG) en el país, a pesar del buen trabajo que ha realizado dicha comisión en la lucha contra la impunidad y la corrupción;
c) que en el 2010, ya en su calidad de Fiscal General y luego de asumir el cargo, fue acusado de afectar casos relacionados con la lucha contra la corrupción e impunidad y de intervenir y afectar la prueba existente en dichos casos.
Por ello, en esta elección, la CIJ tiene hondas y legítimas preocupaciones sobre la verdadera voluntad de la Corte Suprema de Justicia de: a) tramitar un genuino y necesario proceso de depuración del Sistema de Justicia; y b) de apoyar las reformas constitucionales que vendrían a fortalecer el Sistema de Justicia.
Además, con esta elección, la CSJ ha contribuido a profundizar la crisis del Sistema de Justicia; su decisión viene a afectar la poca credibilidad que la población guatemalteca aún tiene en el Sistema de Justicia.
Debemos recordar que los actos del Congreso de la República del 11 de septiembre de 2017, llevaron a la Corte de Constitucionalidad a catalogarlos como actos susceptibles de causar “un daño irreparable a la justicia” en Guatemala.
Es opinión de la CIJ, que la elección del magistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad, llevada a cabo por la Corte Suprema de Justicia, también debe ser considerada como una forma de causar un daño irreparable a la justicia.
Por ello, la CIJ tiene la esperanza de que la Corte de Constitucionalidad protegerá, una vez más, el Estado de Derecho en Guatemala.
Ramón Cadena, Director para Centro América de la CIJ expresó: “El acto de la Corte Suprema de Justicia de elegir a una persona que no es idónea para el cargo de magistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad, resulta altamente preocupante para una recta administración de justicia y la vigencia efectiva del Estado de Derecho en Guatemala”.