La CIJ rechaza nuevo acto gubernamental, que atenta en contra de la búsqueda de justicia en casos de graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno.
En esta ocasión, se trata de afectar el Archivo Histórico de la Policía Nacional (AHPN), que desde el año 2005 se encarga del resguardo, conservación y custodia de los archivos de la extinta Policía Nacional, que fuera una de las instituciones nacionales causantes de graves violaciones a los derechos humanos, durante el conflicto armado interno.
Después de más de una década de contar con el apoyo de la Comunidad Internacional, este archivo se considera una fuente importantísima para conocer la verdad de lo sucedido durante el conflicto armado interno y para lograr aclarar investigaciones y entablar acciones de persecución penal por parte del Ministerio Público y para lograr que los documentos del AHPN estén protegidos; para ello, el Ministerio de Gobernación, firmó con el Ministerio de Cultura de Deportes, el convenio interinstitucional 24-2009, con validez hasta el 30 de junio de 2019.
Sin embargo, el Ministro de Gobernación expresó recientemente, que no renovará el convenio interinstitucional 24-2009, en el cual acordaron conjuntamente con el Ministerio de Cultura de Deportes, la permanencia de los documentos del AHPN en el edificio en el que fueron encontrados, propiedad del MINGOB, por el plazo de 10 años, plazo que vence el 30 de junio de 2019; de esta forma, podría afectar no solo el acceso a la información contenida en el AHPN, argumentando que dicho archivo, contiene información de seguridad nacional, sino que también el resguardo y utilización como prueba importante, de dichos documentos en los juicios respectivos.
Nuevamente, esta posición del Ministro de Gobernación se puede considerar un “fraude de ley”, ya que el acto de no renovar el convenio interinstitucional 24-2009 persigue como resultado un acto prohibido por el ordenamiento jurídico nacional e internacional, como lo es debilitar la lucha contra la impunidad.
La CIJ lamenta que esta nueva posición del Ministro de Gobernación, se una a la de no renovar el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG) y al debilitamiento de la actual Policía Nacional Civil y a la llamada implementación de una “agenda regresiva”, que ha venido impulsando el Congreso de la República.
Ramón Cadena, Director de la CIJ para Centroamérica expresó: “Las decisiones del Ministro de Gobernación en torno al AHPN puede llegar a representar un grave retroceso y denegación de justicia a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, cometidas durante el conflicto armado interno.
De llegar a implementarse pueden considerarse como un incumplimiento de las obligaciones del Estado de Guatemala en materia de verdad, justicia y medidas de no repetición.”
Cabe recordar que los estándares internacionales resaltan la necesidad de preservar los archivos que contengan información sobre las graves violaciones a los derechos humanos, así como la obligación de poner a disposición del público, dicho archivos.
Así, el Conjunto de Principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad, establece en su principio 14 que “El derecho a saber implica la necesidad de preservar los archivos.
Se deberán adoptar medidas técnicas y sanciones penales para impedir la sustracción, la destrucción, la disimulación y la falsificación de los archivos, entre otras cosas, con el fin de que queden impunes los autores de violaciones de derechos humanos y/o del derecho humanitario”.