Mar 15, 2018 | Noticias
La CIJ preparó una declaración en las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Guatemala.
Debía hacerse durante la discusión en el Consejo de Derechos Humanos del resultado del Examen Periódico Universal para Guatemala, sin embargo, la Comisión Internacional de Juristas no pudo leer la declaración debido al tiempo limitado para las declaraciones de las ONG. La declaración contiene lo siguiente:
“Honorables miembros del Concejo de Derechos Humanos:
El Estado de Derecho en Guatemala está siendo socavado por las propias autoridades. Tal y como lo ha señalado la Comisión Internacional Contra la Impunidad de Guatemala (CICIG), el Estado se encuentra capturado por el crimen organizado. Desde que el Presidente de la Repuública Jimmy Morales declaró como “persona non grata” al Comisionado de la CICIG Abogado Iván Velásquez en agosto de 2017, los tres poderes del Estado de Guatemala tienen un objetivo comuún: recuperar el terreno perdido, por las acciones contundentes que la CICIG ha implementado contra la impunidad y la corrupción.
Preocupa sobre manera que el Organismo Legislativo esté tratando de aprobar una legislacion regresiva en materia de derechos humanos. En lo que respecta al Poder Judicial, la CICIG ha impulsado un proceso de depuración por la vía judicial y aquellos jueces que promueven más impunidad, se resisten a ser investigados protegiéndose en la figura del antejuicio.
En este contexto, se está llevando a cabo el proceso de elección del próximo Fiscal General. El Presidente de la República tendrá que elegir de una lista de seis candidatos. Urge que el Consejo de Derechos Humanos inste al Presidente de la República a elegir a una persona honesta y que esté comprometida con el respeto de los derechos humanos. La CIJ lamenta que algunos candidatos o candidatas participen para consolidar “el pacto de corruptos” en marcha.
Finalmente, es necesario que el Consejo de Derechos Humanos demande a los tres Poderes del Estado, apoyar decididamente los actos que el Comisionado Iván Velásquez lleva a cabo en Guatemala y el trabajo de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, así como respetar y atender la gestión positiva que viene realizando el Procurador de los Derechos Humanos Abogado Jordán Rodas.”
Mar 15, 2018 | Noticias
La CIJ habló hoy en las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Perú.
La declaración oral fue hecha durante la discusión en el Consejo de Derechos Humanos del resultado del Examen Periódico Universal para el Perú. Dice lo siguiente:
“Sr Presidente,
La Comisión Internacional de Juristas (CIJ) reconoce los avances logrados por el Estado Peruano en materia de derechos humanos y su apertura en relación a las recomendaciones formuladas en el presente ciclo del Examen Periódico Universal.
La CIJ lamenta sin embargo que la investigación y sanción a los responsables de las graves violaciones a los derechos humanos producidas durante el conflicto armado interno no hayan recibido la atención que merecen. Por el contrario, la lucha contra la impunidad ha retrocedido con el otorgamiento de indulto y gracia presidencial al ex – presidente Alberto Fujimori quien cumplía pena de cárcel por una serie de delitos de lesa humanidad cometidos durante su mandato. La gracia presidencial le otorga inmunidad en materia de investigaciones y procesos penales en curso o por abrirse en el futuro.
Una de las recomendaciones (111.97) que el Perú acepta con calificaciones se refiere a las investigaciones y reparaciones a las miles de mujeres que sufrieron esterilización forzada durante el gobierno de Fujimori. Las medidas de indulto y gracia otorgadas exonerarían a Fujimori de investigación y sanción por este y otros delitos graves. La CIJ exhorta al Estado Peruano a que ejecute las recomendaciones de la comunidad internacional con total respeto a los estándares internacionales que prohíben la impunidad por violaciones graves a los derechos humanos.
Gracias Sr Presidente.”
Oct 5, 2017 | Comunicados de prensa
La CIJ hace un llamado a Venezuela a que acepte las solicitudes de visitas al país que han formulado, desde hace varios años, los Procedimientos especiales de las Naciones Unidas, cuyos mandatos son más relevantes para el Estado de Derecho y la crisis de derechos humanos.
La CIJ toma nota del anuncio del Gobierno de Venezuela de invitar al país al Experto independiente sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo de las Naciones Unidas, Sr. Alfred de Zayas.
Este anuncio, así como él de invitar al país al Relator Especial sobre el derecho al desarrollo, resulta significativo. Por más de una década, el Gobierno venezolano ha denegado o dejado sin respuesta las solicitudes de visita al país de numerosos Expertos de las Naciones Unidas (conocidos como “Procedimientos especiales”). La última misión realizada a Venezuela por un Procedimiento especial, fue la del Relator Especial sobre la Tortura en 1996.
Sin embargo, dada la ruptura del Estado de Derecho y la gravísima situación de derechos humanos en Venezuela, se requiere urgentemente que otros Procedimientos especiales de Naciones Unidas, con un mandato relevante, realicen misiones en el país.
“En el curso de este año las ejecuciones extrajudiciales y arbitrarias, la tortura y malos tratos a detenidos, la detención arbitraria, el juzgamiento de civiles por tribunales militares y las persecuciones y ataques contra opositores, disidentes y defensores de derechos humanos se han convertido en prácticas sistemáticas y generalizadas en Venezuela”, declaró Federico Andreu-Guzmán, Representante para Suramérica de la CIJ.
“Por lo tanto, es difícil entender por qué el Gobierno de Venezuela no responde a las solicitudes formuladas desde larga data por los Procedimientos especiales con mandatos sobre estas violaciones, mientras invita de forma proactiva a otros Expertos de las Naciones Unidas”, agregó Andreu-Guzmán.
La CIJ hace, por lo tanto, un llamado al Gobierno de Venezuela a que invite a visitar el país al Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria y a los Relatores Especiales sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; la independencia de los magistrados y abogados; la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación; la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; y sobre la situación de los defensores de derechos humanos. Todos estos Expertos de las Naciones Unidas han solicitado visitar Venezuela desde tiempo atrás, incluso algunos desde hace varios años, sin que el Gobierno venezolano haya aceptado estas solicitudes hasta ahora.
“Los Estados miembros de las Naciones Unidas tienen, bajo la Carta de las Naciones Unidas, la obligación de cooperar con los Procedimientos especiales de derechos humanos de esta organización. Esta obligación cobra particular importancia cuando el Estado es miembro del Consejo de Derechos Humanos, como es el caso de Venezuela”, declaró Andreu-Guzmán.
Asimismo, la CIJ hace un llamado al Gobierno de Venezuela para que acepte la solicitud de visita al país que, desde el año 2004, ha reiterativamente formulado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Información complementaria
Desde hace varios años, los siguientes Procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas han solicitado visitar a Venezuela: el Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; el Relator Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos; el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria; el Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados; la Relatora Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación; la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias; el Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; el Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; el Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas; la Relatora Especial sobre una vivienda adecuada como elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado; y la Relatora Especial sobre el derecho a la alimentación.
En el ámbito regional, aunque denunció la Convención Americana sobre Derechos Humanos en septiembre de 2012, Venezuela sigue siendo Estado parte de tres tratados interamericanos de derechos humanos (La Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura; la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas; y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer). Sin embargo, las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han sido sistemáticamente ignoradas por el Estado venezolano, el cual además ha denegado las solicitudes de visita al país que este órgano ha formulado desde el año 2004.
Contactos
Federico Andreu-Guzmán, Representante para Suramérica de la CIJ, tel: +57 311 481 8094; correo electrónico [email protected]
Carlos Ayala Corao, Comisionado de la CIJ (Venezuela), tel: +57 414 243 4872; correo electrónico [email protected]
Alex Conte, Iniciativa Global de la CIJ sobre Reparación y Rendición de Cuentas, tel: +22 979 3802; email: [email protected]
Sep 5, 2017 | Eventos, Noticias
Hoy la CIJ y el Institut de Hautes Etudes Internationales et du Développement co-organizaron una conferencia pública sobre los Elementos de un tratado sobre las empresas y los derechos humanos.
En junio de 2014, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas estableció un grupo de trabajo intergubernamental encargado de “elaborar un instrumento internacional jurídicamente vinculante para regular, en el derecho internacional de los derechos humanos, las actividades de las empresas transnacionales y otras empresas comerciales”.
La tercera reunión del Grupo de trabajo tendrá lugar del 23 al 27 de octubre de 2017 en el Palacio de las Naciones.
El evento tuvo lugar en un momento crítico para informar el proceso de elaboración del tratado en el Grupo de trabajo, y se orientó a fomentar el intercambio de opiniones entre los actores internacionales con el objetivo de crear las base para el consenso sobre los posibles contenidos de un instrumento jurídicamente vinculante en el ámbito de las empresas y los derechos humanos.
Se espera que el futuro tratado contribuya a subsanar algunas deficiencias en el marco normativo internacional en materia de rendición de cuentas, en relación con las operaciones de las empresas en materia de derechos humanos. El tratado también debería fortalecer la acción de los Estados para garantizar recursos efectivos y reparaciones para las víctimas de abusos.
Este tratado será el primero en el marco internacional del derecho de los derechos humanos para abordar directamente las actividades de las sociedades comerciales.
El tema de los impactos de los derechos humanos por parte de las empresas comerciales figura a la cabeza de la agenda internacional sobre el que se han desarrollado varios instrumentos no vinculantes, entre los que destacan los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos.
Se prevé que el proceso hacia un tratado en este ámbito se basará en los logros alcanzados hasta la fecha, cubriendo las lagunas restantes y mejorando las normas y la acción de los Estados y las empresas por igual.
Mar 23, 2016 | Incidencia
Declaración oral ante el Consejo de Derechos Humanos.
“La Comisión Internacional de Juristas quiere referirse al informe del Alto Comisionado sobre Colombia. Pese a los avances en las negociaciones de paz entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), creando nuevas instituciones y mecanismos, seguimos preocupados sobre las garantías a los derechos a la justicia y a la verdad de las víctimas y la posibilidad que se consagre la impunidad. Los acuerdos estipulan que las informaciones recabadas por la Comisión de la Verdad y la Unidad Especial de Búsqueda de Personas Desaparecidas, no podrán ser entregadas a la Jurisdicción Especial para la Paz, ni ésta podrá requerirlas. Ello es contrario a los estándares internacionales en la materia y en particular los Principios actualizados para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad.
Asimismo, el llamado procedimiento de “contraste” establecido para la Jurisdicción Especial para la Paz, para aquellos que tempranamente reconozcan sus crímenes y responsabilidad, no garantiza la realización de investigaciones exhaustivas ni tampoco una participación activa de las víctimas en los procedimientos, socavando sus derechos a un recurso efectivo, a la justicia y a la verdad. Igualmente, los lineamientos sobre la aplicación de la Jurisdicción Especial para la Paz a los agentes del Estado, dado a conocer por el Gobierno en diciembre de 2015, estaría socavando el principio de responsabilidad penal del superior jerárquico.
Mi organización ve con profunda preocupación que la cuestión de las garantías de no repetición, esencial para la justicia de transición, no haya sido considerada durante la negociación. Las reformas institucionales relativas a la separación de la Policía Nacional del Ministerio de Defensa, la desmilitarización de los cuerpos de seguridad del Estado, la depuración administrativa de la Fuerza Pública y la revisión de la doctrina militar – típicas medidas de garantías de no repetición –están ausentes en este proceso de negociación.
La Comisión Internacional de Juristas exhorta al Gobierno y a las FARC a garantizar plenamente en el Acuerdo Final, y en la legislación que lo implementará, los derechos a la justicia y a la verdad de las víctimas y a excluir toda modalidad de impunidad, de conformidad con el Derecho internacional.”
Declaración leída por: Sr Carlos López
