La CIJ considera que la crisis institucional que se vive en Guatemala requiere la intervención directa del Secretario General de Naciones Unidas Sr. Antonio Guterres.
La CIJ a la comunidad nacional e internacional expresa:
1. El Acuerdo entre La Organización de las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala, relativo al establecimiento de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), en su punto 10 numeral 4. , establece el compromiso del Gobierno, de proporcionar a la CICIG y a su personal, en todo el territorio, “la seguridad necesaria para el cumplimiento eficaz de sus actividades”. Además, el punto 10 citado anteriormente, compromete al Gobierno de Guatemala a velar por que el personal de la CICIG, nacional o internacional, no sea objeto de abusos, amenazas, represalias o intimidaciones, por el desempeño de su trabajo.
2. Los actos unilaterales del Presidente Jimmy Morales constituyen una violación a dichas garantías y pueden interpretarse como un mecanismo para afectar el eficiente trabajo que viene realizando el Comisionado Iván Velásquez al frente de la CICIG; para obstaculizar la justicia, para interferir en la Independencia del Poder Judicial y promover así, más impunidad en el país.
3. La decisión de la Corte de Constitucionalidad de dejar en suspenso en forma definitiva el acto reclamado por el Procurador de los Derechos Humanos y de esa forma, dejar sin efecto el acto unilateral por medio del cual el Presidente Jimmy Morales declaró “persona non grata” al Comisionado Velásquez, viene a reforzar el Estado de Derecho en Guatemala y fortalece al máximo Tribunal Constitucional.
Sam Zarifi, Secretario General de la Comisión Internacional de Juristas expresó:
“Ante la crisis institucional que se vive en Guatemala, la Comisión Internacional de Juristas considera que es necesaria la intervención directa del Secretario General de Naciones Unidas Sr. Antonio Guterres mediante una Misión de Alto Nivel, que permita evaluar “in loco”, si el Gobierno de Guatemala está dispuesto a honrar el Acuerdo firmado en la ciudad de Nueva York el 12 de diciembre de 2006.”
“El Gobierno de Guatemala debe dar a la Organización de las Naciones Unidas, garantías convincentes de que la CICIG, el Comisionado Iván Velásquez y todo su personal nacional e internacional, podrán cumplir en el futuro con sus funciones, sin abusos, amenazas, represalias o intimidaciones de ningún tipo,” concluyó.