El 5 de abril de 2014 tribunal de honor del colegio de abogados de Guatemala emitió una resolución en la que acordó la “suspensión temporal en el ejercicio de su profesión a la jueza Yasmin Barrios” por haber faltado el respeto al abogado Moises Galindo.
Moises Galindo fue uno de los defensores del general Ríos Montt durante el juicio por genocidio. Además, el tribunal impuso una sanción económica de q. 5,040.
Ante esta resolución, la CIJ manifiesta:
- 1. Que la resolución es improcedente, por haber sido emitida por el tribunal de honor del colegio de abogados sin tener facultades para ello. En el caso de abogados o abogadas que ejercen una función jurisdiccional, es la junta de disciplina del organismo judicial la encargada de evaluar estos casos y de imponer una sanción a jueces y juezas. El marco jurídico para ello lo constituye la ley de la carrera judicial.
- 2. La resolución del tribunal de honor atenta en contra de la independencia judicial, contraviniendo el artículo 203 de la constitución política.
- 3. En el presente caso, la junta de disciplina del organismo judicial rechazó por improcedente el 19 de abril de 2013 una denuncia por los mismos hechos en contra de la jueza Yasmín Barrios. A su vez, la corte suprema de justicia rechazó tres antejuicios en contra de la jueza barrios y de los otros dos jueces que integran el tribunal de mayor riesgo “a” y el procurador de los derechos humanos declaró improcedente una denuncia similar, presentada en contra de la jueza barrios y de los otros miembros del tribunal de mayor riesgo.
- 4. La resolución de suspensión en contra de la jueza Barrios sugiere la existencia de un pacto de impunidad en guatemala entre diferentes sectores, para evitar que se sigan dando avances en la justicia transicional y en otros campos de la justicia en guatemala.
- 5. Es de hacer notar que el juicio por genocidio fue observado por diferentes personas e instituciones, tanto nacionales como internacionales, así como por la prensa nacional e internacional y en ningún momento fue establecido que la jueza barrios u otro miembro del tribunal faltara el respeto al abogado Moises Galindo.
- 6. La corte suprema de justicia debería tomar medidas efectivas para proteger a jueces y juezas contra actos de intimidación, de forma de salvaguardar la independencia judicial.
Ramón Cadena, director de la CIJ para Centroamérica (foto) expresó: “creemos que se trata de un pacto para reforzar la impunidad, que se inició con la resolución de la corte de constitucionalidad que recortó el período constitucional de la fiscal general que es pasible de extenderse a la elección de fiscal general, actualmente en marcha, y a la próxima elección de magistrados de la corte suprema de justicia y de salas de apelaciones.
Consideramos que se debe iniciar una investigación sobre el actuar de los miembros del tribunal de honor del colegio de abogados y que es muy importante que la corte suprema de justicia se pronuncie en defensa de la independencia del poder judicial. Asimismo la CICIG debería investigar el pacto de impunidad que se ha hecho cada vez mas evidente en nuestro pais”.