Comunicado de prensa conjunto de Amnistía Internacional, la Comisión Internacional de Juristas y la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos.
Amnistía Internacional, la Comisión Internacional de Juristas y la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos (FEDEFAM) expresan su extrema preocupación por el reiterado y persistente incumplimiento de las autoridades colombianas en trasladar a la Jurisdicción civil ordinaria el proceso penal tramitado por las violaciones de derechos humanos de que fue víctima Nydia Erika Bautista de Arrellano, desaparecida y torturada en 1987 y cuyos restos mortales fueron hallados en 1990 en una fosa clandestina junto con los cuerpos de otras personas desaparecidas.
La permanencia del proceso penal de este caso, como los de todas las violaciones de derechos humanos, en la Jurisdicción penal militar constituye un desacato por parte de las autoridades colombianas a las recomendaciones formuladas por varios años por diferentes instancias y órganos de las Naciones Unidas y de la Organización de los Estados Americanos y, en particular, por el Presidente de la Comisión de Derechos de las Naciones Unidas sobre Colombia, adoptada el pasado mes de abril. Ello constituye además una manifiesta desobediencia a la Sentencia C-354/97 de la Corte Constitucional, que ordena trasladar a los tribunales civiles los procesos penales tramitado contra militares y miembros de la policía por violaciones a los derechos humanos. Esta situación socava las bases del estado de derecho y es contraria a las obligaciones internacionales del Estado colombiano en materia de derechos humanos.Igualmente, las Organizaciones internacionales expresan su extrema preocupación por la practica de pruebas ordenada por el Juzgado 125 de Instrucción Penal Militar, sin el respeto de las garantías procesales ni medidas de protección de evidencia necesarias.Amnistía Internacional, la Comisión Internacional de Juristas y FEDEFAM instan a las autoridades colombianas a trasladar el proceso penal a los tribunales civiles, garantizando que los responsables de la desaparición forzada, tortura ejecución extrajudicial de Nydia Bautista sean llevados ante la justicia, así como a proteger a los miembros de la familia Bautista de todo actos de hostigamiento.
