Las autoridades peruanas de las tres ramas del poder público deben buscar fortalecer el Estado de Derecho y el principio de separación de poderes tras la crisis política que desencadenó ayer la detención del expresidente Pedro Castillo después de que intentara disolver el Congreso, tomar el control del poder judicial y declarar el estado de emergencia, declaró hoy la Comisión Internacional de Juristas (CIJ).
Ayer, Pedro Castillo fue destituido de su cargo por el Congreso de Perú, tras lo cual fue detenido por rebelión. Estos hechos se produjeron tras un intento fallido de Castillo de disolver ilegalmente el Congreso en respuesta a la moción de vacancia presidencial en su contra por supuesta “incapacidad moral“. La vicepresidenta Dina Boluarte fue juramentada como presidenta tras la destitución de Castillo.
“La CIJ condena el intento del expresidente Castillo de disolver el congreso y asumir poderes de emergencia bajo los cuales buscaría interferir en la rama judicial. La aplicación de estas medidas habría roto aún más la separación y el equilibrio de poderes entre las ramas del poder público, erosionando el Estado de Derecho”, dijo el Secretario General de la CIJ, Sam Zarifi.
Castillo fue elegido hace 17 meses tras prometer luchar contra la corrupción y acabar con la pobreza. Rápidamente se enfrentó a investigaciones por corrupción contra miembros de su familia. Castillo ya había sido objeto de dos fallidas mociones de vacancia por parte del Congreso.
Castillo es el sexto presidente de Perú en los últimos cuatro años, después de que dos expresidentes también vieran truncados sus mandatos tras enfrentarse a dos mociones de vacancia cada uno: el presidente Pedro Pablo Kuczynski dimitió antes de que el Congreso pudiera votar sobre su destitución en 2018, y su sucesor, Martín Vizcarra, fue destituido en 2020 tras disolver el Congreso el año anterior.
“Dado que el presidente destituido se enfrenta a cargos penales, recordamos a las autoridades peruanas que deben respetar el derecho a un juicio justo y a las debidas garantías procesales, tal y como establece la Constitución peruana y las obligaciones internacionales que tiene Perú en virtud del derecho internacional de los derechos humanos”, manifestó Zarifi.
La CIJ hace un llamamiento a todas las autoridades peruanas para que respeten plenamente el Estado de Derecho y garanticen la protección de los derechos humanos mientras trabajan para superar la inestabilidad política del país.