La CIJ ha encontrado que Perú ha fallado de manera persistente en la investigación, judicialización y sanción de los responsables de desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales que se han cometido en el país, según los hallazgos contenidos en un informe que hoy se publica.
El estudio de línea de base Perú: Desapariciones Forzadas y Ejecuciones Extrajudiciales, Estudio de línea de base identifica obstáculos que impiden la rendición de cuentas penal en casos de graves violaciones de derechos humanos en Perú, en particular por crímenes internacionales cometidos durante el conflicto armado interno (1980-2000).
Al respecto, el Secretario General de la CIJ, Sam Zarifi, afirmó que “no puede haber paz sostenible sin justicia y rendición de cuentas. Acabar con la impunidad requiere la implementación decidida de mecanismos judiciales y no judiciales”.
De igual manera, Zarifi remarcó que “es preocupante que la agenda de derechos humanos no sea una prioridad para el gobierno nacional o para el sistema de justicia. Por esto, dado que pronto habrá elecciones presidenciales, es crucial que el nuevo gobierno adopte medidas para priorizar los derechos humanos en las políticas públicas, particularmente aquellas encaminadas a mejorar la rendición de cuentas en materia penal, así como la reparación plena y efectiva de los derechos de las víctimas”.
En el informe, la CIJ concluyó que, en el contexto de impunidad por las graves violaciones de derechos humanos que existe en Perú, los derechos de las víctimas no son garantizados a pesar de estar reconocidos en el marco jurídico nacional. En efecto, el sistema de justicia penal ha dictado menos de 100 sentencias en casos de violaciones de derechos humanos relacionados con el conflicto armado.
La cifra es sorprendentemente baja dado que las violaciones y los abusos fueron generalizados y sistemáticos durante el conflicto. Por ejemplo, solo en relación con las ejecuciones extrajudiciales, la Comisión de la Verdad y Reconciliación documentó 7.334 casos. Y en el caso de la desaparición forzada, la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas ha documentado 21.793 casos.
La Línea Base también expone otros desafíos, como la falta de implementación de los programas de reparación, el lento avance en la búsqueda de personas desaparecidas y el deficiente marco jurídico nacional respecto de la regulación del uso de la fuerza por parte de la Policía.
Adicionalmente, el documento ofrece recomendaciones para que se mejore la protección de los derechos de las víctimas por parte de las autoridades. Entre estas recomendaciones están:
- Mejorar la investigación y el enjuiciamiento de las graves violaciones de derechos humanos. Para ello, entre otras medidas, Perú debe designar jueces y fiscales dedicados exclusivamente a la investigación y el juzgamiento de estos delitos. Además, la Fiscalía debería considerar un enfoque de investigación más sistemático que le permita identificar patrones delictivos, en lugar de un enfoque caso por caso.
- Garantizar los derechos de las víctimas durante el proceso penal. Las autoridades judiciales deben garantizar que las víctimas puedan participar en cada etapa del proceso penal. Esto es particularmente importante en las audiencias virtuales. De manera similar, las víctimas deben tener acceso efectivo a asesoría legal desde las primeras etapas del procedimiento penal.
- Mejorar la búsqueda de personas desaparecidas. El gobierno nacional debe proporcionar recursos humanos y financieros suficientes para que la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas cumpla con su misión de manera adecuada. Al mismo tiempo, la Dirección y la Fiscalía de la Nación deben fortalecer sus acciones de coordinación. Igualmente, se deben realizar mayores esfuerzos de promoción y divulgación de los contenidos de la Ley de búsqueda de personas desaparecidas (Ley 30470) entre las víctimas.
Antecedentes
Este informe se produjo como parte del proyecto regional de la CIJ “Promoviendo justicia para ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas en Colombia, Guatemala y Perú”, patrocinado por la Unión Europea. El informe está disponible en español.
La CIJ ha monitoreado durante varios años las leyes, políticas y prácticas relacionadas con la investigación y el enjuiciamiento de graves violaciones y abusos de los derechos humanos en el Perú, incluidas las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales. Lo anterior como parte de su esfuerzo para promover la rendición de cuentas, la justicia y el estado de derecho en el mundo.
El proyecto se implementa bajo la Iniciativa de Rendición de Cuentas de la CIJ, que también ha producido informes para Colombia, Eswatini, Nepal, Myanmar, Venezuela, Cambodia, Tajikistan y Tunisia.
Contacto:
Kingsley Abbott, Director de la Iniciativa Global de Rendición de cuentas de la CIJ. Email: kingsley.abbott@icj.org
Carolina Villadiego Burbano, Asesora Legal para América Latina y Coordinadora regional del proyecto. Email: carolina.villadiego@icj.org
Rocío Quintero M, Asesora Legal para América Latina de la CIJ. Email: rocio.quintero@icj.org
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