La crisis política institucional en Venezuela ha llevado al colapso Estado de Derecho y ha obstaculizado gravemente la rendición de cuenta de los responsables de graves violaciones a los derechos humanos, concluyó la CIJ en un informe publicado hoy.
El informe de la CIJ Lograr justicia por graves violaciones a los derechos humanos en Venezuela constató que el gobierno de Presidente Nicolás Maduro han emprendido una sostenida campaña para tomar el control del Tribunal Supremo de Justicia, suspender, con el apoyo del máximo órgano de justicia, los poderes constitucionales de la anterior Asamblea Nacional, arrogarse amplísimos poderes y subvertir el Estado de Derecho.
“El Estado de Derecho en Venezuela ha sido reemplazado por el ejercicio arbitrario del poder por el Ejecutivo,” dijo Alex Conte, coordinador de la Iniciativa Global de la CIJ sobre Reparación y Rendición de Cuentas.
“La Constitución no es respetada, el Poder Judicial no es independiente y la separación de poderes es inexistente,” agregó Conte.
El informe del CIJ concluye que la situación de los derechos humanos en Venezuela se ha deteriorado rápidamente en los últimos años, especialmente desde 2014.
Las ejecuciones extrajudiciales y arbitrarias, la práctica de la tortura y malos tratos, las detenciones arbitrarias y el juzgamiento de civiles por tribunales militares, así como la criminalización y persecución de toda forma de disidencia política y social se han incrementado vertiginosamente.
“El contexto político de extrema polarización y la ruptura del Estado de Derecho, así como la falta de independencia del Poder Judicial, han obstaculizado gravemente la rendición de cuenta de los responsables de graves violaciones a los derechos humanos. Las víctimas y sus familias han visto denegado su derecho a la justicia,” dijo Conte.
Esta situación ha sido exacerbada por la reciente destitución de la Fiscal General de la República, calificada por la CIJ como un acto políticamente motivado, violatoria de los estándares internacionales, y que elimina uno de los últimos controles institucionales del Poder Ejecutivo y destruye uno de los pocos destellos de esperanza para una poner fin a la impunidad por las violaciones a los derechos humanos.
La CIJ considera que la creación de una “Comisión de la Verdad” por la Asamblea Nacional Constituyente es preocupante, toda vez que existen grandes temores de que sea un instrumento manipulado políticamente para afianzar la impunidad del Ejecutivo y para silenciar a la oposición, en lugar de cumplir con el deber del Estado de investigar pronta y efectivamente las denuncias de graves violaciones a los derechos humanos.
“La arraigada situación de impunidad en Venezuela no puede ser superada sin el establecimiento de un Poder Judicial independiente que pueda abordar las violaciones a los derechos humanos, disuadir de futuras violaciones y ayudar restablecer el Estado de Derecho,” agregó Conte.
Contacto:
Alex Conte, Coordinador de la Iniciativa Global de la CIJ sobre Reparación y Rendición de Cuentas, t: +41 79 957 27 33, C.E.:alex.conte(a)icj.org
Federico Andreu Guzmán, Representante de la CIJ para Suramérica, C.E.: federico.andreu(a)icj.org
Venezuela-GRABaseline Study-Publications-Reports-Thematic reports-2017-SPA (informe en PDF)