El 26 de abril de 2022, la Asamblea Nacional venezolana, electa en 2020, nombró 20 magistradas y magistrados al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). La mayoría de estos nombramientos fueron motivados políticamente. Por ello, los nombramientos desconocen el derecho internacional de los derechos humanos y los estándares sobre independencia judicial.
“En lugar de restaurar la independencia del poder judicial, estos nombramientos van en la dirección equivocada”, dijo Carlos Lusverti, asesor jurídico para Sudamérica de la CIJ.
La elección estuvo basada y fue consecuencia de la reforma a la Ley del Tribunal Supremo de Justicia, que la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó en enero de 2022. Dicha reforma aumentó el poder de la Asamblea Nacional – donde el partido de gobierno tiene mayoría absoluta – en el proceso de nombramiento de las magistradas y los magistrados del Tribunal Supremo y de otros altos cargos del poder judicial. La Ley también permitió a las actuales magistradas y magistrados del Tribunal Supremo presentarse a un nuevo mandato de 12 años. Sin embargo, postularse para un segundo mandato de 12 años, así como ser nombrado, viola la Constitución venezolana, la cual establece en su artículo 264 que las personas que integren el Tribunal Supremo son nombradas por un período no renovable de 12 años.
En consecuencia, al permitir la reelección de magistradas y magistrados que ya estaban cumpliendo su mandato de 12 años, la Ley agravó el deterioro de la independencia del poder judicial, el cual ya estaba altamente politizado. De hecho, la mayoría de las personas elegidas (el 60%) ya integraban el Tribunal Supremo. De este modo, magistradas y magistrados, conocidos por representar los intereses del Gobierno venezolano, se mantendrán en su puesto durante más de 12 años, violando la Constitución venezolana.
La mayoría de las magistradas y los magistrados designados han sido muy criticados por su papel en la destrucción del Estado de Derecho en el país. Al respecto, la CIJ ha observado anteriormente que “el TSJ ha sido cooptado por el partido de Gobierno, convirtiéndose en un apéndice del Poder Ejecutivo y dejando de ejercer su función constitucional de garante del Estado de Derecho y de los derechos humanos y libertades fundamentales”.
Aún más preocupante resulta que, de acuerdo con el 2º informe de la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela (MII), algunas de las magistradas y los magistrados del Tribunal Supremo podrían haber estado involucrados en crímenes internacionales o en la concesión de impunidad para esos crímenes, tales como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, en particular por hechos ocurridos desde 2014.
Ni la Ley, ni la nueva composición del Tribunal Supremo garantizan la independencia e imparcialidad del poder judicial. Tanto la Ley como los nombramientos no se ajustan al derecho internacional de los derechos humanos ni a los estándares sobre la independencia del poder judicial, tales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre la Independencia de la Judicatura. También contradicen los recientes compromisos internacionales adoptados por Venezuela y las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Alta Comisionada para Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre la administración de justicia.
“La CIJ insta al Gobierno de Venezuela a cumplir con las recomendaciones internacionales realizadas por varios organismos internacionales sobre la necesidad de fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en el sistema de justicia”, dijo Lusverti.
En 2021, la CIJ pidió a las autoridades venezolanas “llevar a cabo el proceso de nombramiento de los magistrados del Tribunal Supremo con estricto cumplimiento de los principios constitucionales que garantizan la independencia del Poder Judicial y la separación de poderes y de acuerdo con el procedimiento establecido en la Constitución”.
Antecedentes
La última vez que se renovó parcialmente la composición del Tribunal Supremo de Venezuela fue en 2015, en un proceso muy criticado que planteó serios interrogantes respecto a la independencia del poder judicial.
La mayoría de las magistradas y los magistrados nombrados en 2015 eran miembros del partido del Gobierno, y/o antiguos funcionarios del Gobierno. Así, de forma gradual pero constante, este partido ha cooptado al Tribunal Supremo y lo ha convertido en un apéndice del poder ejecutivo.
La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Comité de Derechos Humanos, la MII y varios Estados durante el reciente tercer Examen Periódico Universal de Venezuela han formulado también recomendaciones sobre reformas estructurales del sistema de justicia.
En 2020, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) reportó que el Gobierno de Venezuela emprendería reformas en el sistema de justicia. Más recientemente, en noviembre de 2021, el Gobierno de Venezuela suscribió un Memorándum de Entendimiento con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. En el documento, el Gobierno se comprometió a adoptar las medidas necesarias para garantizar una administración de justicia eficaz con arreglo a las normas internacionales.
En la misma línea, en 2011, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó a Venezuela “adecuar la legislación, resoluciones y reglamentos internos emitidos como parte de la reestructuración judicial en Venezuela con los estándares internacionales en la materia y de la Convención Americana.”
Más información
Informe de la CIJ de 2021: “Jueces en la cuerda floja”, Informe sobre Independencia e imparcialidad del Poder Judicial en Venezuela, disponible aquí.
Blog: Nueva ley y nuevos jueces, pero el mismo control político de siempre sobre el Tribunal Supremo de Venezuela, 15 de Marzo 2022, disponible aquí.